¿Democracia, autoritarismo o dictadura? El debate que reabre la tercera candidatura de Nayib Bukele en El Salvador
La posibilidad de que Nayib Bukele permanezca hasta 2033 en la Presidencia de El Salvador abrió un nuevo debate sobre los límites del poder, la independencia de las instituciones y el peso que tienen los resultados en seguridad frente al respeto por las reglas democráticas. Expertos analizan la situación del país centroamericano.
Nayib Bukele volvió a sacudir el panorama político de El Salvador. El presidente oficializó su aspiración a un tercer mandato consecutivo para las elecciones de 2027, un escenario que hasta hace pocos años era jurídicamente inviable, pero que hoy es posible tras las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo.
La confirmación fue hecha por Xavi Zablah Bukele, presidente del partido Nuevas Ideas y primo del mandatario, quien anunció la inscripción de la fórmula presidencial integrada por Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa.
La candidatura se oficializó menos de un año después de que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobara una reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida, amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, eliminó la segunda vuelta y unificó las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para febrero de 2027.
Si obtiene la victoria en esos comicios, Bukele permanecerá en el poder hasta 2033 y completaría 14 años consecutivos como presidente, una permanencia inédita en la historia reciente de El Salvador que habría sido incompatible con la Constitución salvadoreña antes de estas modificaciones.
Las reformas que cambiaron las reglas
El camino hacia esa nueva candidatura comenzó en 2021, cuando la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Poco después, una nueva interpretación constitucional abrió la puerta a la reelección inmediata, pese a que la Constitución salvadoreña había sido comprendida durante décadas como una prohibición a esa posibilidad.
Para Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el punto central del debate no es la popularidad del presidente, sino la forma en que cambiaron las reglas del sistema político.
"La primera reelección fue posible gracias a las mayorías de Bukele en el Congreso, que reemplazaron a los magistrados de la Sala Constitucional para que expidieran un concepto a favor de la reelección inmediata, a pesar de estar prohibida en la Constitución. Esta tercera candidatura es posible gracias a que el legislativo aprobó la reelección indefinida y quitó las barreras existentes anteriormente", explicó a CAMBIO.
Para el académico, el debate trasciende el plano jurídico y plantea una discusión de fondo sobre cómo debe entenderse la democracia y cuáles son los límites del poder presidencial. "Quienes respaldan la reelección apelan a que ese es el deseo del pueblo y que este no puede ser restringido. Esto muestra la tensión central entre la democracia como 'la voluntad del pueblo', que es a lo que apelan los populistas, y la democracia como un sistema institucional del Estado de derecho".
Desde la perspectiva jurídica, el foco tampoco está únicamente en la posibilidad de la reelección, sino en el procedimiento mediante el cual se habilitó. Fabián Augusto Cárdenas, profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, sostiene que el principal problema no radica en la posibilidad de reelegirse, sino en el mecanismo que permitió llegar a ese resultado.
"El problema es que esto derivó no de una reforma constitucional (...) sino de una interpretación que hiciera el Tribunal Constitucional. Ahí empiezan los problemas jurídicos, porque esto conlleva a inseguridad jurídica, a la politización de los tribunales y a una pérdida del poder democrático que tiene el constituyente primario", le dijo a CAMBIO.
El respaldo que mantiene Bukele
Pero las transformaciones institucionales impulsadas por Bukele no pueden entenderse únicamente desde el ámbito jurídico. Su amplio respaldo ciudadano es uno de los factores que explica por qué esos cambios han encontrado tan poca resistencia dentro del país.
David Bernal, editor judicial de La Prensa Gráfica, en El Salvador, asegura que buena parte de la sociedad percibe al mandatario como una ruptura con los gobiernos tradicionales. "La mayor parte de la sociedad ve con buenos ojos el mandato del presidente Bukele desde su primer mandato, porque encontraron en él una nueva forma de gobernar", explicó a CAMBIO.
Ese respaldo, dice Bernal, responde tanto al desgaste de los gobiernos anteriores como a políticas que tuvieron un impacto directo en la vida cotidiana. "Esas medidas van desde aumentar subsidios, declarar la guerra a las pandillas, dar días libres al año, aumentar los periodos vacacionales. Son medidas que directamente afectan al ciudadano salvadoreño de a pie y que, por obvias razones, reciben mucha aceptación", aseguró.
A ello se suma la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno. Tras décadas marcadas por la violencia de las pandillas, Bukele logró reducir drásticamente los homicidios bajo el régimen de excepción, una política ampliamente respaldada por la población, aunque también cuestionada por organismos nacionales e internacionales debido a las denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.
Bernal agrega que el apoyo también se extiende a sectores empresariales. "Hay sectores empresariales que están muy aliados con el presidente Bukele, que encuentran en él facilidades para hacer negocios, para iniciar empresas; las regulaciones se han minimizado y los permisos se tramitan más rápido". Ese respaldo explica, en parte, por qué el oficialismo ha logrado impulsar transformaciones institucionales con escasa oposición política efectiva.
¿Una dictadura o un régimen híbrido?
Con la posibilidad de un tercer mandato, la discusión ya no se limita a la permanencia de Bukele en el poder, ahora se centra en si El Salvador sigue siendo una democracia o avanza hacia un modelo cada vez más autoritario.
Bitar considera que, desde la ciencia política, El Salvador todavía no puede catalogarse como una dictadura. A su juicio, el país encaja mejor en la categoría de "autoritarismo competitivo", un tipo de régimen en el que las instituciones democráticas se debilitan progresivamente, pero las elecciones siguen existiendo y la oposición aún conserva espacios de participación.
Sin embargo, advierte que ese equilibrio puede romperse con el tiempo. "Los países en autoritarismo competitivo pueden pasar a dictaduras plenas, como fue el caso de Venezuela, cuando ven que las elecciones empiezan a representar un riesgo para su continuidad en el poder".
Por su parte, Miguel Gomis, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, cree que el caso salvadoreño no puede entenderse bajo una lógica de "todo o nada".
"No es una cosa u otra. Sí es cierto que la pérdida de contrapesos hace que tengamos formulaciones cada vez más polémicas y que rozan prácticas menos democráticas. Pero la ausencia de un cumplimiento pleno de la democracia liberal no significa automáticamente autocracia", afirmó a CAMBIO.
La concentración del poder y el impacto sobre la prensa
Más allá de cómo se clasifique hoy el sistema político salvadoreño, hay un punto en el que coinciden los analistas: durante los últimos años el poder se ha concentrado progresivamente alrededor de la Presidencia. Para Bitar, ese proceso fue posible gracias a las mayorías que el oficialismo consiguió en la Asamblea Legislativa, lo que le permitió extender su influencia sobre otras instituciones del Estado.
"A través de las mayorías legislativas Bukele pudo intervenir a la rama judicial y cambiar a la Fiscalía, logrando alinear todas las ramas del poder bajo su proyecto político", explicó a CAMBIO.
Desde El Salvador, David Bernal asegura que esa transformación se hizo evidente tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general en mayo de 2021. Desde entonces, sostiene, la independencia entre los poderes públicos se ha debilitado progresivamente.
"No hay instituciones a las cuales acudir para combatir estas interpretaciones porque él tiene el control de todas las instituciones en el país", afirmó.
Esa concentración del poder, añade, también ha tenido efectos sobre el ejercicio del periodismo. La Prensa Gráfica, uno de los pocos medios impresos independientes que continúan circulando en El Salvador, lleva varios años enfrentando restricciones para acceder a información oficial.
"La Prensa Gráfica tiene desde el año 2020 cero entrevistas con funcionarios. Hacemos peticiones de información que no son resueltas, pedimos declaraciones y no se nos dan; no somos invitados a conferencias de prensa o no se nos permite preguntar", relató Bernal.
Según el periodista, el ambiente también ha llevado a que numerosos comunicadores abandonaran el país o recurrieran a la autocensura por temor a posibles represalias judiciales. "Seguimos haciendo el periodismo que nosotros consideramos crítico y necesario para la población, pero cada vez resulta más difícil", aseguró.
Un modelo que divide opiniones
El respaldo que mantiene Bukele plantea uno de los principales dilemas del caso salvadoreño. Mientras organismos de derechos humanos y sectores académicos alertan sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas, una parte importante de la ciudadanía sigue respaldando al mandatario porque asocia su gobierno con el restablecimiento de la seguridad.
Para Gomis, esa aparente contradicción solo puede entenderse a partir del contexto que vivió El Salvador durante décadas de violencia. A su juicio, buena parte de la población ha priorizado los resultados en materia de seguridad sobre el mantenimiento de ciertas garantías democráticas. "La gente está dispuesta a ceder ciertas libertades a cambio de una seguridad que les están ofreciendo", explicó.
Sin embargo, advierte que ese intercambio tiene límites. Si el Estado garantiza la seguridad, pero al mismo tiempo vulnera derechos o debilita los mecanismos de control sobre el poder, termina rompiendo una de las bases del Estado de derecho. "El gran problema es que Bukele está ofreciendo seguridad, pero se está olvidando la segunda rama del acuerdo, y es que el Estado no tiene que vulnerar o abusar del ciudadano".
Bitar comparte esa preocupación. Para el profesor, va más allá de la figura de Bukele y apunta a un principio básico de cualquier democracia, la alternancia en el poder como mecanismo para evitar la concentración de autoridad y proteger las instituciones. Aunque reconoce los resultados alcanzados en materia de seguridad, advierte que "esto se hace en detrimento de los procesos institucionales centrales de la democracia liberal".
Un precedente para la región
Si Bukele resulta elegido nuevamente en 2027, el sistema político salvadoreño no cambiaría de manera inmediata, pero sí se consolidaría el modelo construido durante los últimos años.
Gomis considera que el principal reto del mandatario será mantener el respaldo ciudadano cuando la agenda deje de estar dominada por la seguridad y empiecen a pesar más asuntos como el crecimiento económico, la distribución de la riqueza o la lucha contra la corrupción.
"Ya está exigiendo mayores resultados en términos de política macroeconómica, mayor crecimiento, mayor distribución de riqueza y también mayor lucha contra la corrupción", explicó el profesor sobre las nuevas demandas de la sociedad salvadoreña.
Para Bitar, en cambio, el principal riesgo sigue siendo institucional. A su juicio, un nuevo mandato profundizaría una tendencia que ya se observa en el país. "Se sigue concentrando el poder en el presidente y su partido sigue expandiendo su posición dominante. Los países en autoritarismo competitivo pueden pasar a dictaduras plenas cuando ven que las elecciones empiezan a representar un riesgo para su continuidad en el poder", advirtió.
Desde San Salvador, Bernal cree que el llamado "modelo Bukele" ya comenzó a proyectarse más allá de las fronteras salvadoreñas y recomienda analizarlo desde múltiples perspectivas.
"Yo recomiendo que se analice todo, no solo la propaganda que logra llegar fuera de las fronteras. Hay informes de organismos internacionales, de Amnistía Internacional y de otras organizaciones que muestran cómo se ha ido retrocediendo a nivel judicial", afirmó.
El periodista considera que el desenlace de las elecciones de 2027 podría marcar un punto de inflexión no solo para el sistema político salvadoreño, sino también para organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y otros países de la región que observan con atención la experiencia de Bukele.
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