Día del Orgullo: las cifras de violencia y discriminación que enfrenta la población LGBTIQ+ en Colombia
En el Día Internacional del Orgullo, miles de personas salieron a las calles para celebrar la diversidad y exigir el respeto por sus derechos. Sin embargo, persisten cifras que evidencian una realidad preocupante para la población LGBTIQ+ en Colombia y la región: homicidios, amenazas, agresiones y múltiples formas de discriminación que continúan afectando a esta comunidad.
Por: Nataly Ríos
La celebración del Mes del Orgullo coincide con nuevas alertas sobre la situación de derechos humanos de la población LGBTIQ+ en Colombia. Informes recientes de la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, la organización Caribe Afirmativo y la Red Sin Violencia LGBTIQ+ coinciden en que, aunque el país ha construido un sólido marco jurídico para proteger esta comunidad, la violencia y la discriminación siguen presentes en la vida cotidiana.
El Mes del Orgullo no solo reúne a miles de personas en marchas y actividades que celebran la diversidad, sino que también invita a reflexionar sobre los desafíos que aún enfrenta la población LGBTIQ+. Homicidios, violencia por prejuicio, amenazas, discriminación escolar y barreras para acceder a la salud hacen parte del panorama que día a día vive esta comunidad.
La violencia no da tregua
Las cifras más recientes de la Defensoría del Pueblo reportan que en lo corrido de 2026 se han registrado 24 asesinatos de integrantes de esta población, de los cuales 14 corresponden a transfeminicidios. Antioquia, Bogotá y Cauca concentran el mayor número de estos casos.
No obstante, el documento advierte que la cifra podría ser mayor. Un seguimiento realizado por la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género (DDMAG) con corte a abril y mayo de 2026, gracias a información recopilada por organizaciones sociales como Caribe Afirmativo y de reportes de prensa, eleva de manera preliminar el balance a 32 homicidios y 16 transfeminicidios, lo que evidencia el subregistro que aún existe frente a la violencia contra esta población.
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Las agresiones no solo ocurren en las calles. La Defensoría señala que la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las principales formas de afectación para las personas LGBTIQ+. Según la Fiscalía, durante 2026 se han registrado 430 víctimas de este delito, de las cuales 235 corresponden a mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT) y 185 a hombres gays, bisexuales y trans (GBT).
Bogotá concentra el mayor número de casos, con 218 denuncias, seguida por Antioquia (73) y Cundinamarca (22). Las cifras reflejan que, para muchas personas de esta población, el hogar sigue siendo un escenario de discriminación, agresiones y vulneración de derechos.
La violencia sexual también continúa afectando de manera desproporcionada a la población LGBTIQ+. En lo corrido del año, la Fiscalía ha registrado 152 noticias criminales por delitos sexuales contra personas de esta comunidad. De esos casos, 83 tuvieron como víctimas a mujeres LBT, mientras que 67 correspondieron a hombres GBT.
Los departamentos con mayor número de denuncias son Bogotá (61 casos), Antioquia (49) y Valle del Cauca (12), territorios donde también se concentran otros tipos de violencia contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
El informe de la Defensoría también alerta sobre las desapariciones. La Fiscalía reporta ocho investigaciones activas por desaparición de personas LGBTIQ+ durante 2026, correspondientes a tres mujeres LBT y cuatro hombres GBT, con mayor incidencia en Valle del Cauca y Bogotá.
Sin embargo, los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal muestran un panorama aún más preocupante al documentar 46 personas LGBTIQ+ desaparecidas en lo corrido del año. En 35 de esos casos no fue posible establecer o registrar la orientación sexual o identidad de género de la víctima, una limitación que, según el informe, dificulta dimensionar el impacto real de esta violencia y obstaculiza la adopción de medidas con enfoque diferencial.
Las amenazas y la violencia comienzan mucho antes
De igual forma, el informe Un sistema que falla, elaborado por Caribe Afirmativo, advierte que la violencia contra las personas LGBTIQ+ no empieza con los homicidios. La organización sostiene que el prejuicio se manifiesta primero mediante la discriminación y luego escala hacia agresiones cada vez más graves.
Durante 2025 fueron documentados 1.531 casos de violencia intrafamiliar, convirtiéndose en la forma de agresión más frecuente. El informe revela que seis de cada diez víctimas fueron mujeres lesbianas y bisexuales, lo que evidencia que muchos de estos hechos ocurren dentro del propio entorno familiar.
A ello se suman 628 casos de violencia sexual y 1.184 amenazas, una cifra que, según Caribe Afirmativo, demuestra que la intimidación suele ser la antesala de ataques más graves. "La amenaza no busca únicamente intimidar; busca regular quién puede existir, dónde y bajo qué condiciones", informa el documento.
Educación, salud e impunidad siguen siendo retos
Durante su visita oficial a Colombia en 2025, el experto independiente de Naciones Unidas sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Graeme Reid, reconoció que el país cuenta con uno de los marcos jurídicos más avanzados de América Latina para proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.
Sin embargo, advirtió que todavía existe una amplia brecha entre las garantías reconocidas en la ley y la realidad que enfrenta esta población. El informe alerta sobre dificultades para acceder a servicios de salud, interrupciones en tratamientos para personas migrantes con VIH y la persistencia de prácticas de conversión.
A esto se suma la impunidad. El informe de la ONU señala que la mayoría de los crímenes contra personas LGBTIQ+ permanecen en etapas preliminares de investigación, a esto se suma el documento de Caribe Afirmativo que advierte que muchas de las agresiones terminan sin una respuesta efectiva por parte de la justicia.
El crimen organizado agrava la violencia contra las personas LGBTIQ+ en la región
La violencia contra las personas LGBTIQ+ también está atravesada por el avance del crimen organizado en varios países de América Latina. De acuerdo con un boletín de la Red Sin Violencia LGBTIQ+, en aquellos territorios donde la presencia del Estado es débil, los grupos criminales imponen normas, ejercen control armado y limitan las posibilidades de acceder a protección o justicia, lo que incrementa la vulnerabilidad de esta población.
Entre 2022 y 2024, la Red documentó 87 homicidios de personas LGBTIQ+ relacionados con contextos de criminalidad organizada en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, El Salvador y Ecuador. Los casos se concentraron principalmente en Guatemala (28), Honduras (21) y México (11), mientras que las principales víctimas fueron mujeres trans y hombres cisgénero gay.
El informe también evidencia un incremento sostenido de estos crímenes en los últimos años. Mientras en 2022 se registraron 26 homicidios, en 2023 la cifra aumentó a 29 y en 2024 llegó a 32 casos. Además, el 70 por ciento de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego, en varios de ellos con múltiples disparos, y el 18 por ciento de las víctimas presentaba signos de tortura, lo que refleja altos niveles de sevicia asociados a estructuras criminales.
Otro dato que llama la atención es que el 63 por ciento de los homicidios ocurrió en espacios públicos, como calles, carreteras, playas, ríos o lotes baldíos. El boletín también señala que varias víctimas ya habían sido blanco de organizaciones criminales antes de ser asesinadas: seis habían recibido amenazas y nueve estaban siendo víctimas de extorsión.
Las formas de violencia
La Red Sin Violencia LGBTIQ+ identificó tres patrones que explican cómo opera esta violencia. El primero está relacionado con la selección de víctimas con fines económicos, especialmente mujeres trans, mujeres lesbianas, migrantes —principalmente venezolanas— y trabajadoras sexuales, quienes suelen ser blanco de extorsiones debido a las condiciones de exclusión que enfrentan.
El segundo patrón corresponde a la instrumentalización de personas LGBTIQ+ por parte de grupos criminales, que las utilizan para realizar actividades como mensajería, cobro de extorsiones o labores de inteligencia. Según el informe, cuando estas personas son asesinadas, los casos suelen ser presentados como simples "ajustes de cuentas", sin considerar que muchas actuaban bajo amenazas o en contextos de vulnerabilidad.
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Finalmente, el documento advierte que vivir en territorios controlados por organizaciones armadas representa un riesgo permanente. Incluso quienes no tienen relación con estas estructuras pueden convertirse en víctimas de enfrentamientos o retaliaciones. Como ejemplo, la Red documentó el asesinato de una mujer trans en Ecuador durante 2024, quien murió en medio de un enfrentamiento entre bandas criminales, un caso que evidencia cómo la violencia armada termina afectando de manera desproporcionada a quienes ya enfrentan discriminación y exclusión.
También uno de los casos que más conmocionó al país fue el de Sara Millerey, una mujer trans asesinada en abril de 2025 en Bello, Antioquia. Su muerte, que generó rechazo nacional e internacional, volvió a poner sobre la mesa la violencia que enfrenta esta población y reavivó el llamado de organizaciones defensoras de derechos humanos para fortalecer las medidas de protección, combatir la impunidad y garantizar investigaciones con enfoque de género y diversidad.
Más que una celebración
Cada 28 de junio, la Marcha del Orgullo recuerda los avances alcanzados por el movimiento LGBTIQ+, pero también visibiliza las deudas pendientes. Organizaciones sociales insisten en que el reconocimiento de derechos debe traducirse en medidas efectivas para prevenir la violencia, fortalecer la investigación de los crímenes motivados por prejuicio y garantizar condiciones de igualdad en todos los ámbitos.
En ese sentido, el llamado de la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y Caribe Afirmativo coincide en un mismo punto: la existencia de leyes y políticas públicas no será suficiente mientras las personas LGBTIQ+ continúen siendo asesinadas, amenazadas o discriminadas por su orientación sexual o identidad de género.
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