Empresas y universidades tendrán que adoptar medidas para prevenir el acoso sexual

Las empresas e instituciones educativas del país tendrán que adoptar medidas para prevenir, proteger y atender a las víctimas de acoso sexual, como quedó establecido en la Ley 2365 de 2024. 

Se trata de una norma clave, porque si bien ya hay una ley que prohíbe el acoso laboral (1010 de 2006), esta se enfoca en casos de acoso sexual: limita la prevalencia de este tipo de casos y protege a quienes denuncien ser víctimas de acoso en sus entornos laborales y educativos. 

De acuerdo con la norma, lo que se pretende es garantizar el derecho fundamental a la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencias, cosa que en el país no se cumple. Según cifras citadas por la congresista Angélica Lozano, el 98 por ciento de las denuncias por estos hechos no llegan a una sentencia judicial.  

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Los puntos claves de la ley 

En principio, se entiende el acoso sexual como “todo acto de persecución, hostigamiento o asedio, de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, social, o económica, que se dé una o varias veces en contra de otra persona en el contexto laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia”.

Así las cosas, se establece que el Gobierno tendrá 12 meses para aplicar el contenido de esta norma en sus políticas. 

Además, se obliga a las empresas y a las instituciones de educación a generar un plan transversal para la eliminación del acoso sexual y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) tendrán que hacer actividades de fortalecimiento de la atención, protección y prevención de este tipo de casos. 

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Un elemento importante de la ley es que las víctimas deberán tener más protección en los entornos. Por ejemplo, podrán pedir traslados de área para no trabajar cerca del victimario; pedir teletrabajo y tener estabilidad laboral reforzada por lo menos seis meses —tiempo en el que no las podrán despedir—. 

Asimismo, las personas denunciadas de acoso sexual serán las que deberán demostrar su inocencia.