La ínfima suma que deberá pagar el distrito por la muerte del bebé de una contratista

Diana Katherine Arias, excontratista de la Secretaría de Integración Social

Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño

11 Agosto 2023

La ínfima suma que deberá pagar el distrito por la muerte del bebé de una contratista

En 2016, durante su trabajo con habitantes de calle, una contratista de la Secretaría de Integración Social embarazada se contagió de varicela y se la transmitió al hijo, que murió poco después de nacer. Ahora la Justicia ordena al Distrito a indemnizarla por haberse negado a trasladarla, a pesar del riesgo que corría.

Por: Iván Serrano

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Dos días después de la navidad de 2016, el pequeño Emanuel Santiago Sánchez, de 58 días de nacido, murió en los brazos de su madre, Diana Katherine Arias, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

Han pasado 7 años y Diana no puede contener las lágrimas cada vez que habla de la pérdida. Emanuel sufrió lo indecible por causa de su enfermedad. El bebe nació con diagnóstico de herpes zoster, sin visión, con problemas en su hígado y luxación de cadera. Diana atribuye el cuadro clínico de su bebé la varicela con la que se contagió en el embarazo. Un análisis hecho en el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana descartó que los padecimientos de salud del pequeño Emanuel obedecieran a causas congénitas.

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Diana ingresó como contratista a la Secretaría de Integración Social en 2015. Para la joven mujer este trabajo representaba el único ingreso para solventar sus gastos; debía seis meses de arriendo, y con su trabajo podía pensar en conformar una familia y crecer laboralmente.

En 2016, quedó embarazada de su primer hijo, a quien llamaría Emanuel.
El trabajo de Diana implicaba riesgos y mucha entrega. Consistía en ofrecerles atención a habitantes de calle. Debía buscarlos en sus cambuches y trabajar en hogares de paso en donde algunas de estas personas pasaban las noches.

A un mes de su embarazo, la contratista le solicitó a sus superiores que la reubicaran de su lugar de trabajo, de tal manera que pudiera seguir cumpliendo con sus obligaciones y no exponerse a situaciones riesgosas de salud.

Para la joven mujer este trabajo representaba un ingreso para poder solventar sus gastos, debía 6 meses de arriendo, y con su trabajo podía pensar en conformar una familia y crecer laboralmente.


La solicitud le fue negada y fue asignada a un centro de acogida ubicado en la localidad de Puente Aranda. Estando trabajando allí, ocurrió el desalojo de los habitantes del Bronx y muchos habitantes de calle fueron atendidos en estos centros.

Diana asegura que, aunque usaba tapabocas, este no le sirvió de mucho. Estando en la biblioteca del centro de acogida Oscar Javier Molina, un habitante de calle se le acercó a hablarle y la saliva de él le cayó en un ojo. La contratista afirma que cuando reparó en las manos del hombre, se dio cuenta de que tenía una erupción en la piel.

Días después fue incapacitada por varicela. A pesar de sus ruegos e insistencias, y de ser sujeto especial de protección de derechos a causa de su embarazo, Diana Katherine no fue reubicada. 

En octubre, le dieron una nueva incapacidad por el alto riesgo gestante y los antecedentes de varicela, pero la joven tuvo que ir a trabajar, porque, según su testimonio, la subdirectora para la adultez no podía enterarse de su incapacidad porque corría el riesgo de que no la volviera a contratar. La subdirectora era la señora Myriam Cantor.

Myriam Cantor, exsubdirectora de adultez de la Secretaría de Integración Social de Bogotá


En noviembre, la condición de salud de la contratista no mejoraba. Fue de nuevo internada y tuvo que ser sometida a cesárea. Luego vino la muerte del pequeño, ocurrido 58 días después.


El fuerte regaño de la Justicia a la Secretaría de Integración Social

Aunque no se pudo probar que Diana Katherine Arias fue contagiada con varicela por un habitante de calle, lo que no tiene discusión es que su contagio si ocurrió cuando era contratista en la Secretaría de Integración Social, la encargada de implementar las políticas para las poblaciones más vulnerables en Bogotá. Ante la negativa de la supervisora de la contratista de reubicarla o suspenderle el contrato, el juez de primera instancia afirmó:

“Negar la suspensión de un contrato de prestación de servicios de una gestante en alto riesgo, con epilepsia y varicela adquirida a la semana 11 de gestación, por un asunto meramente burocrático, es nada más y nada menos que una muestra de acoso laboral de mujeres en estado de embarazo, también llamado 'mobbing materna', lo que se traduce indudablemente en la prueba de la pérdida de oportunidad de la gestante para contar con el cuidado requerido por su salud, de acuerdo a conceptos médicos, lo que deviene nuevamente en la pérdida de oportunidad de protección de la salud e integridad personal de la gestante y de su hijo”.

El juez también reconoció el riesgo que implicaba para la salud de la contratista atender población vulnerable estando en embarazo. “Lo cierto es que la contratista prestaba sus servicios, con presencia directa y física, en contacto permanente con población vulnerable con problemas de salud por su constante exposición a factores de riesgo biológicos, sanitarios, químicos, físicos y sociales, como habitantes de calle y personas dedicadas a la prostitución, circunstancia que supone para la contratista una exposición permanente al riesgo de resultar afectada, ella y su hijo, en su salud e integridad. Esta circunstancia, sabida y conocida por la contratante, resulta suficiente para concluir que existía gran probabilidad de adquirir alguna enfermedad que pusiera en riesgo su vida y su salud, de no tomarse medidas especiales de protección.

En el proceso también se conoció una recomendación de la ARL Positiva, para que la contratista fuera trasladada a un lugar donde no estuviera en contacto con personas potencialmente enfermas.

Pero nada de esto fue suficiente para que la señora Myriam Cantor accediera a las peticiones de la contratista. En segunda instancia, los magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenaron a la Secretaría de Integración Social a pagar 50 salarios mínimos a Diana Arias, un poco más de 58 millones de pesos. Los padres de la contratista recibirán la misma suma, también en calidad de víctimas.

Luego de perder a su hijo, Diana no volvió a ser contratada en la Secretaría de Integración Social. Le contó a CAMBIO que tuvo que vender arepas en la calle, limpiar casas e incluso hacer labores de reciclaje para poder llevarse un pan a la boca, y que solo volvió a conseguir empleo hace siete meses.

La suerte de la señora Myriam Cantor, quien además en su momento demandó a Diana Arias por injuria y calumnia, fue bien diferente. Siguió trabajando en la Secretaría de Integración Social y actualmente es asesora del despacho de la secretaria Margarita Barraquer.

Margarita Barraquer, secretaria de Integración Social de Bogotá

 

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