El presidente y sus ministros tienen derecho a creer en lo que quieran. También a profesar su religión. Pueden, en privado, pedirle a Dios que los guíe y los acompañe durante su gobierno. Todas esas conductas, sin lugar a dudas, están protegidas por la libertad de cultos consagrada en nuestra Constitución. 

Lo que ese derecho si no cubre, es que un gobernante organice un retiro espiritual en donde se arrodilla, canta y alaba; le entrega Biblias a su nuevo gabinete y luego divulga ese espectaculo en redes sociales. Este tipo de actos, por el contrario, vulneran la laicidad del Estado colombiano. El evento pudo ser “un espacio privado entre las próximas personas que van a dirigir el país”, como lo dijo Carolina Gómez, vocera oficial del gobierno de De la Espriella. Pero no se quedó en eso: fue compartido, se viralizó y, con esto, se dio a conocer al público. El nuevo gobierno llega, entonces, con un sello en la frente: Dios y el cristianismo van a tener un lugar privilegiado en su administración. 

Uno de los principios que se derivan de un Estado laico, y que ha sido ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional, es el de neutralidad religiosa. Eso implica, entre otras cosas, que las autoridades públicas se abstengan de realizar actos que las vinculen a una religión, creencia o iglesia, de modo que el Estado se muestre como un actor neutral frente a los distintos credos. Sin embargo, lo que nos queda después del video es que este gobierno – que es el de todos los colombianos–  favorece, y lo seguirá haciendo, a la religión cristiana por encima de las demás. Eso, sin lugar a dudas, no solo es contrario al artículo 19 de la Constitución, que otorga el mismo tratamiento a todas las confesiones religiosas, sino que también incumple la obligación de neutralidad que se impone a quienes representan al Estado. 

Antes de la liturgia que celebraron en plena posesión decían: “todavía no eran funcionarios”. Aun así el argumento es débil: el mensaje que se envió no fue el de un grupo de ciudadanos privados reunidos a orar, sino el del gabinete de un gobierno elegido. Lo que se comunicó a la opinión pública no fue “estas personas creen en esto”, sino “este es el signo bajo el cual va a operar el nuevo gobierno”. Y así lo ratificaron el día de ayer.  

Tanto el retiro como las manifestaciones religiosas en plena posesión son mensajes políticos y simbólicos que comprometen la neutralidad que se espera del poder público. Un Estado laico no se protege solo prohibiendo actos confesionales una vez que los funcionarios están en el poder, sino evitando que el poder se presente ante los ciudadanos, desde su origen mismo, revestido de una identidad religiosa particular. O incluso tres de ellas.  

Esa prohibición no es un invento de la Constitución colombiana. Varios países laicos han sido cero tolerantes frente a situaciones que comprometen la neutralidad religiosa del Estado. En Francia, por ejemplo, para preservar este principio la ley prohíbe que cualquier representante del Estado porte símbolos religiosos o manifieste sus creencias mediante la vestimenta u otros accesorios. La Corte Suprema de Justicia norteamericana, en el caso Lee v. Weisman, prohibió que clérigos de cualquier religión oficiaran ceremonias de graduación en colegios públicos, después de que un rabino lo hiciera en un colegio de Rhode Island. Para este tribunal, resultaba inaceptable que los miembros de otras religiones tuvieran que escuchar creencias que no comparten en un acto público oficial. En la misma dirección, el Tribunal Constitucional Federal alemán determinó que la obligación de tener crucifijos en las escuelas públicas de la región de Baviera violaba la libertad religiosa y el principio de neutralidad religiosa del Estado alemán, por lo que ordenó su retiro. 

La protección del principio de neutralidad religiosa no es un capricho del legislador francés ni de las cortes antes citadas; cumple funciones importantes. Primero, si el Estado se identifica con una religión particular, los ciudadanos que no la comparten quedan, de hecho, en una posición distinta frente al poder público, por lo que la neutralidad busca que ningún credo tenga una posición de privilegio frente a las instituciones. Segundo, preserva la legitimidad democrática del poder, que se deriva del pueblo y no de un ser superior. Tercero, evita que las políticas públicas se justifiquen con base en creencias que no todos comparten y que, en muchos casos, no pueden debatirse racionalmente ni desde un punto de vista científico. 

La divulgación del retiro y la posesión litúrgico militar no solo erraron al ir en contra de los principios del Estado laico. La Biblia tampoco parece aprobar los ostentosos shows espirituales del nuevo gobierno. No sobra recordar que, como dice el evangelio de San Mateo, “cuando oréis no seáis como los hipócritas; porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar (…) para ser vistos por los hombres (…)”. La orden de este evengelio es clara: “pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”. 

No estaría mal, señor presidente y funcionarios de la patria milagro, que atendieran el llamado de San Mateo y rezarán en la intimidad y no como los hipócritas.