La denuncia detrás de los mensajes en los baños del Congreso y las "inconsistencias" en el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual

“Los que protegen a mi jefe, me acosan a mí”, “Rompimos el silencio y nada pasó”, “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato”, son algunos de los mensajes que aparecieron escritos con lápiz labial en los baños de mujeres del Congreso este 2 de abril, cada uno de ellos acompañados del hashtag #DenunciaInsegura. 

A principios de 2023, las mesas directivas del Senado y la Cámara, junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron el protocolo para la prevención y orientación frente a conductas de violencia sexual en el Congreso, sin embargo, dos años después de su publicación, junto con los mensajes en los baños del Congreso, un grupo de denunciantes aseguró en un comunicado que dicho documento “se ha convertido en letra muerta”. 

"No he tenido ningún acompañamiento psicológico": Tania Acero

Una de las mujeres afectadas por la falta de acción del Congreso es Tania Acero, exfuncionaria de la corporación, quien en diciembre del año pasado le pidió a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer activar la ruta de atención para casos de acoso sexual laboral en la entidad, contemplada en dicho protocolo. 

“La ruta de atención se quedó en el papel. Desde que denuncié en diciembre de 2024, solo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras, y no he tenido ningún acompañamiento psicológico. Se supone que deben brindarme protección, pero en la realidad aún falta mucho para que cumpla su propósito”, afirma Acero en un comunicado que amplía la denuncia.

Según su denuncia, el 19 de febrero de 2020, Acero fue víctima de violencia sexual por parte del fotógrafo de la Cámara, Juan Camilo Díaz Castañeda, con quien sostenía una relación sentimental. Acero contó en sus redes sociales que ese día, en medio del acto sexual, le pidió a Díaz que se detuviera porque no tenía protección; sin embargo, el hombre se negó y accedió carnalmente. Acero aseguró que, a raíz de ello, quedó embarazada y perdió al bebé.

Después de esa fecha, según la denunciante, trató de mantener una amistad con él, pero en los siguientes años sufrió acoso de su parte.

“Me encerraba en las oficinas, me maltrataba psicológicamente, me forzaba de muchas maneras a estar cerca de él”, dijo. 

Acero relató que, el pasado 25 de junio, al salir de una reunión, Díaz le ofreció acercarla en un vehículo a su casa, pues el transporte que había pedido le había cancelado. Le preguntó si podía usar el baño de su casa y si se encontraba alguien dentro, pues no confiaba en quedarse a solas con él. Díaz le contesto que sí, pero al ingresar a su casa habría intentado agredir sexualmente de ella.

Tras estos hechos, en diciembre, Acero denunció ante la Fiscalía las agresiones de Díaz y envió la solicitud de activación de la ruta de violencia sexual en el Congreso. Sin embargo, le llamó la atención que solo recibió un correo y una llamada por parte de la secretaria de la comisión.  

“Ella me dijo que me felicitaba por mi valentía y me preguntó si yo ya había hecho la denuncia en la Fiscalía. Yo le dije que sí, me dijo: "Ah, bueno, eso es lo que usted tiene que hacer". Y esa fue toda la llamada, nunca se volvieron a comunicar conmigo. Al Congreso como institución lo llamo a ser realidad lo que dicen”, dijo Acero. 

Según la respuesta a un derecho de petición del representante Juan Carlos Lozada, la senadora Beatriz Lorena Ríos, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el periodo 2024-2025, dijo que en lo que lleva del cargo, solo ha recibido un caso de violencia sexual, el de Tania Acero, el cual asegura que, fue remitido a las entidades competentes para que adoptaran las medidas correspondientes, en este caso, la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía.

Sin embargo, pese a haber acudido al sistema judicial, Acero tuvo que renunciar a su cargo por la presión psicológica de seguir trabajando junto a su agresor. 

“Su historia, compartida en redes sociales, despertó una ola de testimonios de otras funcionarias del Congreso que afirmaron ser víctimas de acoso y violencia sexual, pero que no denuncian por miedo a represalias y falta de garantías”, dice el comunicado del grupo de denunciantes.

¿Un protocolo en atención de violencia sexual poco útil?

Según el grupo de denunciantes, el protocolo para atender este tipo de casos en el Congreso presenta fallas estructurales, “como la ausencia de un mecanismo autónomo de investigación y sanción, la falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y la carencia de un enfoque diferencial para poblaciones diversas”. 

De hecho, en el derecho de petición que contestó Ríos, la congresista explica que las resoluciones expedidas para el protocolo “se evidencian una serie de inconsistencias dentro de lo establecido en ellas, frente a trámite y competencias”, situación que, asegura, ha advertido tanto a la presidencia del Senado como a las oficinas del área administrativa del Congreso. 

Según la congresista, las funciones “se extralimitan al establecer la asunción de competencias de entidades del orden judicial”, pues en su caso particular las atribuciones de dichas resoluciones entran en conflicto con las facultades que tiene como legisladora. 

Por otro lado, los denunciantes afirmaron que “las capacitaciones en violencia de género no son obligatorias ni evaluadas, y no cuentan con indicadores ni herramientas para medir su impacto o la reincidencia de casos”.

Según una respuesta a un derecho de petición, se han realizado en el Senado 27 jornadas con asistencia de 492 personas y en Cámara 15 jornadas con asistencia de 352 personas, y campañas institucionales con carteles, stickers, volantes, correos masivos y códigos QR con el protocolo. Sin embargo, los denunciantes dicen que no hay evidencia de mecanismos que midan el impacto de las capacitaciones ni de un sistema de monitoreo o alertas.