He seguido con atención los desarrollos de los asuntos culturales y la reforma tributaria. He oído todo cuanto se ha dicho sobre el particular y leído todo lo que se ha escrito. Este parece ser el único país del mundo en que cada vez que se tramita una reforma tributaria, el sector cultural parte de cero y otra vez hay que lidiar y luchar porque lo ya conquistado se mantenga.
Ciertos asuntos, como los beneficios para el sector a partir de incentivos tributarios no deben ser objeto de batallas ideológicas. Los ministros y ministras en cualquier cartera deben procurar más y mejores condiciones para sus beneficiarios y conservar a toda costa lo ya logrado.
La ministra de Cultura y el ministro de Hacienda han reestablecido en parte la tranquilidad entre los creadores y en especial a la industria cinematográfica y del libro. Retiraron de la reforma tributaria, en la ponencia de primer debate, todos aquellos incentivos que querían derogar de acuerdo con el texto inicial presentado por el gobierno. Y aunque la ministra Ariza ha reiterado a través de los medios de comunicación que ella ha conversado con el doctor Ocampo para que se mantenga el incentivo establecido en el artículo 180 de la Ley 1955 de 2019 que no fue incluido en la ponencia mencionada, todos queremos ayudarles en esa conversación para que ese deseo compartido sea una realidad.
Lo cierto es que lo que se hizo mediante ese artículo 180 fue un acto de justicia, extendiendo un beneficio que demostró su impacto positivo y su pertinencia para la consolidación de la industria cinematográfica, para todo el sector de las artes. ¿O es que acaso la música, el teatro, el circo, o la danza son actores de segunda categoría en la vida cultural nacional? ¿Por qué el incentivo se va a establecer de nuevo exclusivamente para el cine si ya habíamos logrado extenderlo a las artes representativas?
El debate se ha centrado en que existen voces antagónicas a lo que en el gobierno Duque se conoció como la economía naranja. Y muy sinceramente creo que el manejo dado al tema fue poco afortunado con directrices dictadas desde la Casa de Nariño en ese período presidencial; resulta curioso por decir lo menos, que un libro del entonces presidente escrito en su paso como funcionario del BID titulado Economía naranja, se convierta en una ley por él tramitada en su condición de senador y bautizada con ese mismo moquete. Y una vez llega a la presidencia crea una política de gobierno con exacta denominación y hasta un viceministerio. Una política que en los cuatros años tuvo dificultades, altos y bajos, y donde gran parte del quehacer de la cartera se centró en intentar implementar la llamada economía naranja, en venderla al sector y al país, abandonando otros programas y proyectos fundamentales para las comunidades.
Sin embargo, uno de los aciertos de esa política se concreta en haber extendido el beneficio del que exclusivamente gozaba el cine a otras manifestaciones. El incentivo además permite que la empresa privada se vincule decididamente a contribuir al fortalecimiento del sector pues por cada peso que un contribuyente destine para financiar un proyecto cultural tiene la posibilidad de deducir un 165 por ciento de ese valor en su declaración de renta y eso es definitivo y enormemente atractivo para los inversionistas.
Co.crea por su parte es una entidad independiente del Ministerio de cultura, como debe ser, y es al sector de las artes representativas lo que es Proimagenes al cine. Si la ministra Ariza quiere revisarla y modificarla, es esa una tarea posterior. Para hacerlo es necesario salvar el incentivo. Sin este incentivo Co.crea muere de física inanición porque para que la cultura “deje de ser naranja y sea de mil colores” como lo quiere Patricia Ariza, criterio que compartimos, necesitamos que el incentivo que hoy se ha salvado para el cine no desaparezca para las otras áreas de la cultura. El gobierno se comprometió a construir sobre lo construido; es este un buen momento para demostrarlo, pero más que nada se trata de un acto de justicia.
