El nuevo gobierno anunció que buscará detener y deportar a migrantes con antecedentes criminales, pero también a quienes permanezcan irregularmente en Colombia. La medida llega semanas después de su posesión y en medio de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que dejó cientos de muertos. Conviene mirarla desde cuatro ejes que ya son prioritarios para el propio gobierno: la relación bilateral con Estados Unidos, la seguridad, el desarrollo y la productividad, y el relacionamiento con el sector privado. Vistos en conjunto, sugieren que hay una oportunidad mejor que la mano dura por sí sola, sobre todo porque no se trata de una población que acaba de llegar: cerca de tres millones de venezolanos viven en Colombia, la gran mayoría regularizados, muchos con siete, ocho o diez años en el país, trabajando, pagando impuestos y con hijos en colegios colombianos.

En lo bilateral, Estados Unidos le apuesta hoy a la estabilización del hemisferio occidental como parte de su propia estrategia de seguridad nacional, y quiere que Colombia sea un socio estratégico de ese objetivo. Esa relación, además, no depende solo de la afinidad entre dos gobiernos: es bipartidista y se sostiene en los comités de apropiaciones del Congreso estadounidense, que financian buena parte de la cooperación bilateral de largo plazo. Por eso a Washington no le conviene que Colombia empuje a cientos de miles de personas hacia Venezuela, un país todavía institucionalmente débil, a través además de una frontera donde operan estructuras criminales. Una migración así, lejos de acompañar la estrategia estadounidense, la complica.

Eso conecta directamente con la seguridad interna de Colombia. Hay que separar dos discusiones que suelen mezclarse: Colombia tiene el derecho y la obligación de actuar frente a extranjeros que cometan delitos, pero perseguir el delito es una cosa y convertir la irregularidad, por sí sola, en fundamento de una política amplia de deportaciones es otra distinta. Regularizar también es controlar: cuando una persona está registrada, el Estado sabe quién es, dónde vive y dónde trabaja; la irregularidad invisibiliza. Ese control es especialmente valioso en la frontera con Venezuela, donde persisten el ELN y disidencias de las FARC: desplazar allí a miles de personas sin empleo ni redes familiares crearía una población vulnerable al reclutamiento. Alcaldías y gobernaciones de frontera ya vienen gestionando ese riesgo, y pueden hacerlo mejor con herramientas como la regularización, que además es, en términos monetarios, mucho más económica que deportar.

En desarrollo y productividad, el argumento es igual de sólido. Colombia envejece, y una población venezolana en edad productiva y bien formalizada puede ser un activo para la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones, justamente dos ámbitos en los que el gobierno quiere impulsar reformas sociales. Esa misma población, formalizada, cotiza, consume y paga impuestos, lo que la convierte en una palanca directa para las metas de productividad y competitividad que ya están en la agenda económica del gobierno. Por eso la piedra angular debería ser un esquema de tres carriles: seguridad y cumplimiento de la ley para quien delinca, sin excepciones; regularización y control estatal para quienes cumplen las condiciones legales; e integración efectiva que conecte esa fuerza laboral con empleo formal y certificación de competencias.

En el relacionamiento con el sector privado, Colombia y sus empresas, gremios y entidades financieras ya invirtieron años en bancarizar e integrar laboralmente a la población venezolana. Desmontar ese proceso desperdiciaría una infraestructura de inclusión que costó construir, justo cuando el sector privado necesitará más trabajadores para la reconstrucción, no menos.

El gobierno anterior dejó esta tarea a medio hacer, por tres razones que vale la pena diferenciar: faltó voluntad administrativa para entregar miles de permisos ya aprobados; no hubo mecanismo de regularización para quienes siguieron llegando; y nunca se construyó el puente entre regularización e integración efectiva. Ahí está el espacio que tiene hoy el nuevo gobierno para marcar una diferencia real, apalancando los cuatro ejes que son prioridad en su agenda y en su proyecto político. Pocas decisiones de política pública ofrecen hoy tanto retorno a tan bajo costo.

Diego Chaves dirige la iniciativa para América Latina y el Caribe en el Migration Policy Institute (MPI) en Washington D. C. Ha trabajado en movilidad humana y desarrollo en el Banco Mundial y la ONU.