Más de 900.000 deudores del Estado: Contraloría advierte que compromisos financieros ascienden a 165 billones de pesos
El ente de control advirtió que la deuda en mora de las entidades públicas trepó a 165,64 billones de pesos y que casi un millón de personas y empresas figuran como deudoras. Miles de ellas siguieron firmando contratos y recibiendo recursos del Estado.
Con corte al 31 de mayo de 2026, la cartera vigente registrada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) asciende a 165,64 billones de pesos y agrupa a 996.611 deudores. Es decir, casi un millón de personas naturales y jurídicas que le deben plata a alguna entidad pública y no la han pagado. La Contraloría, a través de su Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), advierte que en los 22 años de existencia del boletín esa cifra no ha dejado de crecer de forma sostenida.
El principal hallazgo es que, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la DIARI cruzó el boletín con el Sistema Integrado de Información Financiera y encontró 13.282 deudores morosos que recibieron pagos con recursos públicos por 124,9 billones de pesos a través del SIIF Nación, la herramienta que permite a las entidades públicas manejar el presupuesto, mientras le adeudaban al Estado cerca de 20,9 billones.
De 570.827 personas y empresas que firmaron contratos en ese periodo, 20.238 figuraban como morosas y aun así contrataron con entidades públicas por 16,3 billones de pesos, pese a acumular obligaciones pendientes por 11,8 billones.
¿Cómo están categorizadas esas deudas y cuáles son las entidades con más deuda?
De un listado de 6.398 entidades estatales entregado por Función Pública, solo 2.545 han reportado cartera al boletín desde 2019, que corresponden al 39,78 por ciento. Las otras 3.853 —el 60,22 por ciento— no han registrado un solo reporte. La DIARI reportó que las 20 entidades con los mayores saldos acumulan cerca de 135,8 billones de pesos, el 82 por ciento de toda la cartera.
De esas 20, los primeros cinco puestos los ocupan entidades de distinto orden y naturaleza. Por ejemplo, el primer lugar es para el Consejo Superior de la Judicatura con cerca de 50.000 millones de pesos de deuda, mientras que la DIAN llega a los 35.000 millones. Los siguientes puestos son para Central de Inversiones S.A., Bogotá Distrito Capital y la Unidad para las Víctimas. Todas con montos distintos de deudores.
Unos 65 billones corresponden a obligaciones con cinco años o más de mora, el tramo donde el dinero comienza a entrar en periodo de prescripción y caducidad. Los otros 100,64 billones son deudas más recientes, y ahí la Contraloría ve margen real de recuperación si las entidades actúan a tiempo. También llama la atención sobre cómo salen las deudas del registro, pues más del 70 por ciento del valor, unos 26,4 billones, se fue por procesos de depuración de información, y no por pago.
¿Qué propone la Contraloría para hacerle frente a la morosidad en las entidades estatales?
Frente a este panorama, la Contraloría propone siete frentes de trabajo para fortalecer el seguimiento a la cartera morosa. El primer frente apunta a lo más básico: saber quién debe reportar y quién no lo hace. “Verificar la completitud del reporte por parte de las entidades públicas, mediante informes dirigidos a las delegadas sobre entidades que nunca han reportado cartera y entidades que sí han reportado”, dice el comunicado. El segundo se concentra en los grandes deudores y propone priorizar el seguimiento sobre las entidades que acumulan la mayor proporción de la cartera.
El tercer frente mira el tiempo, pues propone seguir de cerca las obligaciones con más de cinco años de mora, expuestas, según la entidad, a "riesgos de prescripción, baja recuperabilidad o deficiencias en la gestión de cobro". El cuarto se ocupa de revisar los retiros por depuración para establecer si cuentan con soporte y trazabilidad suficientes. El quinto insiste en el cruce de bases, contrastar el registro con SIBOR, SECOP, SIIF, eKOGUI y los beneficiarios finales.
La sexta propuesta tiene que ver con “expedición de lineamientos internos y externos para el reporte y seguimiento de la cartera morosa” ya que el ente de control admite que hoy "no existe un procedimiento institucional estandarizado" que fije roles, responsabilidades y flujos de información. El séptimo pide articular de forma directa a la Contaduría General de la Nación con la Contraloría, para mejorar la calidad y la oportunidad de lo que registra el boletín.
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