Hace unos días, el programa REM Colombia Visión Amazonía presentó el Mapa Biofísico y de Superficie Cubierta por Bosque Natural de Colombia, actualizado a 2024, lo cual es una muy buena noticia para el país. Se trata de una valiosa herramienta que será útil para escuelas, universidades, alcaldes, gobernadores, el Congreso, las autoridades ambientales, las comunidades y también para el nuevo gobierno que comenzará el próximo 7 de agosto.
Su elaboración exigió años de trabajo técnico, información oficial, modelación digital, pruebas de materiales y un proceso complejo para llevar el relieve y los datos de bosque a una pieza física.
Este mapa ayuda a mirar el país de otra manera. Permite ver el relieve, los ríos, las cordilleras, las zonas de bosque y los núcleos de deforestación. Además, tiene un valor pedagógico evidente. Colombia necesita que sus niños, sus jóvenes y sus dirigentes entiendan dónde están los bosques, cuánto queda, cuánto se ha perdido y qué territorios soportan la mayor carga de la destrucción ambiental.
La iniciativa tiene, además, un mérito institucional. Su elaboración fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Ambiente, el IDEAM, el IGAC y la cooperación internacional de Alemania, Noruega y Reino Unido. El último mapa en relieve de este tipo fue elaborado en los años noventa. Este nuevo trabajo tiene información actualizada y recoge una serie de datos que ya permiten ver la deforestación de una manera más detallada.
El mapa es importante por lo que muestra, pero también por las preguntas que obliga a hacer.
Colombia conserva todavía 59,1 millones de hectáreas de bosque natural. Eso equivale a cerca del 52 por ciento de su territorio. Pocos países pueden decir algo semejante. La Amazonía concentra 38,8 millones de hectáreas, es decir, cerca del 66 por ciento del bosque natural del país. Esa es una riqueza ambiental enorme, pero también una responsabilidad política de primer nivel.
El problema es que el país ha venido perdiendo bosque a una velocidad que no permite ignorar el problema. Entre 1990 y 2024, Colombia perdió 7,2 millones de hectáreas de bosque. En el periodo 2001-2024, la deforestación acumulada llegó a 3,49 millones de hectáreas, con un promedio anual de 145.802 hectáreas. En la Amazonía, durante ese mismo periodo, se perdieron más de 2 millones de hectáreas, es decir, un área equivalente a 11 veces el tamaño de Bogotá.
La cifra de 2024 confirma la gravedad del asunto. Colombia deforestó 113.608 hectáreas. En 2023 la cifra había sido de 79.256. El aumento fue de 34.352 hectáreas, alrededor del 43 por ciento. La Amazonía concentró 77.124 hectáreas, equivalentes al 68 por ciento de la deforestación nacional. Esto significa que, mientras se hablaba de la vida y el medio ambiente, el país seguía perdiendo superficies de bosque difíciles de imaginar para un ciudadano cualquiera.
En 2024, 528 municipios registraron al menos una hectárea deforestada, pero 25 municipios concentraron el 74 por ciento del total nacional. Cartagena del Chairá perdió 10.375 hectáreas; San Vicente del Caguán, 9.019; La Macarena, 8.589; y Calamar, 6.959. Cuatro municipios sumaron casi 35.000 hectáreas deforestadas.
También están identificadas las zonas críticas. Meta, Caquetá, Guaviare, Antioquia y Chocó concentraron el 73 por ciento de la deforestación nacional en 2024. Meta y Caquetá siguen siendo departamentos determinantes. Guaviare mantiene una presión histórica. Antioquia aparece como una alerta que no puede pasar inadvertida. También hay alertas en el Magdalena Medio santandereano, el nororiente antioqueño, la Serranía de San Lucas, el Catatumbo y la parte baja de Nariño, en el Pacífico, donde la presión sobre el bosque está asociada en buena parte a economías ilegales.
Es importante entender otra cosa: la deforestación no tiene una sola causa ni se combate con una sola herramienta. Hay campesinos que necesitan alternativas reales, seguridad jurídica sobre la tierra e ingresos compatibles con la conservación. Pero también hay grandes deforestadores, redes de acaparamiento, ganadería extensiva, praderización, infraestructura ilegal, cultivos de uso ilícito, tala ilegal, minería ilícita y expansión de actividades productivas sobre áreas que deberían estar protegidas.
Por eso no se puede responder igual frente a una familia campesina que tumba dos hectáreas para sobrevivir y frente a quienes destruyen 50, 80 o 100 hectáreas con capital, ganado, vías y capacidad de apropiarse ilegalmente de la tierra. Para unos se necesitan incentivos, asistencia técnica, economía forestal y presencia social del Estado. Para otros se necesita acción penal, extinción de dominio y autoridad.
Por eso, este mapa debe llegar al Congreso, a las gobernaciones, a las alcaldías, a los colegios, a las universidades y a los municipios donde se concentra la deforestación. Pero también debería llegar a la Casa de Nariño. El próximo gobierno no puede hablar de ambiente con frases generales. Ya hay información, hay medición, hay municipios priorizados, hay causas directas y hay una meta internacional: deforestación neta cero en 2030.
La pregunta es cuánta deforestación se compromete a reducir el próximo gobierno, con qué presupuesto, con cuáles instituciones y con qué metas anuales qué se puedan verificar.
P.S.: A Herman Bayona lo sacaron de la Vicepresidencia del FOMAG con una carta escueta, fechada el 22 de junio.
Bayona hizo bien su trabajo. Desde la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones venía cumpliendo un papel clave en la revisión de decisiones cuestionables del FOMAG, en la defensa de los recursos de los maestros y en la tarea de poner control en zonas donde se habían acumulado denuncias, contratos cuestionados, pagos bajo sospecha y manejos opacos. Su labor resultaba incómoda porque tocaba intereses millonarios.
A menos de dos meses de terminar el gobierno, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Buenas y malas.
Las preguntas son inevitables: ¿a quién incomodaba tanto Bayona?, ¿qué intereses tocó?, ¿quién necesitaba verlo por fuera?
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