Gastos en bingos, gasolina y bailoterapias: los hallazgos de la Contraloría en la Nueva EPS

Once millones de personas en Colombia están afiliadas a la Nueva EPS. Es la entidad promotora de salud más grande del país, pero también la más enredada en sus cuentas y en su situación con la Contraloría General de la República, que a principios de esta semana reveló un nuevo informe en el que advierte acerca de una serie de gastos indebidos con la plata de la salud. 

CAMBIO conoció el documento de 72 páginas en el que el organismo de control expone sus argumentos para abrir procesos de responsabilidad fiscal e iniciar indagaciones preliminares por el uso y destino de los dineros de la salud durante la pandemia del covid-19 y pone contra las cuerdas a las 24 EPS que operan hoy en el país. 

El caso que más llama la atención es el de la Nueva EPS, que tendrá que explicarle a la Contraloría por qué y cómo se gastó 5,3 billones de pesos en el año 2020. A la Contraloría le generan dudas estos recursos porque se habrían ido a rubros que no tienen nada que ver con la atención en salud para sus usuarios.

Los gastos irregulares de la Nueva EPS en la pandemia, según la Contraloría

La auditoría especial de fiscalización financiera que hizo la Contraloría General de la República reportó cuatro hallazgos sobre la Nueva EPS que se habrían configurado con la plata que recibió esa entidad en 2020, una parte por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la prima que el Gobierno les gira todos los años a las EPS para que presten el servicio de salud y la otra por el desembolso de los presupuestos máximos. 

Sin embargo, según la entidad de control, durante ese año la pandemia del covid-19 hizo que bajaran considerablemente las atenciones a los afiliados. Eso debido a que las personas, por temor o por el encierro, no fueron a las clínicas y hospitales o simplemente no se enfermaron. 

En primer lugar, teniendo como fuente de información los estados financieros de la Nueva EPS, la Contraloría logró establecer que hubo “mayores valores pagados a terceros”, que resultan de la diferencia entre lo facturado versus lo que realmente se canceló. La entidad evidenció giros sin soportes por un valor de 2,1 billones de pesos. 

El otro rubro que cuestiona el ente de control fiscal es el que tiene que ver con el pago de deudas de años anteriores, es decir, deudas viejas que todavía siguen vivas. En el caso de la Nueva EPS fueron 2,7 billones de pesos que se usaron para ese objetivo. Incluso, dice la Contraloría, se cancelaron compromisos que tenía la empresa promotora de salud hace más de 15 años. 

El problema con ese gasto, según la Contraloría, es que se sufragó con recursos de la UPC y al ser un recurso público que sale del Presupuesto General de la Nación, esa plata tiene una destinación específica y, además, debe gastarse en la vigencia que es entregada. 

Eso no lo habría hecho la Nueva EPS ni las otras 23 entidades auditadas y, por eso, según la Contraloría, se estaría violando el principio de anualidad que tienen los dineros públicos. La autoridad insiste también en que la plata de la UPC solo se puede gastar en temas de salud y no en deudas que han contraído las empresas durante años pasados. 

Pero eso no fue lo único: hay otros dos ítems que llaman la atención y que también están en la lupa de la Contraloría. Se trata de los excedentes de los presupuestos máximos, que son los recursos para cubrir tratamientos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y que habrían sido ejecutados por fuera del marco legal. Acá se habla de 520.000 millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino que la Nueva EPS les dio.  

Finalmente, aparecen los gastos para temas diferentes a la prestación de servicios de salud que en la Nueva EPS suman 40.000 millones de pesos. Aunque las entidades promotoras de salud tienen derecho a destinar hasta un 8 por ciento de los recursos de la UPC en gastos administrativos para el caso del régimen subsidiado y hasta un 10 por ciento en el régimen contributivo, hay unos pagos que prenden las alarmas para el ente de control.

Honorarios, bingos, gasolina, biodanza y bailoterapias: algunos de los pagos 

CAMBIO conoció el detalle de los pagos completos que hizo la Nueva EPS en temas que no tienen nada que ver con la salud y que por eso hoy son objeto de investigación en la Contraloría General de la República. 

En el informe se habla de que la Nueva EPS tenía un crédito con Bancolombia para poder mantener liquidez y de esa forma atender obligaciones de corto plazo. Para el año 2020, el total de los desembolsos por concepto del préstamo ascendió a 1,4 billones de pesos. 

El ente de control revisó la forma en que se destinó la plata obtenida por ese crédito con Bancolombia, que después se habría amortizado con recursos de la UPC, y observó pagos que no guardan relación de causalidad con los servicios de salud, y, por ende, debían ser cubiertos con una fuente distinta. 

Esos rubros, diferentes a la atención de pacientes, fueron honorarios para la junta directiva de la Nueva EPS, patrocinio deportivo, adquisición de bronce, camioneta para la presidencia de la empresa, con su respectiva póliza todo riesgo, y hasta un anticipo de la revisión técnico-mecánica. 

En el informe de la Contraloría se detalla más: vales de gasolina, vales de alimentación, bonos de regalos, bonos de premiación por bingos, pago correspondiente a sesiones de acompañamiento para reforzar la metodología a los nuevos líderes, acompañamiento y pauta en radio, arrendamiento y producción de pauta en FOX, bailoterapias, clases de yoga, pilates y biodanza.
 
Además, impuestos como renta, reteica e impuestos de vehículos se pagaron con la plata de la UPC de la Nueva EPS que correspondía a los gastos administrativos. 

Ahora, mirando el informe de la Contraloría sobre los gastos que la Nueva EPS debía destinar a temas administrativos en 2020, y que no podían superar el 10 por ciento de los ingresos por concepto de la UPC, se evidencia que no los usaron todos y, por ende, no se pasaron del umbral permitido. 

Es decir, para el funcionamiento de la empresa o para sus asuntos de administración podían utilizar un total de 752.000 millones de pesos. De esos, se gastaron 366.000 millones de pesos, que equivalen al 48,6 por ciento del total que tenían disponible. Entonces, ¿por qué para la Contraloría habría una irregularidad? 

La explicación que da el ente de control sobre ese tema es que la misma Nueva EPS fue la que informó que con recursos de la UPC y no con cargo al porcentaje de administración, venía pagando los intereses y el capital del crédito que se utilizó para rubros diferentes a la atención del servicio en salud.

Además, la Contraloría realizó la visita ‘in situ’, en donde se obtuvo el detalle de los beneficiarios o destinarios de los créditos bancarios. En esa revisión se confirmaron los conceptos que no guardan relación con los servicios de salud y que además no fueron pagados con el monto permitido de los gastos administrativos. Por eso se configuró el hallazgo.

Los cuestionamientos al informe de la Contraloría 

A pesar de que el contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez, anunció con bombos y platillos los avances del informe con el que nuevamente abrió el debate sobre la forma como las EPS gastan la plata que los colombianos pagan por la salud, varias voces en el sector dicen no haber entendido la metodología de la fiscalización. 

CAMBIO consultó a varios expertos, quienes coinciden en que no se puede cuestionar el pago de deudas viejas con recursos de la UPC porque el principio de anualidad es inaplicable al aseguramiento en salud.  

Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, señaló que no existe ninguna norma que impida que se asuman compromisos de años anteriores. Explicó que el proceso contractual de facturas y recobro es el mismo de una empresa aseguradora. Si se aplica esa teoría, entonces no hay forma de poder pagarles a las IPS. 

“Yo le pediría encarecidamente a la Contraloría que nos explique el concepto de anualidad, porque por las características del sector eso generaría unos graves inconvenientes. No hay norma que diga que hay que aplicarlo porque aunque el argumento es que se trata de recursos públicos, estamos hablando también de parafiscales. Pero, además, si lo que se hizo fue pagar a clínicas y hospitales, no cabe decir que se violó la destinación específica de los recursos que precisamente se fueron para pagar a los proveedores de la salud”, indicó el exfuncionario. 

Lo mismo opina el exministro de Salud Alejandro Gaviria quien manifestó que el principio de anualidad, que es aplicable exclusivamente al régimen presupuestal en lo público, se está aplicando por primera vez a las EPS. 

“Es una tesis nueva y contradictoria. Las EPS no se rigen por el Estatuto Orgánico de Presupuesto. La Superintendencia de Salud ha promovido por años el pago de las deudas más viejas y nunca ha dicho que no puede hacerse con recursos de la UPC. Sea lo que sea, los recursos fueron usados para pagar prestaciones de servicios de salud del pasado. Si se aplica de manera generalizada el principio de anualidad, la función de aseguramiento se haría imposible y podría, además, llevar a una gran crisis financiera del sector”, aseguró Gaviria.

Entre tanto, Gustavo Morales, también exsuperintendente de Salud, dice que es absurdo aplicar el principio de anualidad a las EPS. “Ese principio solo aplica, y con muchas excepciones y matices, al sector central del Estado. Las EPS son empresas privadas que reciben una prima, como una aseguradora. Es como prohibirle a Seguros Bolívar que pague el 3 de enero un accidente de un automóvil que ocurrió el 28 de diciembre del año anterior”.

En contraste, la Contraloría explica su tesis asegurando que "de ninguna manera incluye la UPC, que se gira de forma anticipada a la causación del servicio, un rubro para pagar deudas propias de las EPS de vigencias expiradas, pues se trataría de un doble pago por parte del Estado en razón a que para las vigencias ya expiradas la UPC fue girada oportunamente".   

De todas formas los expertos consideran que el informe de la Contraloría tiene una buena intención, pero es confuso. Además, sobre los gastos que no tienen que ver con salud, explican que se debe revisar si, en el caso de la Nueva EPS, se pasaron del porcentaje permitido y también hay que tener claro cuál fue la fuente de financiación.

Eso teniendo en cuenta que las EPS tienen derecho a tener gastos como arriendos, vehículos, honorarios y demás. De otro modo no podrían funcionar. Los analistas consultados por CAMBIO también recuerdan que en muchos casos hay políticas de bienestar en las empresas prestadoras del servicio de salud y por eso no es atípico que hasta destinen recursos a clases de yoga o a otros temas que se salgan de su objeto social.

No obstante, son enfáticos en decir que si se hicieron desembolsos para temas diferentes a la atención en salud con la plata de los presupuestos máximos o con la UPC pero por fuera de los gastos administrativos, ahí sí se estaría configurando un problema mayor.  

¿Qué dice la EPS?

Por sus deudas con las clínicas y hospitales y su situación financiera, la Nueva EPS fue intervenida el pasado mes de abril por el Gobierno nacional. Es por eso que desde ese entonces, la empresa, que tiene un 51 por ciento de capital privado de las Cajas de Compensación y un 49 por ciento de recursos de la nación, es administrada por el agente interventor Julio Alberto Rincón.
 
CAMBIO dialogó con Rincón sobre el estado actual de la compañía y la investigación que adelanta la Contraloría General de la República. Frente a ese segundo tema, el interventor manifestó que están revisando con detenimiento la información para saber hasta dónde fue legal o no el pago de los dineros que para el ente de control hoy son motivo de indagación. 

Además recordó que la Nueva EPS, desde el año 2019, venía con pérdidas que no aparecían reflejadas y que sí hubo una parte de las reservas técnicas que se utilizó para pagar las deudas. “Estamos mirando la información para analizar la situación y dispuestos a brindar todos los documentos que la Contraloría, en el marco de su indagación, requiera”.

Justamente, sobre el otro problema que tiene la Nueva EPS y que se generó por las facturas no contabilizadas por servicios que se prestaron entre 2019 y 2023 y cuyos montos llegaron a los 5,5 billones de pesos, el interventor aseguró que eso ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación. 

El objetivo es establecer por qué se ocultaron gastos y deudas que la compañía tenía con las clínicas y hospitales. “Lo que queremos es tener claramente identificado el problema para saber cuál puede ser la solución de fondo”, puntualizó. 

La junta directiva de la Nueva EPS para la época de los hechos, conformada por dos miembros del Gobierno nacional y representantes de las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar, emitió el pasado 18 de junio de 2024 un comunicado aclarando que nunca fue informada ni por el presidente de la empresa, ni por el revisor fiscal, ni por los auditores, de la existencia de facturas que no estuvieran adecuadamente contabilizadas en los estados financieros de la empresa. 

CAMBIO intentó comunicarse también con José Fernando Cardona Uribe, quien fuera presidente de la Nueva EPS hasta el año pasado, pero al cierre de esta publicación no ha obtenido respuesta. 

Lo cierto es que la Nueva EPS, que existe desde 2008 cuando absorbió a todos los afiliados al Instituto de Seguro Social, es la apuesta del Gobierno para hacer la transición entre el sistema actual de aseguramiento y el cambio que se buscará cuando se intente de nuevo tramitar la reforma a la salud. 

Si el objetivo es que la mayoría de los colombianos sean usuarios de esa entidad, todavía quedan muchas dudas que aclarar.