La ignota ‘ley rescate’

Todas las expectativas están puestas sobre la hasta ahora ignota ‘ley rescate’, que el Gobierno ha anunciado como la llave maestra del ajuste fiscal pero cuyo contenido aún no se conoce.

Las noticias dan cuenta que el Gobierno presentó el plan en Washington la semana pasada ante los banqueros (se supone que con el detalle suficiente para convencerlos de que las cosas van en serio). Pero en Colombia los pormenores del ajuste fiscal que se emprenderá todavía se desconocen.

Esta tardanza en poner sobre la mesa el contenido y las cuantificaciones de la ‘ley rescate’ empieza a tener costos graves para el país. En efecto, los mercados, que no creen en milagros sino en realidades concretas, han elevado las tasas de interés a las cuales están dispuestos a seguir prestándole a Colombia a niveles del 13-14 por ciento, niveles como no se veían desde los peores momentos de hace unos meses cuando el Gobierno Petro empezó a hacer piruetas con los bonos de deuda pública.

Se ha dicho que la ignota ‘ley rescate’ será un verdadero parteaguas en el funcionamiento todo de las finanzas públicas: en la manera como se diseña el gasto público y un intento heroico de austeridad que logrará economías equivalentes a 2 puntos porcentuales del PIB, lo que representa —en términos de ajuste fiscal— cerca de 40 billones de pesos.

Más aún: en esta ley y en las medidas que la acompañen —como será el plan cuatrienal de desarrollo (2026-2030)—, están cifradas las esperanzas para lograr revertir el calamitoso escenario fiscal que el Gobierno anterior nos dejó. Es la última oportunidad que tendrá nuestra Hacienda pública para no caer por el precipicio de la insostenibilidad y de la insolvencia de las cuentas públicas.

Pero habrá que correr a presentar la ‘ley rescate’, a explicarla ante la ciudadanía, y sobre todo a tramitarla ante el Congreso. No hay mucho tiempo. Inicialmente, el Gobierno había dicho que la ‘ley rescate’ llegaría a consideración de las cámaras en el mes de septiembre: ahora, en el mejor de los casos, llegará en octubre. Y como se supone que ella debe ser aprobada en esta legislatura, quedarían escasos tres meses para hacerla aprobar en un Congreso que (como la ley contendrá medidas fuertes y dolorosas) no será un hueso fácil de roer con una oposición levantisca, con un paro nacional en el horizonte, y con unas mayorías del Gobierno en el Congreso bastante frágiles.

El itinerario de la ‘ley rescate’ coincidirá también con el trámite del presupuesto nacional para la vigencia 2027, cuyo plazo límite de aprobación es el 20 de octubre a la medianoche. Vale la pena anotar que encima de los 635 billones de pesos que tiene como ‘monto’ el presupuesto del año entrante han llovido en las comisiones económicas infinidad de solicitudes de todos los ministerios alegando que requieren de apropiaciones de gasto adicionales a los que les han adjudicado. Súmele a eso los gastos del terremoto y los que va a acarrear el mega verano que se anuncia para este fin de año.

El ministro de Hacienda deberá realizar entonces la multiplicación de los panes presupuestales en este resto de año; y, al mismo tiempo, liderar el trámite de una exigente ‘ley rescate’ de cuyo éxito depende la sostenibilidad fiscal de Colombia.

POSDATA 
Aprobado el presupuesto de 2027 en las comisiones económicas por 635 billones de pesos, sigue ahora el debate en plenarias. Hay plazo hasta la medianoche del 20 de octubre para que quede aprobado definitivamente.
Llegó también el momento para poner sobre la mesa un plan de ajuste fiscal creíble sobre cómo se financiará el déficit que entraña el presupuesto aprobado anoche en primer debate; déficit que es de 60 billones de pesos. ¿Cómo se hará? ¿Más deuda? ¿Más impuestos? ¿Menores gastos? ¿O una mezcla de los tres anteriores caminos?

Pero una fórmula hay que encontrar y pronto.

El presupuesto del año entrante no se puede aprobar con un desfinanciamiento entre ingresos estimados y gastos autorizados de 60 billones. Sería un pésimo mensaje para la credibilidad fiscal del país.

Esta es la tarea prioritaria que deben emprender ahora el Gobierno y el Congreso. Y cuanto antes mejor.