Organigrama: Las cabezas de la empresa criminal de la UNGRD

La fiscal María Cristina Patiño empezó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector y el exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el contratista Luis Eduardo López, conocido como el pastuso, haciendo un recuento de los hechos y dejando claro quiénes conformaron la empresa criminal dentro de la entidad. Estas personas habrían buscado direccionar 21 contratos y órdenes de proveeduría por 228.844 millones de pesos a contratistas que se comprometieran a pagar coimas.

La delegada del ente acusador aseguró que la empresa criminal funcionó entre mayo de 2023 y marzo de 2024 y que los integrantes de la misma no solo fueron Olmedo López y Sneyder Pinilla, sino también Pedro Rodríguez Melo, el exasesor de López y quien fue el jefe de la oficina Jurídica de Camilo Romero en la Gobernación de Nariño; Luis Carlos Barreto, quien hasta el 15 de mayo fue subdirector de Conocimiento de la UNGRD; César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública; y otros funcionarios y particulares, como el Pastuso, quien controlaba más de 30 empresas. Lo curioso es que a Manrique lo presentó al nivel de Olmedo López, es decir, como una de las cabezas del entramado.

La Fiscalía hizo un recuento de cuáles fueron los roles de cada uno de los imputados. Sobre Olmedo López dijo que: dirigió la operación del pago a contratistas; dirigió la operación para que se entregaran contratos a congresistas o funcionarios públicos; delegó a Pedro Rodríguez, y otros, la escogencia de contratistas a cambio de coimas; ordenó a Sneyder Pinilla que le pagara 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, a través de la consejera Sandra Ortiz, que ordenó la entrega de 1.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, conforme a instrucciones del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Además, acordó con Sneyder dirigir los contratos de carrotanques e interventorías a contratistas amigos a cambio de coimas; gestionó con Luis Carlos Barreto y su jefe político, César Manrique, director de Función Pública, el traslado de 100.000 millones de pesos que la UNGRD tenía con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en contraprestación permitió que direccionaran contratos para plantas desalinizadoras, pozos subterráneos para La Guajira, entre otros; ordenó con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su asesora María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; El Salado, Bolívar, y Saravena, Arauca, en los que estaban congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso.

Sobre Sneyder Pinilla, la fiscal del caso explicó que junto con Olmedo López, Pedro Rodríguez, Luis Carlos Barreto y César Manrique, ordenó el direccionamiento de contratos. También, simuló la escogencia aleatoria de las empresas cuyos propietarios eran alertados para que alistaran cotizaciones de bienes y servicios, incluyendo coima a pagar, una vez llegara la invitación. Esa estrategia permitió que a la empresa que le adjudicaran el contrato; gestionó el proceso hasta el desembolso de la Fiduprevisora; suscribió documentos públicos que no correspondían a la realidad para que la Fiduprevisora girara el dinero; ordenó en octubre del 2023 junto a Olmedo López, de las coimas a Name y Calle, de acuerdo a la orden de Carlos Ramón González a Olmedo. También, pidió el préstamo con el que pagó la coima; ordenó con María Alejandra Benavides, asesora de Ricardo Bonilla, el relacionamiento de contratos para Cotorra, Bolívar y Saravena, en los cuales estaban interesados los congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso.

Y sobre el contratista conocido como el pastuso, la fiscal explicó que se concertó con Olmedo López y Sneyder Pinilla para dos cosas. La primera, que a cambio de cada contrato daría una coima del 13 por ciento para López y otra del 1 por ciento para Pinilla. La segunda, para que le pagaran las cuentas pendientes que tenía la entidad con él por contratos entregados en el gobierno de Iván Duque y, a cambio de los pagos, les daría una coima del 13 por ciento porque, según él, por la consecución de esos contratos ya había pagado coimas.