Día del Orgullo: las cifras de violencia y discriminación que enfrenta la población LGBTIQ+ en Colombia
En el Día Internacional del Orgullo, miles de personas salieron a las calles para celebrar la diversidad y exigir el respeto por sus derechos. Sin embargo, persisten cifras que evidencian una realidad preocupante para la población LGBTIQ+ en Colombia y la región: homicidios, amenazas, agresiones y múltiples formas de discriminación que continúan afectando a esta comunidad.
Por: Nataly Ríos
La celebración del Mes del Orgullo coincide con nuevas alertas sobre la situación de derechos humanos de la población LGBTIQ+ en Colombia. Informes recientes de la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, la organización Caribe Afirmativo y la Red Sin Violencia LGBTIQ+ coinciden en que, aunque el país ha construido un sólido marco jurídico para proteger esta comunidad, la violencia y la discriminación siguen presentes en la vida cotidiana.
El Mes del Orgullo no solo reúne a miles de personas en marchas y actividades que celebran la diversidad, sino que también invita a reflexionar sobre los desafíos que aún enfrenta la población LGBTIQ+. Homicidios, violencia por prejuicio, amenazas, discriminación escolar y barreras para acceder a la salud hacen parte del panorama que día a día vive esta comunidad.
La violencia no da tregua
Las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran que en lo corrido del año se han registrado 63 homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+. De estos casos, 17 correspondieron a mujeres trans, quienes continúan siendo las principales víctimas de la violencia letal.
El informe también reporta 12 homicidios de hombres homosexuales, seis de mujeres lesbianas y uno de un hombre trans. En el 47 por ciento de los casos no fue posible establecer la identidad de género de la víctima. Territorialmente, la región Caribe concentra 22 asesinatos, seguida de Antioquia con 14, Valle del Cauca con ocho, el Eje Cafetero con seis y otras regiones del país con 13 casos.
A estas cifras se suman 388 casos de violencia motivada por prejuicio, de los cuales 36 habrían sido cometidos por integrantes de la Policía Nacional. Además, el Ministerio Público documentó 154 hechos de violencia psicológica, 58 agresiones físicas y señaló que la mitad de los casos estuvieron relacionados con la expresión de género de las víctimas.
Las amenazas y la violencia comienzan mucho antes
El informe Un sistema que falla, elaborado por Caribe Afirmativo, advierte que la violencia contra las personas LGBTIQ+ no empieza con los homicidios. La organización sostiene que el prejuicio se manifiesta primero mediante la discriminación y luego escala hacia agresiones cada vez más graves.
Durante 2025 fueron documentados 1.531 casos de violencia intrafamiliar, convirtiéndose en la forma de agresión más frecuente. El informe revela que seis de cada diez víctimas fueron mujeres lesbianas y bisexuales, lo que evidencia que muchos de estos hechos ocurren dentro del propio entorno familiar.
A ello se suman 628 casos de violencia sexual y 1.184 amenazas, una cifra que, según Caribe Afirmativo, demuestra que la intimidación suele ser la antesala de ataques más graves. "La amenaza no busca únicamente intimidar; busca regular quién puede existir, dónde y bajo qué condiciones", informa el documento.
Educación, salud e impunidad siguen siendo retos
Durante su visita oficial a Colombia en 2025, el experto independiente de Naciones Unidas sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Graeme Reid, reconoció que el país cuenta con uno de los marcos jurídicos más avanzados de América Latina para proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.
Sin embargo, advirtió que todavía existe una amplia brecha entre las garantías reconocidas en la ley y la realidad que enfrenta esta población. El informe alerta sobre dificultades para acceder a servicios de salud, interrupciones en tratamientos para personas migrantes con VIH y la persistencia de prácticas de conversión.
A esto se suma la impunidad. El informe de la ONU señala que la mayoría de los crímenes contra personas LGBTIQ+ permanecen en etapas preliminares de investigación, a esto se suma el documento de Caribe Afirmativo que advierte que muchas de las agresiones terminan sin una respuesta efectiva por parte de la justicia.
El crimen organizado agrava la violencia contra las personas LGBTIQ+ en la región
La violencia contra las personas LGBTIQ+ también está atravesada por el avance del crimen organizado en varios países de América Latina. De acuerdo con un boletín de la Red Sin Violencia LGBTIQ+, en aquellos territorios donde la presencia del Estado es débil, los grupos criminales imponen normas, ejercen control armado y limitan las posibilidades de acceder a protección o justicia, lo que incrementa la vulnerabilidad de esta población.
Entre 2022 y 2024, la Red documentó 87 homicidios de personas LGBTIQ+ relacionados con contextos de criminalidad organizada en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, El Salvador y Ecuador. Los casos se concentraron principalmente en Guatemala (28), Honduras (21) y México (11), mientras que las principales víctimas fueron mujeres trans y hombres cisgénero gay.
El informe también evidencia un incremento sostenido de estos crímenes en los últimos años. Mientras en 2022 se registraron 26 homicidios, en 2023 la cifra aumentó a 29 y en 2024 llegó a 32 casos. Además, el 70 por ciento de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego, en varios de ellos con múltiples disparos, y el 18 por ciento de las víctimas presentaba signos de tortura, lo que refleja altos niveles de sevicia asociados a estructuras criminales.
Otro dato que llama la atención es que el 63 por ciento de los homicidios ocurrió en espacios públicos, como calles, carreteras, playas, ríos o lotes baldíos. El boletín también señala que varias víctimas ya habían sido blanco de organizaciones criminales antes de ser asesinadas: seis habían recibido amenazas y nueve estaban siendo víctimas de extorsión.
Las formas de violencia
La Red Sin Violencia LGBTIQ+ identificó tres patrones que explican cómo opera esta violencia. El primero está relacionado con la selección de víctimas con fines económicos, especialmente mujeres trans, mujeres lesbianas, migrantes —principalmente venezolanas— y trabajadoras sexuales, quienes suelen ser blanco de extorsiones debido a las condiciones de exclusión que enfrentan.
El segundo patrón corresponde a la instrumentalización de personas LGBTIQ+ por parte de grupos criminales, que las utilizan para realizar actividades como mensajería, cobro de extorsiones o labores de inteligencia. Según el informe, cuando estas personas son asesinadas, los casos suelen ser presentados como simples "ajustes de cuentas", sin considerar que muchas actuaban bajo amenazas o en contextos de vulnerabilidad.
- Las personas trans “mueren tres veces”: Caribe Afirmativo sobre el transfeminicidio de Sara Millerey
Finalmente, el documento advierte que vivir en territorios controlados por organizaciones armadas representa un riesgo permanente. Incluso quienes no tienen relación con estas estructuras pueden convertirse en víctimas de enfrentamientos o retaliaciones. Como ejemplo, la Red documentó el asesinato de una mujer trans en Ecuador durante 2024, quien murió en medio de un enfrentamiento entre bandas criminales, un caso que evidencia cómo la violencia armada termina afectando de manera desproporcionada a quienes ya enfrentan discriminación y exclusión.
También uno de los casos que más conmocionó al país fue el de Sara Millerey, una mujer trans asesinada en abril de 2025 en Bello, Antioquia. Su muerte, que generó rechazo nacional e internacional, volvió a poner sobre la mesa la violencia que enfrenta esta población y reavivó el llamado de organizaciones defensoras de derechos humanos para fortalecer las medidas de protección, combatir la impunidad y garantizar investigaciones con enfoque de género y diversidad.
Más que una celebración
Cada 28 de junio, la Marcha del Orgullo recuerda los avances alcanzados por el movimiento LGBTIQ+, pero también visibiliza las deudas pendientes. Organizaciones sociales insisten en que el reconocimiento de derechos debe traducirse en medidas efectivas para prevenir la violencia, fortalecer la investigación de los crímenes motivados por prejuicio y garantizar condiciones de igualdad en todos los ámbitos.
En ese sentido, el llamado de la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y Caribe Afirmativo coincide en un mismo punto: la existencia de leyes y políticas públicas no será suficiente mientras las personas LGBTIQ+ continúen siendo asesinadas, amenazadas o discriminadas por su orientación sexual o identidad de género.
Lea los comentarios
