Entre avances y amenazas: los retos para garantizar una alimentación adecuada en Colombia

La alimentación adecuada es un derecho humano reconocido a nivel internacional y protegido en Colombia. Sin embargo, garantizarlo sigue siendo un desafío. Aunque se han impulsado medidas para promover entornos alimentarios más saludables, como el etiquetado frontal de advertencia, los impuestos saludables y las regulaciones sobre la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, académicos e investigadores advierten que estas políticas todavía enfrentan retos para su implementación y riesgos de debilitamiento.

En ese contexto, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, en alianza con FIAN Colombia y demás organizaciones de la sociedad civil, realizó el evento “Alimentación saludable: retos y amenazas”, un espacio de diálogo que reunió a expertos de distintas disciplinas para analizar las políticas que buscan proteger el derecho a la alimentación adecuada y discutir los desafíos que persisten para garantizarla.

El evento inició con las palabras de José Fernando Galván Villamarín, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y Juan Carlos Morales González, director de FIAN Colombia.

Galván señaló que el encuentro es urgente ante la posibilidad de un “debilitamiento normativo” de medidas como el etiquetado frontal de advertencia y la regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Para el decano, el reto está en proteger los avances alcanzados y evitar que estas políticas pierdan fuerza frente a los intereses que buscan cuestionarlas o modificarlas.

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Por su parte, Juan Carlos Morales González planteó que la importancia del evento está en hacer visibles las conquistas sociales y de derechos humanos que Colombia ha alcanzado en materia de alimentación. El director de FIAN Colombia advirtió que alrededor de estas políticas existen “intereses económicos” de actores que se benefician de las mismas problemáticas que las medidas buscan enfrentar.

Etiquetado e impuestos saludables: información, prevención y conflictos de interés

El primer panel del evento, “Etiquetado frontal de advertencia e impuestos saludables: transparencia y prevención de conflictos de interés” puso el foco en dos de las principales herramientas de política pública que Colombia ha implementado para enfrentar el consumo de productos con exceso de nutrientes críticos: el etiquetado frontal de advertencia y los impuestos saludables.

Pamela Elizabeth Vallejo Figueroa, nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, explicó que el etiquetado debe entenderse como una “herramienta vinculada al derecho a la información y a los derechos a la salud y a la alimentación saludable”.

“Nosotros contamos con cinco sellos frontales, logro del país del que debemos estar orgullosos, especialmente porque somos el único país que tiene un sello de edulcorantes”, afirmó. Para Vallejo, la construcción de esta política es el resultado de un proceso que comenzó hace más de una década y que debe entenderse como un logro colectivo. Sin embargo, todavía existen aspectos por fortalecer, entre ellos “la manera en que se comunica la presencia de nutrientes y el nivel de procesamiento de los productos”.

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Por su parte, Martha Yaneth Sandoval Salazar, asesora del Global Health Advocacy Incubator e integrante de la Red Académica por el DHANA, centró su intervención en los impuestos saludables y en las propuestas que buscan eliminarlos o debilitarlos. “Uno de los retos que estamos teniendo es todo lo que ha circulado sobre propuestas y tesis de que es necesario eliminar los impuestos saludables”, afirmó.

Yessika Hoyos Morales, abogada defensora de derechos humanos y presidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), coincidió y explicó que desde el colectivo han “documentado cómo los intentos por debilitar medidas de protección de la salud también pueden afectar los procesos democráticos de formulación de políticas públicas”.

Según dijo, “grandes corporaciones empiezan a incidir para que no se creen políticas públicas que protegen nuestros derechos humanos”. Entre las estrategias que utilizan mencionó la “financiación de campañas políticas” y la “financiación de estudios” que posteriormente son utilizados para respaldar determinados argumentos en el debate público.

Finalmente, María Fernanda Lara, doctora en Ciencia Cognitiva y Lenguaje de la Universitat de Barcelona y coordinadora del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Comunicación, abordó el etiquetado desde la perspectiva de la toma de decisiones. Lara explicó que muchas decisiones relacionadas con el consumo de alimentos ocurren en cuestión de segundos y por eso no basta con poner a disposición del consumidor una gran cantidad de información: “esta debe ser visible, comprensible y capaz de llamar la atención rápidamente”.

En ese sentido, explicó que la forma de los sellos octagonales no es arbitraria, pues su diseño responde a investigaciones sobre cómo las personas procesan visualmente las señales de advertencia.

Para Lara, uno de los principales retos es lograr que estas herramientas también sean efectivas entre niños y niñas. Por eso planteó la necesidad de que la discusión salga de los espacios académicos y se convierta en un proceso de transformación cultural: “Hay que salir de la academia”, afirmó, “tenemos la misión de empezar a generar ese cambio cultural”.

Escuelas y ambientes educativos: espacios fundamentales para la pedagogía y transformación

En el segundo panel del evento, “Ambientes alimentarios educativos adecuados: escuelas e instituciones de educación superior”, los participantes discutieron el papel de las instituciones educativas en la garantía del derecho a la alimentación.

Alejandra Niño, integrante de la línea de Nutrición de FIAN Colombia y dinamizadora de la Red Académica por el DHANA, señaló que la regulación de los ambientes educativos es especialmente relevante frente a los problemas de malnutrición que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Además, explicó que el papel de la sociedad civil no se limita a participar en el debate público, sino que implica “producir conocimiento, hacer vigilancia y monitoreo, y exigir que el Estado cumpla” con sus obligaciones. En ese sentido, mencionó iniciativas como las huertas alimentarias y la participación de las comunidades en las decisiones sobre alimentación.

Por otro lado, Fabio Alberto Pachón Ariza, coordinador del Grupo de Investigación Estudios Rurales, Soberanía Alimentaria y Agrobiodiversidad (ERSoA), planteó que una política alimentaria para las instituciones educativas debe articular el derecho a la salud con otros derechos relacionados, como el derecho a la actividad física.

También llamó la atención sobre la necesidad de cambiar la manera en que las instituciones entienden su responsabilidad frente a la alimentación. “No únicamente se requiere de recursos económicos, también se requiere que las personas que están trabajando en estas dependencias tengan claridad de que nosotros no ofertamos servicios sino garantizamos derechos”, afirmó.

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Sergio Pulido, coordinador de Litigio de Dejusticia, abordó la discusión desde el derecho y el litigio estratégico. Para él, los entornos escolares son especialmente importantes frente a la situación de malnutrición y desnutrición del país porque allí se construyen hábitos desde edades tempranas, se toman decisiones alimentarias y se desarrollan procesos fundamentales de socialización.

También destacó la importancia de los artículos 44 y 65 de la Constitución y de la Ley 2120 de 2021 como parte del marco jurídico existente. Sin embargo, señaló que todavía existen problemas relacionados con los vacíos normativos y la eficacia de las normas. “Aunque existen disposiciones constitucionales y legales que permiten avanzar en la protección de los entornos alimentarios saludables, considero necesario desarrollar regulaciones más precisas que permitan garantizar su implementación”, dijo.

Publicidad y datos: el reto de proteger a niños, niñas y adolescentes

El tercer panel del evento, “Marketing, publicidad, patrocinio y captura de datos: ética y
Responsabilidades”, puso el foco en la publicidad de productos ultraprocesados y en las estrategias digitales que pueden influir en los más pequeños.

De acuerdo con Alejandra Torres Gutiérrez, investigadora jurídica de FIAN Colombia, se han evidenciado casos de publicidad directa e indirecta dirigida a niños, niñas y adolescentes en redes sociales, así como problemas relacionados con la autorización para el uso de sus datos.

Según Torres, algunas de las herramientas que puede utilizar la sociedad civil ante esta problemática son la acción de protección de datos personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la acción de protección al consumidor. Así mismo, advirtió sobre los vacíos legales relacionados con los espacios de comercio digital y señaló que existe una “transferencia transfronteriza de datos personales sin la autorización de los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes”.

Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, también abordó la discusión desde la protección de datos personales. Explicó que la legislación contempla el consentimiento de los representantes legales para el tratamiento de datos de menores, pero cuestionó la efectividad de esta medida. Además, se refirió a los mecanismos de verificación de edad utilizados para limitar el acceso de niños, niñas y adolescentes a determinados contenidos.

Por su parte, Lina Cerón, especialista en proyectos de desarrollo y coordinadora del proyecto de Alimentación Sana de Red PaPaz, explicó que el primer paso es reconocer la magnitud de la exposición de niños, niñas y adolescentes a la publicidad de productos ultraprocesados.
“Necesitamos problematizar realmente la publicidad de productos ultraprocesados a la que están expuestos niños, niñas y adolescentes”, dijo.

En ese sentido, planteó cinco elementos para pensar una regulación efectiva: evidencia internacional que demuestra que la autorregulación no funciona; la necesidad de establecer medidas de obligatorio cumplimiento; entender la regulación como una medida de salud pública; construir una regulación integral que abarque redes sociales,  televisión, radio, espacios físicos y lugares donde se prestan servicios de salud, y basarla en evidencia científica libre de conflictos de interés.

Por su parte, Mónica Forero Díaz, profesora asociada de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, señaló que las opciones disponibles y la manera en que se presentan pueden influir en lo que las personas terminan consumiendo. “Lo saludable también tiene que verse sexi”, afirmó.

De las medidas a la garantía del derecho

Las discusiones del foro coincidieron en que la alimentación saludable no puede reducirse a una responsabilidad individual.

El etiquetado, los impuestos saludables, la regulación de la publicidad, la protección de los entornos escolares y universitarios, y la educación alimentaria hacen parte de un mismo debate sobre las condiciones que permiten a las personas ejercer su derecho a una alimentación adecuada.