Ni golpes militares ni golpes civiles

Capítulo I Fuerzas Militares: una vocación civilista Intencionalmente hablo de adversarios. No de enemigos. Pienso que la diferencia estriba en que aquellos poseen una connotación de recíproco respeto y caballerosidad comparables a las justas deportivas, que pueden observarse aun dentro de la dureza de la guerra. Estos entrañan odio, ira, ánimo vengativo, pasión destructora que incrementa la crueldad del acto bélico. Con mayor razón si este se libra bajo términos de confrontación interna o guerra civil. General Álvaro Valencia Tovar Colombia ha sido, a pesar de la violencia persistente que ha sufrido el país en muchos periodos de su historia, percibida en el exterior como uno de los regímenes políticos más estables de América Latina. Paradoja que el profesor Daniel Pécaut en su obra más aplaudida resumió mediante la célebre fórmula “orden y violencia”1. Otros autores, como Malcolm Deas, hablan del “orden dentro del desorden”2 y, en la misma línea de pensamiento, el informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia convocada en 1987 por el gobierno de Virgilio Barco se tituló Colombia: violencia y democracia. Esta percepción proviene, sin duda y tal como argumentamos en la introducción, desde la disolución de la Gran Colombia y el nacimiento de la República de la Nueva Granada hasta el día de hoy, pues han ejercido la Presidencia de la República un número abrumador de gobiernos electos y ha habido muy escasas rupturas institucionales. Al respecto, Malcolm Deas sostiene que “esta república ha sido escenario de más elecciones, bajo más sistemas, central y federal, directo e indirecto, hegemónico y proporcional, y con mayores consecuencias, que ninguno de los países americanos o europeos que pretendiesen disputarle el título”. Tras la independencia de España y Portugal, todos los Estados de América Latina adoptaron un régimen republicano –a imagen y semejanza de las instituciones que habían surgido en Estados Unidos tras su separación de la Gran Bretaña–, con la solo excepción de México y Brasil, que adoptaron un régimen monárquico. El primer Imperio mexicano fue dirigido por Agustín de Iturbide, bajo la denominación de Agustín I de México. Su mandato fue, sin embargo, muy corto (1821-1823) y, años más tarde, el segundo Imperio mexicano, instaurado tras la llamada Segunda Intervención Francesa y bajo el mando del emperador Maximiliano de Habsburgo sería, así mismo, muy breve (1863-1864). En el caso de Brasil, el régimen imperial fue más prolongado, pues, entre Pedro I (1822-1831) y Pedro II (1831-1889) transcurrieron 58 años, hasta la creación de los Estados Unidos de Brasil (1889-1968), denominación que en este último año se cambiaría por la actual República Federativa de Brasil. En el caso de Colombia, en la tradición civilista y republicana –tal como han argumentado múltiples historiadores– jugaron un papel clave los dos primeros gobernantes que tuvo el país en la naciente República de la Nueva Granada, el general Francisco de Paula Santander (1832-1837) y el abogado José Ignacio de Márquez y Barreto (1837-1841). No solamente fueron electos con base en las normas de la Constitución de 1832 –la primigenia tras la disolución de la Gran Colombia–, sino que eran con otras personalidades de la época, como Vicente Azuero, Florentino González y Francisco Soto, representantes de la tendencia civilista que enfrentó a las fuertes corrientes militaristas heredadas de las guerras de la Independencia e impuso muy temprano un discurso republicano y liberal, fundado en la subordinación y la no deliberación de las fuerzas militares4. No en vano Santander fue denominado el “hombre de las leyes”. En contraste, en Venezuela, la figura que marcó su tradición política dominada por líderes militares con fuerte liderazgo caudillista fue el héroe de la Independencia y su primer presidente tras la disolución de la Gran Colombia, el general José Antonio Páez, quien en alguna ocasión había afirmado “que a un hombre como él le valían más las armas que las leyes”5. Una frase que también hubiese podido pronunciar el primer presidente de Ecuador (1830-1834), el general Juan José Flores, originario de Puerto Cabello en el actual estado de Carabobo en Venezuela. La tradición civilista se vio reflejada muy temprano, pues, según el historiador Marco Palacios, Colombia fue el primer país en América Latina “que practicó la alternancia, en las elecciones de 1837”6, cuando el general Francisco de Paula Santander del Partido Progresista, el germen del Partido Liberal (1848), le entregó sin contratiempos el poder a José Ignacio de Márquez del Partido Ministerial, el germen del Partido Conservador (1849), quien había triunfado en las urnas derrotando al candidato que gozaba del apoyo de Santander, José María Obando. El predominio de gobiernos electos condujo a que Colombia haya sido “el país que ha vivido menos años bajo gobiernos militares” en Iberoamérica7, incluso superando a Costa Rica, que ha gozado también de una gran estabilidad democrática. Si bien en el siglo XIX tuvo algunos gobiernos de facto, en el siglo XX solo soportó el golpe militar del 27 de enero de 1917 liderado por el entonces secretario de Guerra y Marina, el general Federico Alberto Tinoco quien, tras pocos meses, fue ratificado en las urnas en unas elecciones no exentas de dudas. Y, en todo caso, el Ejército fue disuelto tras la guerra civil que sufrió este país entre marzo y abril de 1948. El primero de diciembre la Junta Fundadora de la Segunda República liderada por José Figueres Ferrer anunció la abolición del Ejército Nacional mediante el decreto 749 del 11 de octubre de 1949, “por considerar suficiente para la seguridad de nuestro país la existencia de un buen cuerpo de policía”. Al igual que en Costa Rica, otra rara avis, en nuestro país los gobiernos de inspiración militar o cívico-militar se pueden contar con los dedos de la mano. La frase reproducida el 7 de marzo de 1974 en un diario de República Dominicana, El Nacional y atribuida a un oficial comentando la detención temporal del principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 1974, “la constitución es una cosa; los militares somos otra”8 tiene, sin duda, altísima probabilidad de ser cierta en muchos países y en muchos momentos de la historia de América Latina, pero no en Colombia. Si nos atenemos a la sofisticada contabilidad que llevó a cabo David Palmer entre 1930 y 1980, en la totalidad de las naciones de América Latina y el Caribe hubo en aquellos años 277 cambios de gobierno, de los cuales 104 (el 37,5 por ciento) se llevaron a cabo mediante golpes militares, ya fuese mediante el derrocamiento de gobiernos civiles, ya fuesen “golpes a los golpistas”, como los denomina el profesor Javier Duque. En efecto, los golpes palaciegos no son exclusivos de los gobiernos civiles. También son posibles en gobiernos de facto. En Argentina, entre 1943 y 1982, se produjeron, además de cinco golpes de Estado contra gobiernos constitucionales, siete derrocamientos de jefes de Estado de facto, realizados por otras camarillas militares. Por ejemplo, durante el periodo denominado de la “revolución argentina”, entre 1966 y 1973, se produjeron dos golpes palaciegos sucesivos: el general Juan Carlos Onganía fue sustituido por el general Roberto Levingston y este, a su turno, por el general Alejandro Lanusse. Tal como se puede observar en la tabla 3, la última ola de golpismo militar contemporáneo en América Latina tuvo lugar tras la Revolución cubana y el ingreso de lleno de nuestra región en la Guerra Fría, es decir, entre 1960 y 1983, en donde hubo tanto gobiernos militares altamente autoritarios, como gobiernos militares provistos de un proyecto reformista en naciones tales como Perú, Ecuador y Panamá. Además de las cuatro naciones que no tuvieron golpes militares en estos años (México, Costa Rica, Colombia y Venezuela), sorprende la ausencia de Nicaragua en este cuadro, pero, en este caso el dominio total de la dictadura patrimonialista de la familia Somoza le permitía poner y deponer gobiernos, ya fuese compuestos por miembros de la familia o aliados políticos, lo cual terminó con el triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1979. A mediados de los años setenta, en el prestigioso semanario Le Monde Diplomatique , la periodista Claude-Catherine Kiejman sostenía que “más que nunca, los militares son los verdaderos amos de América Latina. Pero la dictadura que ejercen ha cambiado de forma. Salvo contadas excepciones –Nicaragua, Paraguay, Haití– el poder ya no pertenece a un caudillo sostenido por milicias o guardias personales: aunque sigan destinados a perdurar, los Somoza, Stroessner y Duvalier son anacronismos. Las dictaduras ‘modernas’, y no menos cruentas, son hoy ejercidas por el ejército como institución”12. En efecto, en aquellos años el profesor Guillermo O’Donnell había acuñado el término “Estado burocrático-autoritario” para describir esta nueva modalidad, más institucional y menos personalista, de ejercicio del poder militar. Si, como sostenía, igualmente, Alain Rouquié, “América Latina (aparecía) a los ojos del mundo occidental como la tierra clásica de los golpes de Estado militares”, no es extraño que una de las preguntas más comunes en las ciencias sociales de la región hubiera sido: ¿por qué hubo un número tan alto de golpes e intervenciones militares en América Latina? En nuestro caso, las preguntas que guiarán nuestra reflexión van a ser muy distintas: ¿por qué en Colombia los golpes militares fueron la absoluta excepción? ¿Podemos considerar que las Fuerzas Militares de Colombia han sido históricamente civilistas? ¿Qué entendemos por esta noción? ¿Por qué los gobiernos electos mediante elecciones directas o indirectas desde el siglo XIX hasta hoy han sido, con muy escasas excepciones, la regla? Y, ante todo, ¿cómo defender esta larga tradición? En general, en el marco de la sociología y en los análisis históricos se entiende por instituciones militares civilistas a aquellas que se hallan alejadas del control y ejercicio directo o indirecto del Estado (tales como las “democracias tuteladas”, que fueron tan comunes en América Central). Así, por ejemplo y en referencia a Colombia, Daniel Pécaut concibe el civilismo “como la primacía absoluta de las élites civiles” y sostiene que “el derrocamiento del general Rojas Pinilla, en 1957, reforzó dicha primacía. En un discurso famoso, Alberto Lleras (…) confirió al civilismo su carácter fundacional, al negar a los militares cualquier función deliberativa”. Ahora bien, si la noción de civilismo abarcara también una conducta intachable en el plano del respeto a los derechos humanos, nos veríamos obligados a reconocer que algunos miembros de la fuerza pública se han desviado de las normas legales. Por ello, hemos adoptado una noción restrictiva y limitada solo a la dimensión política, para lo cual vamos a considerar seis variables instrumentales –cuya pertinencia ponemos a consideración de los especialistas en sociología militar– para medir el grado de subordinación o no de los militares al poder civil: primero, el número de gobiernos bajo conducción militar o civil-militar; segundo, la fortaleza o debilidad de los llamados “soldados-políticos”; tercero, el papel decisivo o marginal de las Fuerzas Militares como un “poder moderador” en momentos de crisis; cuarto, el éxito o fracaso en la conformación de “partidos militares”, es decir, de partidos como expresión de los postulados ideológicos o de los intereses corporativos de las instituciones castrenses; quinto, el éxito o fracaso de los pronunciamientos militares en contra de una decisión gubernamental; y, finalmente, la fortaleza o debilidad del “complejo industrial-militar” y, por tanto, de las Fuerzas Militares y sus redes económicas, como un grupo de presión con poder de incidencia en las decisiones estatales. Pero, antes de adentrarnos en esas variables, es clave cuestionar las explicaciones generalistas –tan comunes en América Latina– y que muchas veces oscurecen la plena comprensión de la dinámica particular de los procesos nacionales. La precariedad de las explicaciones generalistas En efecto, las tesis generalistas que intentan explicar la alta presencia de las instituciones militares en el ejercicio directo del poder en América Latina, es decir, lo que se ha denominado el moderno Estado pretoriano que, según la definición de Amos Perlmutter, consiste en un Estado “en el cual los militares tienden a intervenir en el gobierno y tienen la capacidad de dominar el ejecutivo”16 o, al menos, a colocar a los gobiernos civiles bajo una clara tutoría militar –la sumisión hacia las clases dominantes, la herencia hispánica, la dependencia externa y el subdesarrollo, la subordinación a Washington o, finalmente, la tradición caudillista– son objeto de encendidos cuestionamientos por parte de los analistas de temas militares desde hace ya algunos años. Y, en todo caso, estas explicaciones generalistas son totalmente inadecuadas para el caso de Colombia, pues si tuviesen un valor explicativo para el conjunto de la región, nuestro país habría estado dominada por gobiernos militares y no habría sido una nación en la cual los gobiernos electos fueron la abrumadora mayoría. Como bien sostiene Mario Fernández, se han visto las dificultades que las peculiaridades empíricas oponen a un monocausalismo en la interpretación/explicación de la intervención militar en la política latinoamericana. Los obstáculos en la formación de “una” teoría sobre el particular son de tal complejidad que surge la pregunta de si ello es, en efecto, posible (…). Uno de los mayores defectos de la investigación de la ciencia política sobre América Latina radica en la tentación globalizante en cuanto a sus países y a sus actores políticos y sociales. El profesor Malcolm Deas va incluso más lejos y sostiene, en una entrevista en El País , que América Latina es la región del mundo que más sufre de estereotipos y generalizaciones perezosas18. Colombia no ha sido la excepción. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que hubiese habido en América Latina regímenes militares progresistas e, incluso, con avanzados programas de cambio social, tales como los liderados por los generales David Toro (1936-1937) y Germán Busch (1937-1939) en Bolivia durante el periodo conocido como el “socialismo militar”; el rol del general Marmaduke Grove en la brevísima República Socialista de Chile en 1932; el tenentismo en Brasil en los años veinte del siglo pasado, en el cual se destacó el teniente y luego secretario general del Partido Comunista Brasilero (PCB), Luis Carlos Prestes; o el avanzado gobierno del general Lázaro Cárdenas en México19, si nos atenemos a una explicación marxista ortodoxa, ¿qué parte de la sumisión sin fisuras de las Fuerzas Militares a los intereses de las clases dominantes? Así mismo, ¿cómo explicar los gobiernos militares avanzados en plena Guerra Fría bajo los gobiernos liderados por los generales Juan Velasco Alvarado y Omar Torrijos en Perú y Panamá? ¿Qué tiene que ver la plataforma programática de los gobiernos militares bolivianos de tendencia tercermundista dirigidos por los generales Alfredo Ovando y Juan José Torres en los años setenta, con los lineamientos de las juntas militares de Argentina entre 1976 y 1983, es decir, el llamado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) dominado por la nefasta Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y su visión del “enemigo interno”? Sin duda, la distancia era sideral entre unos y otros. Ahora bien, si las explicaciones generalizantes presentan aquí y allá muchas excepciones, en el caso de Colombia tienen aún menos capacidad explicativa. En primer término, Colombia comparte con América Latina la misma tradición hispánica, la cual no era, sin duda, muy alentadora. Entre 1814 y 1886 hubo en España 26 pronunciamientos militares y, salvo la llamada Primera República Española entre 1873 y 1874, muchos de los cambios de régimen político que hubo en aquella época e, incluso, hasta bien avanzado el siglo XX, contaron con la presencia de miembros de las instituciones militares. Es más, en pleno siglo XX, durante más de 40 años la moneda de curso legal en España traía la efigie del generalísimo Franco acompañada del lema “Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios”. Sin embargo, la tradición no constituye una fatalidad. Por una parte, España logró, tras el fallecimiento de Franco en noviembre de 1975, dejar atrás un pasado lleno de pronunciamientos y golpes militares, y conformar una de las democracias más avanzadas del mundo. Y Colombia, a pesar de compartir esa tradición hispánica, tuvo, por el contrario, una larga tradición de gobiernos electos. Podríamos añadir, además, que el militarismo en nuestro continente no es solo un patrimonio de las naciones hispanoamericanas. Este ha sido el caso, también, de excolonias de naciones con mayor tradición democrática. Por ejemplo, de Surinam –la única nación de América del Sur de habla neerlandesa– que, desde su independencia de los Países Bajos el 25 de noviembre de 1975, ya ha sufrido varios golpes de Estado. Por ejemplo, en febrero de 1980, el presidente Johan Ferrier fue derrocado mediante el llamado “Golpe de los Sargentos”, asumiendo el Consejo Militar Nacional el poder de facto. O el denominado “Golpe del Teléfono”, llevado a cabo en 1990 por un alto oficial del Ejército, Ivan Frank Graanoogst. O, igualmente, el caso de Haití, excolonia francesa y la segunda nación en el continente americano que alcanzó la independencia tras los Estados Unidos, el primero de enero de 1804, en donde los golpes de Estado han sido constantes desde la salida de Jean-Claude Duvalier ('Baby Doc') del poder en 1986. En segundo término, ¿cómo explicar que Colombia, uno de los mayores receptores de las políticas de cooperación militar de Estados Unidos en América Latina –en término de recursos y misiones militares–, no haya entrado en la ola militarista generalizada que hubo en América Latina tras la Revolución cubana en 1959, si esta dependencia fue –como sostienen algunos analistas– el factor determinante de esa ola? En tercer término, ¿cómo explicar, para referirnos a la más común y simplista de las explicaciones –la formación de miles y miles de oficiales en la Escuela de las Américas, denominada la “escuela de los golpes de Estado” en cierta literatura muy ideologizada del continente–, que nuestro país, el que más oficiales y suboficiales ha enviado a esa escuela a lo largo de varias décadas, no haya sufrido ninguna intervención militar en el álgido período de la postrevolución cubana? El Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los Estados Unidos, más comúnmente conocido como la Escuela de la Américas, fue creado en 1946 bajo los auspicios del Departamento de Defensa en Fort Gulick (Panamá), inicialmente bajo el nombre de Latin American Training Center - U.S. Ground Forces y, a partir de 1949, con la denominación de U.S. Army Caribbean School21. En 1984, con base en los tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá, que habían sido acordados en 1977, fue trasladado a Fort Benning (Georgia) a petición del presidente panameño Jorge Illueca, quien la describió como la “base más grande para la desestabilización en América Latina”. Tras muchos escándalos y denuncias fue finalmente rebautizada en 2001 como el Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (Whinsec). Esta correlación entre la Escuela de las Américas y la subordinación automática de sus egresados a las políticas de Washington ha sido cuestionada por muchos analistas, pues, al lado de reconocidos golpistas que transgredieron todas las normas humanitarias egresados de esta escuela (como Hugo Banzer, Roberto Viola, José Efraín Ríos Montt, Manuel Contreras o Roberto D’Aubuisson), hubo también oficiales progresistas como Omar Torrijos o Juan Velasco Alvarado, e, incluso, fundadores de grupos guerrilleros, como los inspiradores de los primeros focos insurgentes en Guatemala, el teniente coronel Alejandro de León Aragón y el teniente Marco Antonio Yon Sosa del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR13), si todos recibieron el mismo y supuestamente infalible “lavado de cerebro” anticomunista y un alto grado de subordinación al Pentágono. Es decir, ¿cómo explicar que, a pesar de los esfuerzos de adoctrinamiento, muchos militares egresados de esas escuelas se hubiesen negado a ser simples guardianes del statu quo y de la “pax americana” y hubiesen desplegado, por el contrario, sus esfuerzos hacia políticas reformistas e, incluso, radicales? Finalmente, la otra explicación generalista sobre el rol de las instituciones militares en América Latina –la tradición caudillista, que se originó tras las guerras de la Independencia, en el difícil e inestable trance de los inicios de una construcción estatal autónoma de la potencia colonial– tampoco es una fuente explicativa válida para el caso de Colombia. A pesar de que “la figura de los caudillos puebla la historia, la leyenda y el imaginario político latinoamericano”, este fenómeno tan común en la región, tanto en los siglos XIX como XX, fue en extremo débil en nuestro país. Según el historiador Marco Palacios, “los caudillos decimonónicos colombianos, puestos al lado de un Rosas, un Santa Anna, un Guzmán Blanco, un Porfirio Díaz o un García Moreno, serían despreciables oficiantes del poder”. Ni siquiera el gran general Tomás Cipriano de Mosquera, que fue presidente múltiples veces entre 1845 y 1867, y quien más se asemeja a estos poderosos caudillos de la región provistos de un gran carisma popular, logró ocupar un lugar prominente en la galería de los caudillos latinoamericanos del siglo XIX. Pero, aún más. Lo mismo se podría argumentar de los líderes militares en el siglo XX. Rojas Pinilla puede ser considerado también como otro simple “oficiante del poder” al lado de un Duvalier, un Somoza, un Stroessner, un Pérez Jiménez, un Estrada Cabrera, un Tiburcio Carías, un Trujillo o un Fulgencio Batista. E, incluso, de un Juan Domingo Perón, el “conductor de Argentina”. Si las novelas en torno a la figura de los caudillos populares y los dictadores sin escrúpulos son uno de los ejes de identidad de la literatura latinoamericana, en Colombia salvo el Gran Burundún-Burunda ha muerto de Jorge Zalamea (más inspirado en un líder político, Laureano Gómez, que en un dictador militar) y El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, un “retrato íntimo autobiográfico”, síntesis de numerosos dictadores del Caribe, no hay modelos posibles para replicar obras como el Facundo, civilización o barbarie de Domingo Sarmiento, basado en los caudillos argentinos Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga; Yo, el Supremo de Augusto Roa Bastos, inspirado en quien fuera declarado el “Dictador Supremo de la República del Paraguay”, José Gaspar Rodríguez (más conocido como el Doctor Francia); la obra del boliviano Alcides Arguedas, Los caudillos bárbaros , que recrea la figura pintoresca de Manuel Mariano Melgarejo o, finalmente, la novela de Mario Vargas Llosa La fiesta del chivo en torno al “Benefactor de la Patria”, Rafael Leónidas Trujillo. Incluso, en la última novela colombiana en torno al tema de los dictadores, Prohíbo decir mi nombre (2019) del escritor Jaime Echeverri, no sabemos ni su nacionalidad, ni su nombre: “yo soy el que nadie nombra”, afirma en algún pasaje el personaje central de la obra. En Colombia difícilmente hubiera podido tener éxito una obra haciendo la apología del “gendarme necesario”, mediante la cual el brillante escritor e historiador venezolano Laureano Vallenilla Lanz no solo intentó justificar el régimen dictatorial liderado por el general Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1935, sino la necesidad del cesarismo en su país, una suerte de “autócrata civilizador” para imponer mediante el uso del miedo, un clima de paz y orden. No es, por tanto, extraño que en Colombia la literatura costumbrista, más que la figura del caudillo ausente en estas tierras hubiese privilegiado a los gamonales, los manzanillos y los caciques políticos locales, cuya descripción de José María Samper hacia 1866 sigue aún vigente hoy en día: La lengua española da el nombre de gamonal a un terreno que abundaba en plantas asfodilas. Pero entre nosotros se ha ampliado la idea, por una extraña analogía y tomado picarescamente el propietario por la propiedad, y se llama “gamonal” (por no decir capataz o cacique) al hombre rico de un lugar pequeño, dueño o poseedor de las tierras más valiosas, especie de señor feudal de la parroquia republicana, que influye y domina soberanamente el distrito, maneja a sus arrendatarios como a borregos, ata y desata los negocios del terruño como un san Pedro de caricatura y manda sin rival como un gallo entre sus gallinas. El gamonal es, pues, el sátrapa de la parroquia, el gallo del pueblo con todas sus consecuencias. En síntesis, pues, si las explicaciones generalistas son poco adecuadas para explicar el fenómeno del militarismo en el conjunto de América Latina, para el caso de Colombia son aún menos pertinentes. Y, por tanto, insistimos en una idea clave: si estos factores fueran determinantes Colombia no hubiera sido un caso relativamente anómalo, sino, un caso ejemplar de dominio militar en el continente. ¿Por qué no fue así? Vamos a detenernos, en el siguiente capítulo, en el análisis de las seis variables que hemos tomado en consideración para el análisis del peso en el plano político de las Fuerzas Militares en Colombia.

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