Contraloría exige explicaciones por uso de avión oficial para transportar 'influencers' a evento de Petro en Barranquilla; la Policía respondió

La Contraloría General de la República pidió al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que rindan cuentas por el uso de una aeronave oficial para transportar a influenciadores y simpatizantes del Gobierno hacia Barranquilla. El viaje coincidió con el cabildo abierto liderado por el presidente Gustavo Petro en esa ciudad. 

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La polémica se desató por una foto publicada por el activista político Álvaro Moisés Ninco Daza, quien junto con varios influenciadores, posó en una selfie al frente de un avión de la Policía Nacional.

En una carta dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti, el ente de control solicita aclarar si existe algún tipo de convenio o contrato interadministrativo con la Policía Nacional que permita el uso de aeronaves oficiales para transportar personas que no son funcionarios públicos, como particulares o creadores de contenido. En caso de que dicho convenio exista, la Contraloría pidió copia del documento, así como los criterios bajo los cuales se seleccionan a las personas transportadas, el alcance de la medida y su justificación misional.

También solicitó al Ministerio explicar cuál fue su participación en la organización, logística y coordinación del vuelo hacia Barranquilla, y especificar si asumió los costos del traslado, indicando con cargo a qué rubro presupuestal se financiaron.

Además, la Contraloría pidió información detallada sobre los contratos suscritos entre el Ministerio del Interior y RTVC en los últimos cinco años (2020–2025). En particular, requiere copia de los contratos y sus anexos, estudios previos, documentos técnicos, análisis financieros y jurídicos, así como informes sobre la ejecución, cronogramas y la relación de eventos realizados o programados, con fechas, lugares, actividades y costos. También exige identificar a los funcionarios responsables del proceso contractual, desde su planeación hasta su supervisión.

Por su parte, al director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, le pidió confirmar si la aeronave utilizada pertenece al inventario de la institución, además de especificar su modelo, matrícula y la unidad responsable. También debe indicar cuál fue el objetivo oficial del vuelo, si se trató de un acto misional y, de ser así, bajo qué justificación.

Asimismo, se solicitó una lista completa de los pasajeros que viajaron en la aeronave, señalando su nombre, cargo o vínculo con la entidad, así como identificar a la dependencia que autorizó el vuelo y en qué norma o acto administrativo se basó esa autorización. La Contraloría también pidió conocer el costo total del vuelo, qué entidad lo asumió y con cargo a qué presupuesto, además de entregar copia de cualquier contrato, convenio o resolución que lo respalde.

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La respuesta de la Policía

Frente a las solicitudes, el general Rosemberg Novoa, responsable de la aviación de la Policía, explicó que el vuelo fue parte de un convenio interadministrativo firmado el 21 de febrero con el Ministerio del Interior y vigente hasta diciembre. Según dijo, este tipo de convenios, de los cuales actualmente hay 11 activos, permiten atender las necesidades logísticas, administrativas y misionales del ministro y su equipo.

Además, añadió que los aportes recibidos por estas alianzas ayudan al autosostenimiento de la aviación policial.

Por su parte, el ministro Benedetti afirmó en redes sociales que no se trató de un préstamo irregular de la aeronave, sino del uso legítimo dentro de un convenio interadministrativo que existe desde hace casi 20 años. Según él, la Policía “alquila” estos aviones al Ministerio del Interior para fines estrictamente misionales. Rechazó las acusaciones y las calificó como una “persecución”.