“Podemos llegar a donde el Gobierno tiene difícil acceso”: Nils Grede, director en Colombia del Programa Mundial de Alimentos

A causa del terremoto de magnitud 7,4 el lunes 10 de agosto, el Gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) —que ya cuenta con nuevo director—, ha empezado el reconocimiento y caracterización de las personas y edificaciones damnificadas. A corte del miércoles en la mañana, el balance de la unidad dice que 388 municipios tienen afectaciones reportadas, lo que corresponde a 11.132 familias y 20.017 personas afectadas. Además, hay 24.272 viviendas averiadas o destruidas.

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Frente a esta crítica situación, las agencias de las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), han desplegado sus capacidades para atenderla. CAMBIO dialogó con Nils Grede, director en Colombia del PMA, sobre el procedimiento para decidir a quienes llevar alimentos, cómo se coordina con el Gobierno nacional y de qué manera se entregan los recursos.

CAMBIO: Circula la cifra de que la ayuda que dará el PMA es de 4.425 toneladas de alimentos, que corresponden a 565 mil canastas, para atender a 118 mil personas. ¿Es correcto?

N. G.: No exactamente. Las cifras que se mencionan son las existencias que tenemos hoy. Un poco más de la mitad de nuestro trabajo es humanitario y el resto son temas de desarrollo: alimentación escolar, protección social, nutrición. Lo llamamos doble mandato. Como cada año atendemos emergencias —desastres naturales como este, pero también víctimas del conflicto y migrantes—, y por eso siempre tenemos alimento en bodega. Esas son las cifras de lo que hemos ofrecido.

Entonces esas toneladas alcanzarían para unas 120.000 personas. Son un dato correcto, pero es lo que tenemos disponible en este momento. Son alimentos que íbamos a distribuir en otras emergencias. Todavía estamos respondiendo a las inundaciones de Córdoba y Sucre de febrero, y teníamos una emergencia de inundaciones en Casanare que justo estábamos por empezar a atender. Ese alimento estaba destinado a esas otras crisis.
Lo que hacemos es usar lo que tenemos en bodega para este terremoto, pedirlo prestado a esas otras zonas que debemos atender, mientras compramos más alimento. Para este temblor tenemos que recaudar fondos. Por ahora les estamos pidiendo a los donantes 20 millones de dólares. Calculamos asistir a 100.000 personas durante tres meses, pero es un estimado muy grueso, porque estamos en el día dos y la crisis todavía está evolucionando. Creo que la próxima semana tendremos un estimado mucho más exacto y quizá cambiemos lo que le pedimos a los donantes. De esos 20 millones tenemos cinco. Nos falta un 75 %.

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CAMBIO: El Gobierno nacional limitó la cooperación con insumos y al parecer descartó la ayuda de equipos extranjeros. En algún momento la ONU dijo que el gobierno no había solicitado formalmente la ayuda. ¿Cómo se están coordinando hoy con la administración De la Espriella?

N. G.: Tampoco nos ha llegado esa solicitud. El Gobierno se activó muy rápido, pero nosotros somos lo que se llama segundo respondiente. Como todas las Naciones Unidas, y como la sociedad civil, llenamos las brechas que el gobierno no alcanza a cubrir. En este momento todos estamos en la evaluación de necesidades, y esa la lidera el gobierno. No sabemos aún qué cantidad de alimento nos va a pedir. Primero hay que terminar la evaluación, y después el gobierno nos dice: necesitamos 100, tenemos 60, nos podrían dar 40. Así funciona en los países de renta media, como Colombia. Cuando una crisis es muy grande, es normal que un gobierno no tenga recursos para atender todas las necesidades, y las Naciones Unidas cubren las brechas. Somos el segundo respondiente.

Tenemos lo que se llama un equipo humanitario de país. Lo integran todas las agencias humanitarias de Naciones Unidas y también organizaciones de la sociedad civil. Ayer tuvimos una reunión en la que cada agencia puso sobre la mesa lo que tiene disponible para asistir. Estuvo el canciller Omar Bula, que agradeció la disponibilidad de las agencias y de las organizaciones, y pidió un momento de paciencia mientras el gobierno evalúa las necesidades. Yo entiendo que el gobierno sí nos va a solicitar asistencia.

CAMBIO: En cuanto al diagnóstico y la caracterización, ¿el Programa Mundial de Alimentos va a producir la suya o va a esperar el listado que consolide la Cancillería con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)?

N.G.: Nosotros validamos las cifras. Vamos, por ejemplo, a Pereira y Manizales, para ver las necesidades con nuestros propios ojos, pero también para analizar la mejor modalidad de entrega: si la asistencia debe darse en especie, es decir, alimento, o si se puede entregar en bonos o en efectivo. Hacemos nuestra evaluación, pero partiendo de la del gobierno, y vamos un poco más allá, porque determinamos cómo conviene entregar la ayuda. Yo pienso que en algunas zonas será en especie, mientras que en Manizales o Pereira podría ser un bono, porque lo aceptan todas las cadenas de supermercados y así la gente tiene acceso a productos frescos, como fruta, pollo y carne. Son suficientes para suplir las necesidades básicas de calorías y proteína, pero no le da a la gente la flexibilidad de escoger lo que más le gusta.

En el caso del efectivo, este se le entrega a la población. Cuando se determina que un hogar está damnificado y necesita tres meses de asistencia, le podemos dar la canasta de los siete alimentos —agua, arroz, frutos secos, lenteja, atún y leche en polvo— o un bono, que suele ser de 120 mil pesos por persona al mes: un hogar de cinco personas tendría 600 mil pesos. O el mismo monto en efectivo, que recogen en un punto de retiro de dinero en físico. Lo que hacemos es gestionar con gobierno y socios en qué veredas y a qué personas hacemos llegar la asistencia, porque ellos también están respondiendo.

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CAMBIO: En San José del Palmar, epicentro del terremoto, falta el balance de buena parte de la zona rural, al igual que el resto del Chocó, Risaralda y Caldas. La ONU también ha dicho que desconoce el impacto real en las comunidades rurales y remotas. ¿Cómo cuentan ustedes a esas personas que aún no han sido registradas por completo?

N. G.: El estimado de 100.000 personas es muy inicial. Lo hicimos ayer con base en el número de edificios damnificados, partiendo de que quien no puede volver a su vivienda tampoco puede sostener sus medios de vida y va a necesitar asistencia. Pero hoy ya son más de 20.000 viviendas damnificadas, cuando ayer eran alrededor de 10.000. Es muy posible que en uno, dos o tres días revisemos el estimado al alza y pidamos más fondos a los donantes. El otro elemento que no conocemos es cuántos recursos tiene el Gobierno; nosotros no vamos a poder proveer todo el alimento que necesita la población afectada, y el Gobierno será una parte importante. Por eso estamos coordinando con la UNGRD, para saber después cuál es la brecha y cuál es la solicitud que nos llega.

Eso incluye las zonas alejadas. En un temblor de este tipo es normal que primero se atiendan las ciudades, donde está la mayor parte de la población, y que llegar a las zonas remotas tome uno o dos días más. Ahí necesitamos un poco de paciencia. Espero que en esas zonas, donde las construcciones no suelen ser de varios pisos, haya menos damnificados o heridas menos serias, porque la gente logra evacuar rápido. Pero es un supuesto que hay que verificar.

CAMBIO: Cuando ya estén dispuestos a entregar las ayudas, sea en especie o en bonos y dinero, ¿cómo definen qué comunidades son prioritarias?

N. G.: La respuesta correcta sería decir que lo hacemos conjuntamente con la UNGRD, pero depende mucho del contexto local y serían las unidades de gestión de riesgos municipales o departamentales. Por ejemplo, cuando la gente está en albergues, como es el caso en Venezuela y como ya existe uno primero también en Quibdó, es bastante fácil porque quien está en un albergue ya no tiene casa, no tiene acceso a una cocina y suele ser una persona que ha perdido todo.

Un segundo mecanismo es lo que estamos haciendo también en Quibdó. Con un equipo de más o menos 50 personas, entre las unidades y el gobierno local, es de ir casa por casa de quienes siguen viviendo allí o fuera de ellas, recolectando información, dando una encuesta en un smartphone sobre la condición de la persona para determinar quién necesita la asistencia y quién no la necesita. Eso también se puede cruzar con el SISBEN.

Y una tercera opción que a veces se hace es que cuando un barrio está completamente destruido, toda la gente que vive ahí , sin llenar ninguna encuesta, recibe la asistencia. Lo que hacemos en estos casos es hacer una primera distribución y, al mismo tiempo, tomar los datos de las personas —cuáles son sus hogares, quiénes son, cuál es su estado socioeconómico, etc.—, para así determinar si en siguientes distribuciones no necesitan más ayuda.

Es importante señalar que en todo el mundo, en cualquier proceso, hay siempre errores de inclusión y exclusión. Entonces, nuestro objetivo como programa mundial de alimentos es de minimizar ambos errores, pero es peor el error de exclusión que el error de inclusión. Es peor dejar afuera a alguien que sí necesitaba apoyos que incluir un hogar que a lo mejor tenía sus propios recursos. Nuestra meta siempre es de minimizarlo y ahí también tenemos la carrera contra el tiempo. Entonces, si pudiéramos tomarnos dos semanas obviamente tendríamos una focalización más precisa, con menos errores. 

CAMBIO: En Venezuela el Programa Mundial de Alimentos combinó varios acercamientos: comidas calientes en los albergues, entrega directa de alimento, bonos. ¿Para Colombia se están considerando solo los bonos y la entrega en especie, o alguna otra modalidad?

N.G.: Yo pensaría que también vamos a ofrecer entrega de alimentos en los albergues, pero esos albergues apenas se están estableciendo. Estaríamos con nuestros socios, que podrían gestionar las cocinas, aunque es un poco temprano para darle esa respuesta. Claramente es algo que vamos a considerar. Por eso los equipos están analizando no solo si la ayuda debe ser efectivo, bono o alimento en especie, sino también en qué lugares. Donde hay albergues hay mucha gente que necesita comer, y ahí tendrían que ser tiempos de comida calientes. En Colombia llevamos años trabajando en comedores para los migrantes que caminaban por el país, y en este momento tenemos un proyecto con casi 100 comedores preparando comidas calientes, aunque no en las zonas del terremoto. Es algo que sabemos hacer.

CAMBIO: El país arrastra escándalos en la atención a desastres —como Mocoa y San Andrés— y sobre las inundaciones de este año la Contraloría dijo que hay muchos recursos sin ejecutar. ¿Qué mecanismos de trazabilidad tienen ustedes?

N. G.: Registramos a todos los beneficiarios que van a recibir asistencia con su cédula y su nombre, respetando las normas de privacidad: el beneficiario sabe y acepta que recolectamos esos datos. Tenemos cartas de entendimiento con varias instancias del gobierno para que la asistencia no se duplique; es clave comparar los listados con la UNGRD y con Prosperidad Social. El sistema seguramente se puede mejorar, pero es un esfuerzo para evitar justamente lo que usted menciona, porque para nosotros el mayor peligro es la duplicación. Como controles tenemos auditorías internas y externas, y estamos bastante vigilados por agencias nacionales; nuestros procesos aseguran, por ejemplo, que las compras sean competitivas y transparentes. Ningún mecanismo es perfecto, pero creo que son buenos, y por eso los donantes confían sus recursos a una agencia como el Programa Mundial de Alimentos.

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CAMBIO: Hay algo de lo que no se ha hablado: en muchos de estos territorios hay presencia de grupos armados, como en el Chocó. ¿Cómo se negocia el acceso humanitario a esas zonas rurales sin legitimar a esos actores ni poner en riesgo al personal de la agencia?

N. G.: Primero, en esas zonas por lo general entregamos asistencia alimentaria en especie. Segundo, somos un actor neutral. Justamente por eso podemos llegar a donde el gobierno tiene difícil acceso: como actor neutral e imparcial no tomamos posiciones políticas, somos humanitarios, hacemos llegar la asistencia a quien la necesita, y eso lo suelen respetar todos los actores del territorio. No hablamos directamente con los grupos armados, pero sí interactuamos con los líderes comunitarios. A veces no es fácil llegar. Cuando hay eventos de conflicto activo nos dicen: mejor no lleguen esta semana, vengan la próxima. Estamos en comunicación constante con los líderes, que normalmente tienen un gran interés en que la asistencia llegue y nos ayudan a que nuestro personal esté seguro.

CAMBIO: Las Naciones Unidas ha confirmado el despliegue de equipos de varias agencias en el territorio, a pesar de que no tiene un equipo de rescate. ¿En qué lugares se encuentran ya los efectivos del PMA?

N. G.: Gracias a Dios ninguno de nuestro personal resultó herido. Tengo contacto con las personas de nuestra oficina en Cali, que son alrededor de 25. Y también tenemos una oficina en Quibdó. Todos, a pesar de la situación, están trabajando. Además, desplegamos personal de otras oficinas para reforzar a quienes ahora tienen una gran carga adicional. Tenemos un grupo que se movilizó hacia Manizales y otro hacia Pereira.