Más allá del voto: los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para participar en política

La democracia suele medirse por la posibilidad de votar, pero para millones de personas con discapacidad en Colombia no se trata únicamente de depositar un tarjetón en una urna, sino de poder participar en igualdad de condiciones en las campañas, en los partidos políticos, en los debates públicos y en los cargos de representación. Se trata, en últimas, de ejercer plenamente la ciudadanía.

Esa reflexión atravesó el foro Democracia sin barreras: los derechos políticos de las personas con discapacidad, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), CAMBIO y Caracol Radio. El encuentro reunió a expertos, funcionarios, líderes sociales y representantes de organizaciones para debatir sobre los desafíos que aún enfrenta esta población para participar plenamente en la vida democrática del país.

Durante el panel ¿Cómo garantizar una participación efectiva en política de las personas con discapacidad?, la periodista y escritora Patricia Lara Salive, fundadora de CAMBIO, planteó una pregunta que acompañó toda la conversación. Si la democracia supone la participación de todos los ciudadanos, ¿qué transformaciones siguen siendo necesarias para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones y acceder realmente a los espacios donde se toman las decisiones?

Las respuestas fueron distintas, pero los panelistas coincidieron en un punto esencial. El problema no es únicamente jurídico ni exclusivamente físico. Las barreras son culturales, institucionales y sociales.

Entre las leyes y la realidad

Jairo Clopatofsky, exsenador de la República, recordó que Colombia cuenta desde hace décadas con un marco normativo robusto para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Pero considera que el país ha perdido impulso en la construcción de una política de Estado sostenida.

“Los derechos se adquieren gracias a políticas que el Estado promueve, pero también gracias a la capacidad de organización de las personas con discapacidad. Y eso no lo estamos viendo ni desde el Estado ni desde las organizaciones”, afirmó.

Para Clopatofsky, el desafío no consiste en multiplicar programas aislados, sino en construir políticas transversales que atraviesen todos los sectores.

“No debemos crear programas aislados para discapacidad en educación, salud o empleo. Debemos transversalizar el enfoque. Cuando se construye una política educativa, debe ser inclusiva para todos”, afirmó.

Su intervención puso sobre la mesa una discusión de fondo. ¿Debe la discapacidad seguir siendo tratada como un asunto sectorial o debe incorporarse como un criterio permanente de todas las políticas públicas?

El problema no es la falta de normas

Diana Palma Pardo, coordinadora de la Secretaría Técnica de Discapacidad de Bogotá, sostuvo que Colombia enfrenta una paradoja. Tiene una legislación amplia, pero enormes dificultades para convertirla en realidad.

“Colombia tiene un marco normativo amplio y suficiente, pero enfrenta grandes dificultades para implementarlo. No necesitamos más leyes. Necesitamos cumplir las que ya existen”, expresó.

Su diagnóstico apuntó también a una barrera menos visible que las rampas o la infraestructura. “Históricamente se ha asociado discapacidad con incapacidad. La discapacidad es una manera distinta de hacer las cosas, no una incapacidad para hacerlas”, aclaró.

La afirmación parece sencilla, pero toca uno de los núcleos del problema. Durante décadas, las personas con discapacidad han sido vistas como receptoras de ayuda, no como ciudadanos con capacidad de liderazgo, representación y toma de decisiones. Por eso Palma insistió en que la participación política no puede limitarse al sufragio. “Participar también significa ocupar espacios de liderazgo, de representación y de toma de decisiones”, manifestó.

La democracia también debe ser inclusiva

Desde una perspectiva regional, Nicolás Liendo, oficial de programa para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional , amplió el debate. “Una democracia plena no solo requiere elecciones con integridad. También necesita elecciones inclusivas”, dijo.

Liendo explicó que muchos países de la región han avanzado en el reconocimiento legal de los derechos de las personas con discapacidad, pero continúan enfrentando dificultades para convertir esos avances en mecanismos efectivos de participación.

Según señaló, todavía persiste una mirada limitada que las considera beneficiarias de políticas públicas y no protagonistas de los procesos democráticos.

“Las personas con discapacidad deben participar activamente en todo el ciclo electoral: en las reformas, en la elaboración de normas, en el diseño de protocolos y en la evaluación de los procesos”, planteó Liendo.

Su reflexión introdujo una idea al panel, que tiene que ver con que la inclusión no consiste únicamente en garantizar derechos, sino que implica compartir el poder de decidir.

Por eso destacó experiencias como la de Panamá, donde las personas con discapacidad participan de manera permanente en las discusiones sobre reformas electorales. “Las reformas electorales deben construirse con ellas y no solamente para ellas”, expresó.

La barrera que no se ve

Para Geovani Melendres, director del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), “la principal barrera sigue siendo actitudinal”. Su afirmación resume buena parte de lo discutido durante la jornada.

Melendres explicó que, aunque existen avances normativos importantes, la vida cotidiana sigue marcada por prejuicios, desconocimiento y dificultades de comunicación. “Cuando una persona sorda se presenta ante alguien sin discapacidad, muchas veces la reacción inmediata es el desconcierto”, explicó.

Agregó que ese desconcierto se traduce en exclusión. A veces ocurre en una oficina pública, otras veces en una institución educativa, también puede ocurrir durante una jornada electoral. “La política pública puede definir qué debe hacerse, pero las relaciones humanas siguen reproduciendo exclusiones”, aclaró.

El director del INSOR insistió además en la necesidad de garantizar información accesible: “Muchas personas con discapacidad no reciben información electoral en formatos accesibles. Como consecuencia, llegan a votar sin comprender plenamente los procesos, las opciones o sus propios derechos”, señaló.

Más allá del voto

Uno de los consensos más claros del panel es que la participación política no puede reducirse al acto de votar. Durante años, buena parte de los esfuerzos institucionales se concentraron en facilitar el acceso al sufragio. Sin embargo, los panelistas coincidieron en que la democracia exige mucho más. 

Afirmaron que las personas con discapacidad también tienen derecho a ser candidatas, liderar campañas, integrar partidos, ejercer control ciudadano, participar en debates públicos y ocupar cargos de representación.

Melendres puso un ejemplo concreto: “Hay personas sordas que desean participar como jurados de votación. Sin embargo, cuando solicitan garantías para poder ejercer esa función, muchas veces reciben como respuesta que es mejor excusarse”. La respuesta, dijo, debería ser exactamente la contraria.

“Si una persona sorda quiere ser jurado de votación, la pregunta debería ser cómo garantizar los apoyos necesarios para que pueda desempeñar esa función, no cómo excluirla”, agregó visiblemente emocionado en el panel.

La misma lógica aplica para quienes aspiran a cargos de elección popular: “Muchas veces deben asumir por cuenta propia los costos de accesibilidad, interpretación o adecuaciones necesarias para hacer campaña”.

El público quiso participar en el debate

Varias intervenciones finales del público enriquecieron una discusión que hasta entonces había transitado entre normas, instituciones y conceptos. Un cuidador relató cómo su experiencia acompañando durante nueve años a su esposa, usuaria de silla de ruedas, lo llevó a convertirse en líder social. Recordó las dificultades para lograr el reconocimiento de los cuidadores. “Las personas con discapacidad no son un problema. Son ciudadanos que deben formar parte de todas las políticas públicas”, dijo el cuidador.

Luego intervino un estudiante con autismo. Pidió una atención más sensible frente a las necesidades de las personas con discapacidad: dijo que se necesita que la sociedad comprenda mejor las distintas formas de discapacidad y las necesidades que pueden surgir durante procesos tan importantes como las elecciones.

Una tarea democrática

Al finalizar la conversación, ninguna de las personas presentes planteó la inclusión como una concesión o un acto de generosidad. La discusión giró alrededor de un principio más exigente: la democracia no puede considerarse plena mientras una parte significativa de la población siga encontrando obstáculos para participar en igualdad de condiciones.

Las barreras pueden adoptar distintas formas. Algunas son físicas, sociales, normativas, actitudinales, institucionales, tecnológicas o culturales. Pero todas alejan a millones de personas de los espacios donde se decide el rumbo de la sociedad. Por eso, más que una discusión sobre discapacidad, el panel terminó siendo una conversación sobre democracia.

Una idea en la que coincidieron todos los panelistas es que una democracia sólo podrá llamarse verdaderamente inclusiva cuando todas las personas puedan participar, deliberar, decidir y representar sin barreras.