Uno puede pensar lo que quiera del gobierno de Gustavo Petro – particularmente tengo reservas sobre la capacidad ejecutiva suya y de su equipo– pero la reacción ante la captura de su hijo Nicolás es un ejemplo de dignidad personal y de respeto a las instituciones. El presidente Petro acepta la decisión y no trata de influir en ella cuando afirma: “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, y concluye: “como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso”.
Algunos dicen que el mandatario simplemente está cumpliendo con lo que ordenan la Constitución y la ley. Es verdad. Sin embargo, su posición marca una diferencia sustancial con los casos similares en la historia reciente.
Esa no fue la actitud del entonces presidente Álvaro Uribe cuando la Corte Suprema de Justicia investigó a su primo Mario Uribe por su vinculación con grupos paramilitares. Ni cuando su hijo mayor debía responder por su participación en el reparto de notarías en su gobierno o por el otorgamiento de una zona franca a una sociedad de sus dos hijos que los hizo multimillonarios a ellos y al alcalde de Mosquera cuya administración tomó decisiones indispensables para hacer posible el negocio.
En el primer caso, el entonces presidente Álvaro Uribe llamó a quien ocupaba la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado César Julio Valencia, miembro de la Sala Civil, para preguntarle por la investigación a su primo Mario. Cuando el magistrado hizo pública la abusiva comunicación, Uribe decidió entablarle un proceso penal en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes diciendo que mentía.
Además el DAS, que dependía directamente del presidente, investigó, sin orden judicial, los bienes del magistrado Valencia y de su abogado Ramiro Bejarano para ver si encontraban algo para enlodarlos. Un correo electrónico que hace parte de los expedientes judiciales muestra que la directora María del Pilar Hurtado recibió reporte sobre estos seguimientos ilegales.
El segundo caso fue así. La Corte Suprema de Justicia en desarrollo de la investigación por repartos de notarías durante el gobierno de Uribe compulsó copias para que la Fiscalía investigara a su hijo, Tomás Uribe, porque una notaria de Tunja aseguró en una conversación grabada que era cuota del hijo mayor del entonces presidente. Enfurecido Uribe citó a la prensa en la Casa de Nariño junto con sus hijos para decir que “bajo la gravedad del juramento” aseguraba que ellos no habían cometido ninguna falta. Aprovechó el escenario para atacar al magistrado Yesid Ramírez por atreverse a pedir que se investigaran los hechos.
Tomás se salió fácil. Bastó que la notaria negara lo que decía en la grabación asegurando que era solo un chiste. ¿Alguien lo encuentra gracioso? El magistrado Yesid Ramírez, señalado como el responsable del pequeño mal rato del príncipe, terminó investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
En el caso de la Zona Franca de los hijos de Uribe, la Fiscalía nunca averiguó por qué familiares de Álvaro Rozo, el alcalde de Mosquera, cuya administración hizo posible el fabuloso negocio de los señores Uribe, compraron, a precio de ganga, terrenos aledaños a la zona franca. Los señores Uribe, a través de una de sus sociedades, les vendieron las tierras por la tercera parte de lo que pagaron otros compradores. En un cuaderno encontrado en el allanamiento a una firma de abogados de Medellín está escrito: “Excluir la tierra del alcalde. El resto llevarlo a sociedad promotora de la Zona Franca de Occidente”. También dice “Las otras 19 Há para el (alcalde) a nombre de Luis Rozo y Efraín Fernández”.
El entonces presidente Álvaro Uribe nunca pidió que la Fiscalía investigara a sus hijos. En esos terrenos vendidos a familiares de Rozo crece hoy el Parque Industrial Santo Domingo de la empresa Arcast, que tiene entre sus accionistas al ahora exalcalde Álvaro Rozo y a su hija Yenny.
Como expresidente, Uribe tampoco encontró reprobable el negocio multimillonario de sus hijos con el alcalde de Mosquera. Es más, Yenny Rozo, la hija del afortunado, se convirtió el año pasado en senadora por el Centro Democrático, con patrocinio de Uribe. El expresidente dijo de ella: “Yenny Rozo representa los valores del Centro Democrático. Representa transparencia, cumplimiento, estudio, afecto por la comunidad”.
La conducta de Nicolás Petro debe ser investigada rigurosamente y dentro del debido proceso, su padre el presidente lo está facilitando. El contraste está a la vista.
