Las preguntas sin responder sobre la reforma a la salud
Saltar del manejo privado al manejo público de los recursos de la salud no significa que esos recursos vayan a ser mejor administrados. ¿Qué garantiza que el nuevo modelo vaya a ser más eficiente?
Por: Juliana Ramírez
La premisa con la que el Gobierno Petro construyó su reforma a la salud es que los recursos públicos del sector deben volver a tener un manejo público porque las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) son inviables y, en consecuencia, niegan servicios, afectando el derecho a la salud de los colombianos. Sin embargo, no queda claro cómo el manejo netamente estatal de los recursos será garantía de una correcta administración y transparencia.
La jefe de cartera de Salud, Carolina Corcho, dice con vehemencia: “Lo que se instauró en el país es un manejo privado de recursos públicos, donde el Estado perdió todo el control regulatorio. Es demasiada plata rodando sin control, por eso es de imaginar la resistencia que este tema genera”.
Hoy, 25 entidades prestadoras de salud (EPS) actúan como aseguradoras e intermediarias de cerca de 6,6 billones de pesos y la idea es que dejen de hacerlo. Para ello, la columna vertebral de la reforma se basará en la transformación de la Adres –o banco de la salud–, ampliando su institucionalidad a sedes regionales. Dicha transformación tendría, según explicó la ministra de Salud, Carolina Corcho, un costo fiscal de 1,4 billones de pesos, que aún no tiene aval del Ministerio de Hacienda.
Artículo exclusivo para suscriptores
Suscríbete para acceder a todo nuestro contenido.
Suscribirme
Lea los comentarios
