Uno tenía 23 años y el otro 26. John Charli Ortiz Molina fue secuestrado y asesinado por las FARC-EP en la zona rural de San Juan de la China en el Tolima, por llevar en el cuello las placas que le quedaron de cuando prestó el servicio militar. A Óscar Alexander Morales Tejada lo desapareció el Ejército para asesinarlo, hacerlo pasar por guerrillero y presentarlo como muerto en combate. Ellos son solo dos de los más de diez millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia.

Sus familias, en especial sus madres, volcaron sus vidas a buscarlos por más de veinte años. Blanca Lilia, la de John Charli, relató la angustia indefinida porque nadie le daba razón sobre el paradero de su hijo. Doris Tejada y Darío Morales, los padres de Óscar Alexander no comprendían cómo, en los 17 días que no pudieron contactar a su hijo, pasó de ser un vendedor de ropa a miembro de una guerrilla. Doris hace parte del colectivo de las Madres de Soacha y era la última de ellas que no había encontrado los restos de su hijo.

Ambas familias se aproximaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para contar sus historias y buscar respuestas. Tantos los restos de John Charli como los de Óscar Alexander fueron encontrados en el desarrollo de los macrocasos que finalmente decidió la JEP esta semana: el 01 sobre el crimen del secuestro perpetrado por las FARC y el 03 sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado.  

Estas víctimas no tuvieron que esperar a las sentencias para conseguir uno de los objetivos más importantes del esquema de justicia transicional que propone la JEP. Lo explicaba Darío, el padre de Óscar Alexander: recibir los restos de su hijo era un momento desgarrador, pero ofrecía una dosis de esperanza, porque “una tumba es también una ilusión”. Un lugar para llorar a sus muertos; un poco de certeza sobre las circunstancias y motivaciones de su injusta ausencia; un fin a los tortuosos años de búsqueda sin respuestas.

En estos casos, como en miles de otros, ambas familias agradecieron el acompañamiento empático e indeclinable de la JEP y en especial de sus magistrados, volcados hacia las víctimas y a su reconocimiento a pesar de la marea de críticos y enemigos que enfrentan desde el inicio. En la audiencia pública de reconocimiento, Blanca agradeció entre lágrimas a la magistrada Julieta Lemaitre, no solo por su trabajo, sino por su apoyo. Lo mismo ocurrió con el magistrado Óscar Parra, quien acompañó a la familia Morales a enterrar a su hijo. Estos jueces han sido la única cara cercana y amable que estas familias han visto del Estado en tantos años de suplicio.

En ambos casos, los responsables reconocieron la autoría sobre los crímenes, explicaron a qué lógica de la guerra respondían y pidieron perdón a sus familias. Así lo hicieron los integrantes del Comando Conjunto Central de las antiguas FARC, en especial Álvaro Henner López, y también varios miembros del Batallón La Popa, adscritos a la Primera División del Ejército Nacional.

Tras la verdad y el reconocimiento, faltaba la justicia. La que tiene cara de sanciones propias que pueden resultar difíciles de comprender ante la gravedad de lo confesado y demostrado. Por eso esas sanciones deben ejecutarse a cabalidad e insertarse con fuerza en los tejidos sociales que buscan remendar.  

Nada será suficiente para reparar lo ocurrido, no solo porque ningún tipo de sanción puede equipararse a semejantes horrores en un Estado de derecho, sino porque son décadas de violencia descomunal y millones de víctimas. Tramitar estas causas ante la justicia ordinaria era un imposible judicial, social, financiero y político; era condenarlas a la impunidad. Claro que no es un esquema perfecto. Pero permite reconocer por qué y cómo llega una sociedad hasta el punto que alcanzamos en Colombia, ojalá para que no vuelva a ocurrir.

La mayoría de los críticos más ruidosos de la JEP y de sus primeras sentencias no son víctimas directas del conflicto, y, si lo son, han recibido atención excepcional del Estado. Ellos no han sufrido en silencio, como Blanca y Doris. A ellas solo las escuchó la JEP, y es el caso de miles de víctimas que han obtenido el único sosiego gracias a este tribunal.

Quienes esta semana se descompusieron ante las primeras sentencias repudian la existencia de la JEP, sin importar qué decisiones tome o cómo las justifique. Se oponen a la verdad que se revela, no a la impunidad que alegan. Impunidad es la que muchos de ellos auspician desde un sector de la política y el empresariado que se rehúsa a aceptar sus contribuciones al conflicto armado. Este es un sistema para las víctimas pobres y olvidadas del conflicto, no para los señores de la guerra.  

Blanca y Doris, como víctimas reconocidas en los macrocasos sentenciados esta semana, esperan una reparación integral de sus victimarios y, por ahora, agradecen la tumba que les permitió cavar la JEP.  En este país triste e indolente hasta una tumba puede ser una ilusión.