“El movimiento social no ha sido solidario con el gobierno”, expresó el decepcionado exsenador petrista Gustavo Bolívar ante la racha sostenida de protestas, marchas y bloqueos en gran parte del país. Bolívar, un hombre que suele hablar con espontáneo desenfado, transmite aquí la ilusión ingenua y quizá contradictoria de que los colombianos que están en la olla iban a aplazar anhelos y reclamos porque había llegado un presidente salido del inconformismo popular.
Pero no funciona así. Por el contrario, las expectativas aumentan y las exigencias crecen cuando hay costo de vida disparado y manda un presidente que ha simbolizado la rebeldía y prometido cambios en favor de las grandes mayorías. Ya se habla incluso de que los indígenas alistan movilizaciones por incumplimientos del gobierno Petro. Bolívar enumeró larga lista de realizaciones del Gobierno en sus primeros siete meses, que van desde pensión para madres comunitarias hasta reducción del Soat y congelamientos de peajes. Todo cierto y todo muy social. Pero hay poco avance en la tarea fundamental de bajar el desempleo y estimular la producción.
No será fácil con una reforma laboral que contiene reivindicaciones justas pero solo favorece a una minoría de la fuerza de trabajo (1.8 millones de sindicalizados), recarga costos y perjudica la generación de empleo según los gremios económicos. Reforma que es apenas una de las múltiples pruebas de fuego que enfrenta el Gobierno (pensional, salud, energética, ley de sometimiento…) en el crucial periodo legislativo que resta para discutir más de treinta proyectos en curso. La agenda está recargada, el tiempo avanza, el cronómetro no perdona y la coalición de gobierno flaquea. Basta ver lo sucedido con la reforma política. ¿El que mucho abarca poco aprieta?
Orden público y economía son, como siempre, asuntos cruciales. Petro hace años sostiene que hay que pasar de un modelo de capitalismo rentista hacia uno más productivo y democrático. Lo repitió esta semana en un foro económico y suena muy bien. ¿Pero cómo se logra y con quiénes si se castiga con más cargas a pequeños y medianos empresarios? Por la vía del populismo social o de la lluvia de promesas tampoco se llegará al anhelado equilibrio dinámico entre capital y trabajo que plantea el presidente en sus mensajes.
***********
En orden público sí ha habido un viraje significativo con su decisión de suspender el cese del fuego con el Clan del Golfo y pasar a la ofensiva. Falta ver como Ejército y Policía asimilan y aplican esta nueva directriz, que subraya la dificultad del pretendido entendimiento con grupos mafiosos que persisten en propagar la desestabilización y la corrupción de funcionarios y fuerza pública para proteger su negocio. Llama la atención, por otra parte, que el abogado de esa organización criminal, el penalista Ricardo Giraldo, haya manifestado “desconcierto y tristeza” por la manera como Petro comunicó por Twitter el fin del cese del fuego, cuando dizque estaban quietos y la semana anterior se habían reunido con organismos internacionales, la Conferencia Episcopal y el comisionado Danilo Rueda.
Falta claridad en todo esto. Y falta en primer término que el Gobierno defina y explique mejor cuál es su política de seguridad para que todos —actores del conflicto, comunidades y la opinión en general—sepan a qué atenerse. La ausencia de una línea precisa en este campo se presta para mensajes confusos que denotan desarticulación en la cúpula del Estado. Como el del embajador de Colombia en México y su extraña recomendación de pactar con los carteles de la droga. O la afirmación del comandante de la Policía sobre el “secuestro” del minInterior Prada en la protesta campesina del Caguán, que este desmintió de inmediato. Me desconcertó, dicho sea de paso, que el general Sanabria sea tan místico y religioso como para decir que los grandes golpes de su institución contra la cúpula de las Farc se han logrado por exorcismos e intervención divina, mas que por una metódica labor de inteligencia. Difícil de creer, pero eso dijo.
Con ayuda de Dios o sin ella, Ejército y Policía tienen ahora un reto grande: producir pronto resultados convincentes. Harto se necesitan ante el acelerado deterioro del orden público regional que denuncian los gobernadores departamentales en su reciente mensaje al presidente. Y se necesitan con todos los grupos armados tengan o no presuntos móviles políticos. El llamado Estado Mayor Central de las disidencias, con el que el Gobierno anunció próximos diálogos, es protagonista central de la violencia actual, dirigida también contra sus antiguos compañeros en armas. Desoladora la noticia de que las doscientas familias de desmovilizados de las Farc que hace años viven y trabajan en el espacio de reincorporación de Mesetas (Meta) están abandonando la zona por amenazas de ese grupo.
***********
La situación actual que vive el país plantea la necesidad de algún acuerdo o pacto nacional de todas las fuerzas políticas para consolidar un sistema democrático que se mantiene activo pese a todas las dificultades. No se puede negar que el Gobierno respeta la libertad de expresión y de empresa, no persigue a la oposición ni a la propiedad privada y ha logrado avances sociales que sería necio desconocer. Le falta priorizar y aterrizar su abanico de iniciativas —la de la “paz total”, por ejemplo— y ser más proactivo en la búsqueda de un gran acuerdo para frenar la expansión de la violencia regional y de un narcotráfico que no cesa su venenoso avance.
Pero algo debe quedar claro: Colombia no está ante el hueco negro que invocan los ya cansones profetas del desastre. Con tanto enfasis que es como si quisieran que nos hundiéramos en él.
