En medio de discusiones jurídicas, controversia y críticas al proceso, este jueves el Congreso elegirá contralor general. Todo parece indicar que la puja final estará entre María Fernanda Rangel –la ungida por ‘Pipe’ Córdoba– y Carlos Hernán Rodríguez, la ficha del Gobierno disfrazada de meritocracia.
Después de que hace unas semanas los partidos tradicionales le manifestaran su apoyo, se daba por hecho que Rangel se quedaría en el cargo. Sin embargo –y como la palabra de un político varía de acuerdo con sus intereses–, las reuniones del presidente Gustavo Petro y Alfonso Prada con las cabezas de esas colectividades empezaron a voltear la torta a favor de Rodríguez, es decir, que ese respaldo público a la candidata del actual contralor podría cambiar dependiendo de la representación que tuviesen en el gabinete, mejor dicho, pidieron puestos.
El Gobierno no desaprovechó la oportunidad y buscó matar dos pájaros de un solo tiro, retribuir a los partidos que decidieron hacer parte del ‘Gran Acuerdo Nacional’ y negociar la Contraloría. Así fue como a cada uno le dio su tajada: Los conservadores se quedaron con el Ministerio de Transporte, pese a que Guillermo Reyes no tiene experiencia en el área y es señalado por presuntos plagios en su tesis doctoral y dos libros de su autoría, según denuncias de Rodrigo Uprimny y La Silla Vacía.
Los liberales obtuvieron los Ministerios de Vivienda y Justicia. Y al Partido de la U le correspondió el MinTIC, pero esa jugada salió mal. La ministra designada, Mery Gutiérrez, aún no se ha posesionado y sobre ella pesan graves cuestionamientos que la han tenido en el ojo del huracán desde que se conoció su nombre. Uno de ellos tiene que ver con demanda al Estado colombiano por parte de Programar Televisión, empresa de la que es socia mayoritaria. Además, El Reporte Coronell reveló la existencia de un acuerdo de accionistas de Programar Televisión, en el que la ministra se compromete a entregarle el 20 por ciento de esa compañía a Ruth Dary Forero, exdirectiva de Coldeportes.
En vista de todos estos líos, La U presentó una nueva terna para ese ministerio, pero el Gobierno ha guardado silencio al respecto. Lo que se sabe hasta el momento es que existen presiones dentro del Pacto Histórico para que Gutiérrez –también cercana a Hollman Morris– sea posesionada. ¿Por qué insistir en un nombramiento tan inconveniente? ¿Qué intereses hay detrás?
Lo cierto es que, después de las cuotas burocráticas, el tablero de los votos para contralor general se está moviendo y los candidatos están en una carrera contra el tiempo: María Fernanda Rangel, para no seguir perdiendo los apoyos que ya daba por sentados y Carlos Hernán Rodríguez, para seguir sumando. Mientras tanto, en el Congreso, las discusiones no dan tregua. El senador Gustavo Bolívar, uno de los más críticos de esta elección, ha estado promoviendo una campaña para que el voto de los congresistas sea público –no creo que tenga éxito su propuesta– y ha denunciado, además, que algunos congresistas están negociando las direcciones regionales de la Contraloría con los candidatos “para asegurar impunidad cuatro años más”. No dudo de que esto sea así, pero si no revela los nombres de quienes lo hacen, nada pasará.
El panorama no puede ser más desalentador. Estamos entre elegir a la cuota de Felipe Córdoba o que el presidente Petro ponga de contralor a quien más le conviene, agarrado del supuesto mérito. Eso también es jugar sucio y, sobre todo, es hacer lo que en campaña le criticó a Iván Duque y prometió no hacer: Intervenir en la independencia de los entes de control. Y si la cosa es así: ¡Que entre el diablo y escoja!
