¿La seguridad energética de Colombia está en riesgo? Expertos hablan sobre los efectos de la escasez del gas

Aunque no se ha llegado a un panorama de desabastecimiento, las alertas sobre la escasez de gas en Colombia han puesto de manifiesto la incertidumbre alrededor de la seguridad energética del país. El dilema, cada vez más frecuente en la agenda nacional, es cómo garantizar el suministro mientras el país avanza en la senda de una transición energética justa y sostenible. 

Según han señalado los gremios, la situación del gas en Colombia viene acumulando diferentes problemas que, sin duda, han generado interrogantes sobre la capacidad del país para responder a la alta demanda energética que se prevé para este año y para 2026.

A pesar de que el año pasado se anunció el hallazgo del mayor descubrimiento de gas en la historia del país, con la perforación del pozo Sirius-2 –con reservas para seis terapies cúbicos–, comparable con el del Campo Chuchupa en Riohacha, solo se integrará al sistema en 2029 debido a la falta de infraestructura. 

En este contexto, las alertas desde el sector gasífero para los próximos años continúan, especialmente desde diciembre de 2024, cuando TPLGas comenzó a comercializar gas natural importado (GNI) en Colombia, al contratar 40 millones de pies cúbicos por día para responder a la demanda industrial, residencial y comercial durante fin de año. Esta práctica se repitió en enero y febrero con acuerdos de cuatro semanas, con el objetivo de garantizar el suministro de hogares, comercios, refinerías y transporte. 

¿Qué dicen los expertos?

El balance del gas para este año es ajustado, hasta el punto de que se teme un racionamiento de este energético y un aumento inminente de su precio para los usuarios. Así lo explicó en conversación con CAMBIO Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía). 

“Es claro que no hay seguridad para atender plenamente a la demanda total del país en los años 2026, 2027 y 2028. Hemos pedido al gestor del gas que entregue estos balances para tener la información clara. El efecto en los precios es evidente, primero porque las fuentes de importación son más costosas y porque los contratos de abastecimiento interno están terminando sin posibilidad de renovación, lo que lleva a tener que abastecerse en el mercado secundario en plazos inmediatos y con valores mucho más altos que en los contratos. Claramente hay riesgo de seguridad energética en términos de confiabilidad y en acceso a precios competitivos”, aseguró Fonseca.

De hecho, en las últimas semanas desde la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), advirtieron en su estudio sobre el 'Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038', que a finales de 2026 será necesario adicionar una nueva oferta de gas natural. Según el informe, se prevé que en los próximos años haya riesgos en el suministro si no se fomenta una oferta nacional.

Con respecto a esto, la líder gremial reiteró que, actualmente, el país no es ni autónomo ni autosuficiente para garantizar el suministro de gas. “El problema ya no es que requiramos gas importado, es que se requiere controlar los precios internos para que no se lleven a precios internacionales, y que se aseguren las fuentes de importación, que no están definidas para los próximos cinco años”, puntualizó. 

Desde Asoenergía, señala, han insistido en que es crucial revelar la información y las cuentas sobre el gas, entendiendo el potencial de producción nacional y las cantidades disponibles para importar. “La situación ya es crítica sin considerar el crecimiento de la demanda. La oferta está muy limitada y se va liberando a cuenta gotas. Se estima que en algunos puntos del año 2025 se tendrán contingencias en cuanto al suministro”, advirtió Fonseca.  

Para el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta las importaciones seguirán creciendo y las tarifas de los usuarios serán cada vez mayores. Según Acosta, el país ha pasado de depender de las importaciones necesarias para la operación del parque térmico, gracias a la regasificadora de Cartagena, a depender de las importaciones para atender una demanda esencial (residencial, comercio, industria y vehicular)”. 

“La situación del sector eléctrico y del sector gas compromete seriamente la seguridad y la soberanía energética del país”, enfatizó el exministro. 

¿Cómo garantizar el suministro en medio de la transición? 

Entre las decisiones más urgentes para garantizar el suministro energético, Amylkar Acosta destacó la necesidad de ejecutar los proyectos atrasados, ampliar la regasificadora Spec para responder a mayores importaciones y, además, contar con nuevas plantas regasificadoras como las que están en proceso de instalación. 

El más reciente anuncio en esta materia fue el de Ecopetrol con la adjudicación y firma de contrato de servicios de regasificación con la empresa PIO SAS (Puertos, Inversiones y Obras S.A.S) en la costa Pacífica colombiana. 

Este nuevo proyecto, que entrará en operación en el segundo trimestre de 2026, según la compañía, es una alternativa de regasificación con capacidad para 60 millones de pies cúbicos por día (MPCD) que podría responder a la demanda de gas natural en el interior del país. La planta incluirá actividades de recibo y almacenamiento de gas en Buenaventura. 

En medio de este escenario, para la líder gremial Sandra Fonseca, el nuevo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, tendrá que asumir un rol conciliador, reconociendo el panorama de la seguridad energética: “Esperamos que se tomen medidas considerando las restricciones de oferta, el vencimiento de contratos, las declaraciones de gas, la posibilidad de arbitramento, la oportunidad de acaparamiento y el incentivo a potenciales especulaciones”.

En cambio, para el exministro Amylkar Acosta, el nuevo jefe de la cartera de Minas tendrá entre sus retos las decisiones regulatorias de la Creg que han creado “un clima hostil hacia las empresas”. Según Acosta, estas han puesto en riesgo la seguridad jurídica y la confianza inversionista en un momento “en donde se requieren inversiones que el Estado no está en capacidad de suplir”.

“El nuevo ministro es conocedor del sector, viene de ser agente interventor de Air-e, por lo tanto, lo conoce a fondo, sabe de sus dificultades y las de otras empresas. Su perfil es conocido, en contraste con el ministro saliente, que estaba más orientado al diálogo y la concertación entre el Gobierno y los actores de la cadena, lo cual es fundamental, especialmente en una coyuntura tan crítica como la que le toca afrontar”, concluyó Acosta.