El monstruoso Estado de Petro
3 Abril 2022

Sebastián Nohra

El monstruoso Estado de Petro

Hace unos meses la revista The Economist en su portada tituló que “Vuelven los tiempos de los estados grandes”. El esfuerzo fiscal y monetario que vino con la pandemia y los superpoderes que los gobiernos tuvieron para gestionarla recordaron el periodo de las dos guerras mundiales, momentos en los que el tamaño de los estados empezó a crecer de forma notable. En Colombia el Estado aumentó su tamaño de forma importante desde la Constitución de 1991, pero fue con los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque cuando se produjo un gran salto del gasto y la deuda pública. ¿Qué podemos esperar con estas elecciones?

El programa de Gustavo Petro, quien hoy tiene las mayores posibilidades de ser presidente, supone en esencia un aumento extraordinario del tamaño del Estado. El actual PNG de 350 billones es insuficiente para todas las nuevas obligaciones y promesas que el Pacto Histórico trae debajo del brazo y no han sido claros en explicar cuántos billones más el Estado debe gastar para que su programa sea realizable y no parezca lo que es hoy: una carta al niño dios. Veamos.

Petro propone que “el Estado le dé empleo a todo el que lo pida”. Un equipo multidisciplinario de la Universidad de los Andes analizó su programa y estimó que esta idea costaría 42 billones al año si se le garantiza un salario mínimo sin prestaciones a los 3,5 millones de desempleados que hay en el país. Sería absurdo pretender emplear mágicamente a tantas personas, pero solo con que medio millón entren a la nómina pública habría que hacer un esfuerzo enorme con recursos que hoy no hay.

Otra de sus grandes promesas es que la salud y las pensiones sean casi un monopolio público. Obligar a cotizar en Colpensiones hasta cuatro salarios mínimos supone darle al Estado el manejo de más del 90 por ciento de las cotizaciones de los trabajadores formales y el mercado que le sería posible acceder a un fondo privado es minúsculo. Y su idea de estatizar la salud es volver básicamente al esquema anterior a la Ley 100 de 1993 y dotar al Estado de una logística e infraestructura monumental que hoy no tiene.  

Por otro lado, la propuesta de condonarle la deuda a los 121.000 usuarios del Icetex significa destruir el patrimonio de la entidad, pues en sus balances los créditos son la gran parte de los activos de los bancos. Si se anulan las deudas tocaría refinanciar al Icetex con plata del Estado. ¿De dónde saldría si los actuales deudores no financiaran a los futuros estudiantes?

Además de inflar las nóminas de las entidades, crear nuevos ministerios y soñar un Leviatán gigantesco y multiusos, el Pacto Histórico promete más discrecionalidad presidencial e injerencia en la vida de los individuos y las empresas: elección de ganadores y perdedores vía grandes aumentos de aranceles, obligar a las empresas a repartir por lo menos el 70 por ciento de las utilidades, decretar emergencia económica desde el día uno de gobierno para tener poderes especiales, etcétera. El Estado llegará como nunca antes para estar sentado en las juntas directivas de las empresas y en nuestra cocina. Con sus ideas su gobierno más que ser interventor promete ser invasor, pretendiendo que las decisiones de su gabinete pueden ser más acertadas que millones de personas cooperando e intercambiando bienes e información. En vez de conducir el país quiere planificarlo y sabemos bien que altos niveles de planificación son algo incompatible con la libertad.

Por transparencia con el país, Petro debería precisar cuántos billones adicionales estima que necesita y si sus promesas estarán en armonía o no con la idea de bajar el déficit y la deuda que hoy pisan terrenos peligrosos. Por encima, sumando cuatro de sus principales propuestas, su gobierno necesitaría 65 billones adicionales, casi tres veces lo que buscaba recaudar la última reforma de Carrasquilla. Y si es cierto que lo financiará casi todo subiéndole los impuestos a las 4.000 familias más ricas del país como lo ha dicho, solo sería posible hacerlo una vez -pues no se puede gravar a quien quedó con muy poco- y recurriendo a mecanismos confiscatorios. 

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