Los sindicatos formalizaron sus exigencias y se abre el pulso con el Gobierno.
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Aumento salarial, primas y nuevos derechos: lo que piden los empleados públicos al Gobierno para 2025
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Sindicatos del sector público radicaron un pliego nacional con más de 100 solicitudes que van desde incrementos salariales hasta nuevas primas, reducción de jornada y garantías sindicales. La negociación se desarrolla en medio de tensiones por la capacidad fiscal del Estado para asumir las exigencias.
Por: Juan David Cano
El proceso de negociación colectiva entre el Gobierno colombiano y los sindicatos del sector público arrancó oficialmente este mes con la radicación de un pliego nacional que condensa más de un centenar de solicitudes.
El documento propone transformaciones salariales, laborales y prestacionales para los empleados estatales, en un contexto marcado por las restricciones fiscales del Estado. El pliego fue firmado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y otras federaciones como Fecode, Utradec, Fenaltrase y Fecotraservipúblicos.
La propuesta general busca un aumento de salario superior al índice de inflación, la creación de nuevas primas y bonificaciones, mayor estabilidad laboral, fortalecimiento del empleo público y políticas con enfoque de género.
Entre las solicitudes más destacadas están el incremento del salario en al menos 5,2 por ciento por encima de la inflación, la creación de una prima técnica equivalente al 40 por ciento del salario básico mensual y una compensación anual que represente un mes de sueldo dividido en dos pagos. Los sindicatos también exigen que se reconozcan pagos por horas extra, dominicales y festivos, además de ajustes en primas por antigüedad, localización y recreación.
Más allá de los aspectos económicos, el pliego también incorpora propuestas orientadas a modificar la estructura del empleo estatal. Por ejemplo, piden reducir la jornada laboral a 36 horas semanales sin disminución de salario, formalizar al menos el 50 por ciento de los cargos mediante vinculación directa y asegurar representación de comunidades afrodescendientes en al menos el 10 por ciento de los puestos del sector público.
El documento también contiene propuestas polémicas como el reconocimiento automático de títulos honoríficos a dirigentes sindicales, el uso de multas laborales para financiar sindicatos, y el cobro obligatorio de cuotas sindicales a empleados públicos, incluso si no están afiliados.
El Gobierno tiene ahora 10 días hábiles para instalar formalmente la mesa de negociación y otros 20 días para discutir las propuestas, aunque el plazo puede extenderse de forma excepcional. Se espera que los primeros acuerdos se conozcan a lo largo de mayo.
