Ley de garantías: el otro dolor de cabeza para los contratistas por prestación de servicios

Este año inició lleno de presiones para los cerca de 700.000 contratistas por prestación de servicios que trabajan para las entidades estatales en Colombia. Por un lado, los acosa el Plan de Formalización, que ya tiene en marcha el Gobierno nacional; por otro, la Ley de Garantías Electorales, que aprieta mucho más cuando se acercan los comicios.

El objetivo del Gobierno de Petro es reducir tanto como se pueda la vinculación de personas a través de los contratos por prestación de servicios, porque considera que no dignifican a los trabajadores y encubren relaciones laborales, a pesar de ser un contrato civil sin derecho a prestaciones sociales.

Desde los primeros días de este año, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) fijó un plazo de cuatro meses a que todas las entidades estatales del orden nacional y territorial para que hagan estudios técnicos y determinen cuántos contratos se van a suprimir y cuántas plazas temporales se crearán.

Después de ese mismo periodo, las entidades solo podrán vincular contratistas por prestación de servicios si es estrictamente necesario y para labores muy puntuales. Lo anterior ha provocado que, en la mayoría de las entidades públicas, los contratistas hayan firmado su vinculación solo hasta abril y no tengan certeza de qué pasará con su situación laboral después.

La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, comentó que el plazo le parecía muy corto. Así también lo vio la Procuraduría, que se pronunció diciendo que el plazo de cuatro meses "es insuficiente" y podía generar "una parálisis del Estado". A pesar de esto, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha mantenido su postura.

Los sindicatos también han puesto el grito en el cielo. pues consideran que en 120 días es casi imposible hacer estudios técnicos rigurosos, aún más en entidades tan grandes como los ministerios. A lo anterior hay que sumarle una nueva camisa de fuerza para los contratistas que aspiran a renovar: las elecciones territoriales.

La Ley de Garantías y su impacto en los contratos por prestación de servicios

La Ley 995 de 2005 establece las garantías para que la jornada de elecciones se lleve a cabo con la mayor transparencia posible. En resumen, la norma fija que durante los cuatro meses previos al día de las elecciones apliquen varias restricciones, dependiendo del tipo de elección.

En el caso de las presidenciales, se les prohíbe a las entidades públicas desarrollar procesos de contratación directa, como la vinculación vía prestación de servicios, algo que no aplica en las elecciones locales. Lo que sí se restringe en las elecciones territoriales es la modificación de la nómina de las entidades:

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“No podrán modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa, es decir, en caso de nombramientos en período de prueba de quienes hayan sido seleccionados en los concursos de méritos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil”, se lee en parte del texto de la norma.

En ese sentido, después del 29 de junio las entidades públicas no podrán modificar sus nóminas, es decir, que las reestructuraciones sugeridas en la circular conjunta del Departamento Administrativo de la Función Pública para ejecutar el Plan de Formalización del Empleo Público tendrán que hacerse antes de esa fecha.

De esta manera, los estudios técnicos, los cálculos presupuestales, la creación de las plantas temporales, la desvinculación de miles de contratistas y las reestructuraciones a las que haya lugar en cada entidad tendrán que hacerse máximo en seis meses. Aún si el Gobierno decidiera extender el plazo de los cuatro meses, la Ley de Garantías Electorales representa un obstáculo imposible de saltar.

Además, la época electoral puede propiciar a que, en medio del revolcón en los miles de contratos por prestación de servicios en el primer semestre de este año, intereses políticos empiecen a mediar para la continuidad o no de los contratistas, especialmente a nivel regional. Según las directrices del Gobierno, las entidades estatales podrán renovar los contratos firmados por cuatro meses por un periodo igual en caso de que todavía no se haya suplido la necesidad que los justifica. Por ello, la dinámica de las renovaciones periódicas puede generar chantajes por parte de superiores hacia los contratistas.

Por ahora, el Departamento Administrativo de la Función Pública viene adelantando reuniones con entidades locales para acompañarlos en el proceso de transición y limar las asperezas por las quejas de violación de la autonomía administración que han hecho entes territoriales como la Alcaldía de Bogotá. Mientras tanto, las dudas persisten y los contratistas todavía no saben hasta cuándo encontrarán su sustento en el Estado.