Así negociaba Wilson Devia los esquemas de seguridad de la UNP, según la Fiscalía

En una audiencia bastante exaltada por los constantes enfrentamientos entre las partes, la fiscal Angélica Monsalve expuso los hechos por los cuales le imputó cargos al dirigente sindical de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Wilson Devia, como presunto responsable de los delitos de concusión, abuso de función pública y peculado por uso.

La fiscal aseguró que Devia no solo cobraba por los esquemas de protección, sino que también los vendía. El sindicalista dijo que no entendía la imputación de cargos y solicitó que fuera aclarada.

Según la Fiscalía, Devia participó en dos hechos delictivos: uno entre 2013 y 2014 y otro en 2019. En el primero, dice la investigación, cobraba por la implementación y el sostenimiento de los esquemas de protección de la entidad; en el segundo, le vendió el esquema de protección a Manuel Castañeda, el narcochofer que fue capturado el año pasado con droga en una camioneta de la mencionada entidad y que terminó siendo uno de los conductores de alias Matamba cuando este se fugó de la cárcel.

La explicación de la Fiscalía es que Devia, entre 2013 y 2014, mientras era coordinador del grupo de seguimiento a medidas de protección de la subdirección de protección de la UNP, cobraba a personas por implementar esquemas de protección y cobraba a los protegidos por mantener sus esquemas. Todo, dijo la fiscal, con complicidad del gerente de operaciones de la empresa contratista de la UNP, que era la que proveía los vehículos.

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“Con relación a los contratos 360 y 361 del 2014, cuyo objeto era contratar el arrendamiento de vehículos para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto de la protección. Dentro de ese programa de protección era usted, señor Devia, el que se encargaba de hacer entrega de vehículos, vehículos que se iban a implementar en favor de los beneficiarios dentro de este proceso, usted aprovechándose de su estatus funcional y abusando de sus funciones, en asocio con Arturo Rolon, gerente de operaciones de la empresa contratista Unión Temporal Siglo XXI, la cual proveía los vehículos objeto de esas contrataciones del alquiler, se encargaban de cobrar grandes sumas de dinero a los protegidos tanto por la implementación de los esquemas como por sostenerlos”, dijo la fiscal.

En 2019, según pruebas de la Fiscalía, Devia le vendió un esquema de protección al narcochofer Manuel Castañeda, testigo de la Fiscalía en varios hechos de corrupción, por 200 millones de pesos; pero como a Castañeda le pareció que era muy alta esa suma de dinero, le ofreció una segunda modalidad: 7 millones de pesos mensuales a cambio del esquema de protección. Efectivamente, dijo la fiscal, Devia se alió con el protegido Yesid Torres Rojas, quien gozaba de esquema de protección desde 2018, para que le cediera su esquema a Castañeda a cambio de esa suma de dinero mensual pactada.

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“Le solicita (a Yesid Torres) que pase de protegido a proteger a Manuel Castañeda, utilizando para ello el vehículo asignado, los tres escoltas y el cupo de 1 millones de pesos para combustible, todo a cambio de tener parte del dinero recibido por usted Wilson Devia”, contó la fiscal.

Ese vehículo fue retenido por las autoridades en agosto de 2022 con 400 kilos de marihuana, mientras era conducido por Rafael Velandia Bernal, primo de Manuel Antonio Castañeda Bernal.

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“Usted, señor Devia, a pesar de que Castañeda no aplicaba dentro del sistema de protección para ser beneficiario, le concede el esquema de protección sin haber sido autorizado para ello, sin que se surtiera el trámite para ser beneficiado de un esquema de protección. Esta venta ilegal de esquema de protección a Castañeda se materializa a cambio de que le pagara 7 millones de pesos mensuales, a cambio de tener provecho económico”, concluyó la fiscal.

Dentro de las pruebas de la Fiscalía, según lo dijo Monsalve, están las consignaciones que Devia recibía a dos cuentas de ahorros de parte de Castañeda y de su esposa Viviana Toro.

Para la Fiscalía, Devia violentó un bien jurídico y por eso debe responder por los delitos de concusión, abuso de función pública y peculado por uso. El sindicalista le dijo a la juez que no entendía la imputación porque la fiscal no había explicado la relación de los hechos de 2013 con los de 2019, ni había explicado de manera detallada su participación en los supuestos ilícitos. La juez suspendió la audiencia para que el día de mañana la Fiscalía aclare las preguntas de Devia y continúe con la otra solicitud que tiene que ver con la intención de enviarlo preventivamente tras las rejas. Según se dijo en la audiencia, Devia ya no está en el país, aunque el sindicalista no quiso dar su ubicación exacta por “seguridad”.