Exjefes de las Farc aceptan sanciones de la JEP y reiteran pedido de perdón a las víctimas

A través de un comunicado, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel, reiteraron su “solicitud de perdón clara y directa a todas las víctimas, sus familias y a la sociedad colombiana”. Los exintegrantes del último secretariado de las Farc reaccionaron a la sanción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciada este 16 de septiembre.

“El secuestro fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria”, señala el comunicado, en el que también reconocen que el sufrimiento causado “no tiene reparación plena”.

Aunque aún no han sido notificados formalmente de la decisión de la JEP, los excomandantes guerrilleros admitieron que las sanciones son consecuencia de los delitos cometidos y recordaron que ya han aceptado su responsabilidad en más de 400 diligencias judiciales, muchas de ellas frente a las víctimas. 

Los exjefes subrayaron que las sanciones propias de la justicia transicional no solo son un mandato legal, sino también “un compromiso ético y político con las víctimas y con Colombia”. Añadieron que se preparan para iniciar la etapa de cumplimiento de las sanciones restaurativas, cuyo objetivo es reparar el daño y aportar a la reconstrucción del tejido social.

El comunicado también pide claridad sobre aspectos pendientes en la JEP, como la unificación de procesos y la viabilidad de las sanciones, e insiste en la necesidad de brindar garantías jurídicas a los excombatientes que se acogieron al Acuerdo de La Habana de 2016.

“Con estas sanciones refrendamos nuestro compromiso con la verdad, con las víctimas y con Colombia. Este es un paso más en el camino de la reconciliación”, concluye el texto, destacando que el propósito es avanzar hacia una paz “estable y duradera” después de más de seis décadas de guerra.

¿Qué dice la sentencia de la JEP?

Los exguerrilleros no solo fueron condenados por secuestro, sino también por los crímenes de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos ejercidos hacia las víctimas.

Además, fueron condenados por los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado; así como por asesinatos y desapariciones forzadas.

La imputación que la JEP hizo por esclavitud fue uno de los temas más controvertidos por los exintegrantes del último secretariado de las Farc y por sus abogados que, en palabras sencillas, decían que por un mismo hecho no podían ser imputados por esclavitud y por el crimen de guerra de tratos crueles e inhumanos.

Según la defensa de las Farc, “no hay evidencia de que las víctimas hayan sido tratadas como propiedad transferible o explotable bajo control total, que es el núcleo de la esclavitud”. Es claro que, las condiciones en las que fueron mantenidas las personas fueron deplorables, pero no se trató de reducciones permanentes a servidumbre total o trabajo forzado perpetuo”. Por eso interpusieron recursos y tutelas que fueron negados por la JEP.