Tribunal responsabiliza al Ejército por muerte de un trabajador: Estado indemnizará a la familia
El disparo que mató a un trabajador de ferretería lo hizo un miembro de un grupo criminal, pero el que tendrá que indemnizar a la familia es el Estado. ¿Cuáles son las razones? Le contamos.
Por: Juan David Cano
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Ejército Nacional por la muerte de José Luis Díaz Romero, un vendedor de ferretería asesinado en mayo de 2019 dentro de la ferretería donde trabajaba, en Caucasia (Antioquia).
La decisión es de segunda instancia y revocó un fallo anterior que había absuelto a la fuerza pública.
Así comenzó el sufrimiento para la familia de Díaz Romero
Todo comenzó el 7 de mayo de 2019. Una mujer llegó a la Ferretería La Hacienda diciendo que la enviaban los gaitanistas, el nombre con el que se conoce al Clan del Golfo en esa región, y dejó un número para arreglar el pago de una extorsión.
En los días siguientes hubo nuevas visitas. Una vez incluso les advirtieron a los trabajadores que si no pagaban no responderían "ni por los trabajadores, ni por la ferretería".
El administrador denunció el caso ante la Fiscalía el 10 de mayo y pidió apoyo al Gaula del Ejército, que montó un operativo, capturó a una mujer que fue a recoger el dinero y dejó a un soldado encubierto acompañando el local.
Pero la captura complicó todo. Un hombre que se hacía llamar Arnoldo llamó para amenazar de muerte al administrador. Este se lo informó al teniente a cargo, quien, según el expediente, restó importancia al asunto y lo atribuyó a delincuencia común.
Sin embargo, el 18 de mayo, mientras atendía el mostrador, José Luis fue asesinado a tiros. Ese día, el soldado encubierto no firmó la planilla de asistencia.
¿Por qué el Ejército y no la Policía?
Lo que la decisión tomó en cuenta es la falla del servicio. La reparación directa es el mecanismo con el que los ciudadanos reclaman al Estado por los daños que causa por su acción u omisión. El Estado no responde por cualquier crimen de un tercero, pero sí cuando conocía un riesgo real e inmediato y estaba en capacidad de evitarlo.
Y eso fue lo que encontró el Tribunal. Desde el 10 de mayo el Ejército sabía del peligro que corrían los trabajadores, de modo que el ataque no era imprevisible ni imposible de frenar. Las medidas, sin embargo, se quedaron cortas.
La misión del soldado era ante todo de inteligencia; no hay prueba de que estuviera en el local el día del crimen y, además, la orden que lo desplegó le prohibía intervenir si su vida corría peligro.
"Resulta inexplicable, además de incongruente, que en la orden de operación que dispuso la asignación de un agente “a cubierta” para acompañar al establecimiento y sus trabajadores y desarrollar tareas de inteligencia y recolección de información, se ordenara específicamente no adoptar ninguna medida de protección en caso de amenaza a los derechos propios o de terceros, lo cual ciertamente hace parte de la misión esencial de protección asignada por la Constitución y la ley a los integrantes de la fuerza pública, para lo cual pueden hacer uso de la fuerza letal, en caso necesario", cuestionó la Sala.
Para el Tribunal, tras la captura de la mujer era previsible una venganza, lo que hacía exigibles medidas adicionales de protección que nunca llegaron.
En cambio, con la Policía Nacional no se probó que la institución conociera las amenazas, así que no podía reprochársele una protección que no llegó.
Por todo lo anterior, el Tribunal ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional pagar 500 salarios mínimos en total por perjuicios morales a los familiares de la víctima.
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