Modernizar la idea del Estado

En Colombia discutimos permanentemente sobre el tamaño del Estado. Unos quieren reducirlo; otros ampliarlo. Pero casi nunca discutimos una pregunta más importante: ¿qué es, en realidad, un Estado moderno?

Las campañas presidenciales recientes mostraron una visión bastante limitada. Pareciera que el Estado solo tuviera tres funciones económicas: cobrar impuestos, distribuir recursos y garantizar la seguridad. Como si toda la discusión consistiera en decidir cuánto recaudar, a quién subsidiar y cómo repartir un presupuesto siempre insuficiente.

Esa mirada deja por fuera dos responsabilidades fundamentales. Un Estado moderno debe ser, simultáneamente, creador de riqueza y cuidador de la vida. Estas funciones no compiten entre sí; por el contrario, se necesitan mutuamente. Una sociedad que crea riqueza dispone de mejores condiciones para cuidar a sus ciudadanos. Y una sociedad que cuida bien a sus ciudadanos crea más riqueza.

Colombia ofrece un caso excepcional para comprender esta idea.

La Nación administra uno de los patrimonios más grandes de América Latina, pero hablamos sorprendentemente poco de él.

La Constitución establece que el subsuelo pertenece al Estado. Allí se encuentran petróleo, gas, carbón, oro, cobre, níquel, esmeraldas y minerales estratégicos para la transición energética. Solo las reservas probadas de petróleo representan activos cuyo valor bruto asciende a decenas de miles de millones de dólares.

Pero el verdadero patrimonio nacional es mucho mayor.

Más de la mitad del territorio continental permanece cubierto por bosques naturales que regulan el agua, almacenan carbono, protegen la biodiversidad y ofrecen posibilidades inmensas para la ciencia, la biotecnología y el turismo.

Somos también una potencia marítima que apenas comienza a descubrir el valor económico de sus mares. Diversos estudios muestran que los servicios ambientales generados por los ecosistemas marinos alcanzan magnitudes extraordinarias.

A ello se suman miles de kilómetros de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, hospitales, universidades, empresas públicas, activos financieros, bienes inmuebles y participaciones empresariales de enorme importancia.

Sin embargo, la conversación pública gira casi exclusivamente alrededor del presupuesto anual.

Discutimos apasionadamente el déficit fiscal, pero casi nunca preguntamos cuál es el rendimiento del patrimonio público, cuánto vale realmente, cómo evoluciona o qué capacidad tiene para generar prosperidad.

Es una diferencia semejante a la que existe entre administrar una empresa mirando únicamente el flujo de caja o administrar también su patrimonio.

Ningún empresario responsable actuaría de esa manera. Conoce el valor de sus activos, protege su capital, invierte para hacerlo crecer y mide permanentemente los resultados obtenidos.

¿Por qué el Estado habría de comportarse de otra forma?

Colombia necesita construir un verdadero balance patrimonial de la Nación. No para vender sus activos ni para convertir la naturaleza en mercancía, sino para conocer con rigor qué posee el país, qué rendimientos produce ese patrimonio, cuáles son sus riesgos y cómo puede aumentar su valor sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

Los países que han logrado transformar sus recursos naturales en prosperidad hicieron precisamente eso.

Noruega convirtió buena parte de la renta petrolera en uno de los mayores fondos soberanos del planeta. Singapur profesionalizó la administración de sus activos públicos mediante instituciones como Temasek y GIC. Los Emiratos Árabes utilizaron los ingresos del petróleo para construir una economía diversificada. Botsuana administró durante décadas con disciplina la riqueza proveniente de los diamantes.

La enseñanza es clara: la riqueza no depende solamente de los recursos disponibles. Depende, sobre todo, de la calidad con que se administran.

Esta perspectiva coincide con los planteamientos de la economista Mariana Mazzucato, quien ha cuestionado la idea de que únicamente el sector privado crea riqueza mientras el Estado se limita a regular y recaudar impuestos.

En realidad, buena parte de las grandes innovaciones de nuestro tiempo surgieron porque el Estado financió investigación, asumió riesgos que ningún inversionista privado estaba dispuesto a correr, formó talento humano y creó las condiciones para el desarrollo de nuevos mercados.

Naturalmente, ello no significa reemplazar al empresario ni convertir toda actividad económica en una empresa pública. Significa reconocer que el Estado puede ser un extraordinario creador de valor cuando actúa con profesionalismo, visión de largo plazo y criterios rigurosos de evaluación.

Pero allí no termina su misión.

Existe otra responsabilidad igualmente decisiva: cuidar.

Durante siglos la política se ocupó principalmente del poder. En el siglo XXI deberá ocuparse cada vez más del cuidado.

Cuidar la salud física y mental, la infancia, la alimentación, las familias, los adultos mayores, la naturaleza, la confianza entre los ciudadanos y la calidad de las instituciones.

El economista Richard Layard ha insistido en que una sociedad no puede medirse únicamente por su ingreso. El bienestar psicológico, la calidad de las relaciones humanas, la esperanza de los jóvenes y el desarrollo de los niños son también indicadores fundamentales del progreso.

No se trata de una afirmación sentimental. Es una realidad económica.

Las sociedades donde existe confianza cooperan mejor, innovan más, atraen inversión con mayor facilidad y reducen enormemente los costos de transacción. Por el contrario, la polarización permanente, la violencia y el deterioro de la salud mental destruyen productividad, debilitan las instituciones y empobrecen a largo plazo.

El cuidado produce riqueza.

La riqueza, cuando se administra con inteligencia, permite cuidar mejor.

Allí aparece una de las ideas más poderosas para pensar el futuro del país.

No necesitamos escoger entre crecimiento económico y bienestar social. Esa oposición pertenece a una manera antigua de entender el desarrollo.

El verdadero desafío consiste en construir un Estado capaz de administrar profesionalmente el patrimonio colectivo y convertir sus rendimientos en educación, ciencia, innovación, salud, infraestructura, confianza y oportunidades. Y, al mismo tiempo, que sea un Estado que fortalezca las capacidades humanas para que millones de colombianos puedan crear nueva riqueza mediante el conocimiento, el emprendimiento y la cooperación.

Cuando esas dos funciones trabajan juntas se produce un círculo virtuoso: el patrimonio genera desarrollo humano; el desarrollo humano produce innovación; la innovación crea nueva riqueza; y esa riqueza permite cuidar mejor a las personas y al patrimonio común.

Quizá allí se encuentre la verdadera modernización del Estado colombiano.

No en discutir indefinidamente cuánto recauda o cuánto gasta.

Sino en comprender que gobernar consiste, al mismo tiempo, en hacer crecer la riqueza colectiva y en cuidar aquello que hace posible una vida digna.

Esa es la visión de Estado que Colombia necesita para el siglo XXI.