La suspensión de las órdenes de captura a integrantes de bandas criminales: ¿Quién tiene la razón?

Como parte de su idea de avanzar hacia la consolidación de la llamada paz total, el gobierno solicitó al fiscal general la suspensión temporal de las órdenes de captura contra varios integrantes de “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, también conocidas como bandas criminales. La Fiscalía respondió desfavorablemente a esa petición con el argumento de que la actual legislación no permite adelantar negociaciones, ni celebrar acuerdos de paz con grupos armados “sin carácter político”; respecto de ellos, advirtió el fiscal, únicamente es viable un proceso de sometimiento a la justicia.

Aun cuando esta respuesta parece plantear una divergencia de fondo entre el Ejecutivo y la Fiscalía sobre la manera en que debe negociarse con las organizaciones criminales al margen de la ley, creo que ella es más aparente que real. El fiscal tiene razón al señalar que la ley establece una diferencia entre la forma como puede buscarse el cese de las actividades criminales de los grupos armados de origen político, y las de asociaciones criminales que carecen de esa naturaleza. Dado que ese distinto tratamiento está contemplado en una ley (la 2272 de 2022) impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso, no parece haber duda en cuanto a que estos representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial coinciden en que no se puede tratar a esos dos grupos de la misma manera.

Las guerrillas surgen como una manifestación de inconformidad con la estructura de la sociedad, usualmente referida a aspectos económicos y políticos; su propósito es conseguir -mediante el uso de las armas- que la estructura o el funcionamiento del sistema social cambien en la dirección que ellos creen es la correcta. Aun cuando para lograr esa aspiración cometen delitos comunes (algunos relacionados con el conflicto y otros no), es evidente que su origen facilita la búsqueda de una salida negociada con ellos. Si lo que pretenden es introducir cambios en la organización de la sociedad, es factible que el Estado discuta sobre su viabilidad y pueda lograr un consenso para avanzar en la consecución de esas modificaciones. Si ese coincidencia sobre los ajustes que deben hacerse al sistema político o económico se logra y se abre la posibilidad de realizarlos con las herramientas propias del estado de derecho, la lucha armada pierde su razón de ser, como se hizo evidente con la firma de los acuerdos de paz celebrados con grupos guerrilleros como el M-19 y las Farc.