¿Ya no quieren hacer el rural? Médicos denuncian difíciles condiciones en servicio social y le responden al ministro de Salud
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El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que los médicos no están recibiendo buena educación y que ya no quieren hacer el año de Servicio Social Obligatorio. Sin embargo, la realidad es muy distinta a la que pinta el funcionario, según testimonios de los doctores.
Por: Pía Wohlgemuth N.
Puerto Merizalde es un caserío a tres horas en lancha de Buenaventura. Es, como dicen, una zona roja. No hay servicios públicos y la energía, proveniente de plantas eléctricas pequeñas, la desconectan a medianoche. Justo ahí queda el Hospital San Agustín, en donde José Giraldo hizo su año rural entre 2022 y 2023, tras ganarse esa plaza en el sorteo del Servicio Social Obligatorio (SSO).
En su primera semana en el pueblo, Giraldo recibió una amenaza de una persona en la calle, solo porque iba vestido con su uniforme de médico. Como era una zona de conflicto, no le prestó mucha atención, ya sabía que cosas como esa podían ocurrir.
El médico compartía el liderazgo del hospital con dos médicas más del SSO. Ellos eran la última figura de autoridad y por eso todas las decisiones importantes estaban a su cargo, las 24 horas de los siete días de la semana. Pero tomar decisiones en medio de la falta de agua, cortes de electricidad y escasez de todo tipo de medicamentos, hasta los más básicos, era difícil.
Recuerda que más de una vez tuvo que atender partos antes de que saliera el sol. Como no había electricidad, alumbraba con la luz de su celular. Después de eso, atendía a los pacientes de consulta externa, 24 todos los días, y recibía a quienes llegaban por urgencias baleados, cortados, heridos. Muchas veces, no quedaban registros de las personas que visitaban el hospital porque no había luz para anotarlas en el sistema y cobrarles. Por eso, también, puede que haya un subregistro de la cantidad de pacientes atendidos.
Una de las médicas del hospital renunció por motivos de salud mental y la exoneraron de su plaza. Giraldo y la otra médica del SSO, como él, quedaron a cargo del hospital. Cada uno tenía derecho a cinco días de descanso al mes, pero eso implicaba dejar a su compañero solo frente al equipo de enfermeros y enfermeras de la entidad que les consultaban antes de casi cualquier decisión.
“El volumen de pacientes era menos que en una ciudad, pero no había insumos, entonces a veces uno se tenía que llevar al paciente en lancha hasta Buenaventura. Yo tuve que atender un parto en una lancha supuestamente medicalizada, que no era realmente así. También me pasó que un paciente llegó convulsionando, con epilepsia, y no había medicamentos. Yo era el único médico, porque mi compañera renunció y la otra estaba descansando sus cinco días del mes. Tenía que cubrir los cinco días seguidos sin descanso”, relata Giraldo.
No había condiciones de higiene mínimas para atender a los pacientes cuando no había agua. El médico recuerda una sequía de cinco días por la que no se pudo bañar. Le tocó recurrir a unos pañitos húmedos que había comprado tiempo atrás en Buenaventura. Algunas veces les decían que se bañaran en el río Naya, pero este está tan contaminado que Giraldo prefería no hacerlo. Si no había agua ni para bañarse, ¿cuáles eran las condiciones de salubridad en la entidad de salud?
La situación de Giraldo tristemente no es la excepción: diariamente médicos, aspirantes a médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector salud se enfrentan a estas o peores condiciones en Colombia. Condiciones que millones de personas habitantes de estas zonas deben afrontar. Cuando los médicos rurales se van, los problemas de ausencia estatal persisten. No es solo sobre el sistema de salud, las comunidades se enfrentan a oleadas de violencia, falta de agua, electricidad, comida, transporte y más, como se evidencia en los relatos conocidos por CAMBIO.
A raíz de los problemas que vivió en Puerto Merizalde, Giraldo interpuso una acción legal contra el Estado por la violación a sus derechos laborales.
Fuertes críticas del ministro de Salud
Todos los médicos, al finalizar la carrera de medicina, enfermería, bacteriología y odontología deben realizar el Servicio Social Obligatorio (conocido como "año rural").
El 10 de febrero pasado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lideró una audiencia pública por la reforma a la salud en la ciudad de Pasto, Nariño. Allí lanzó una pulla en contra de los futuros médicos:
"No estamos educando adecuadamente, en algunas partes, a nuestros médicos. O de pronto los médicos están pensando es que quieren solamente investigación o que apenas terminen se van a ir para los Estados Unidos a otro tema diferente. Ya no quieren ir a un rural, el agua del Amazonas les da alergia (...) creo que tiene que haber más conciencia social de parte de todos nosotros", dijo.
En ocasiones, los seleccionados para algunas plazas de su año rural piden que se las cambien por motivos de salud, seguridad u otros.
"¿Cómo vamos a llegar? Por eso la paz total, se mofan del presidente porque habla de la paz total”, agregó Jaramillo, refiriéndose a los problemas de orden público en algunas zonas por cuenta de las disidencias, el Clan del Golfo o el ELN.
Para Giraldo, las palabras del ministro son ofensivas. Insiste en que la educación médica en Colombia es excelente, actualizada, activa. “El problema es que las condiciones laborales son pésimas. ¿De qué sirve tener el conocimiento si no hay nada, solo líquidos y para canalizar el paciente? Es frustrante. El ministro no sabe que a veces nos enfrentamos a condiciones laborales terribles. El Código Nacional del Trabajo dice que son máximo 66 horas semanales y eso se pasa volando. Segundo, el reconocimiento de prestaciones sociales es paupérrimo. Yo llevo meses peleando por mi liquidación. ¿Qué haría el ministro si tuviera que pasar cinco días de turno y sin bañarse en un rural?”, señala.
Problemas de seguridad
La historia de Giraldo se asemeja a la de Cielo Casas. Ella estuvo en la plaza de SSO en El Bagre, Antioquia, en donde en 2019 asesinaron a un médico. Trabajaban en la clínica del pueblo y, aunque era privada, no había tampoco insumos ni tecnología suficiente para la población de más de 51.000 personas. “No había imágenes, radiografías (...) había escasez de medicamentos, al punto de que una vez nos quedamos sin acetaminofén para los niños. Nos quedamos sin nada, teníamos que combinar medicamentos. Las instalaciones eran deficientes, más de una vez atendí partos sin ventilación, yo sudaba, uno trabaja con lo que tiene, pero es muy difícil”, recuerda.
Lo que dice el ministro sobre la seguridad lo viven los médicos del SSO en carne y hueso. Casas cuenta que cuando acababa de llegar a la plaza comenzó una ola de violencia. Aparecieron cuerpos en el río y la foto de una persona decapitada y empalada rondaba por WhatsApp. Fue tan fuerte la escalada violenta que prefirió quedarse encerrada en su habitación en sus días de descanso.
La verdadera pesadilla se dio cuando Casas y su compañera del SSO contaron en Twitter algunas anécdotas de su vida en El Bagre. Hablaron de las dificultades para encontrar dónde vivir y de cómo las inundaciones en el pueblo hacían que ni las botas de lluvia fueran suficientes. Por eso se ganaron amenazas de parte de la población. Durante varios días las acosaron, les enviaron mensajes por WhatsApp, le tomaban fotos a la fachada de la clínica y les decían que se fueran.
No recibieron atención de ninguna autoridad. El municipio las responsabilizó por todo, pues según cuenta Casas, les dijeron que por hablar sobre el pueblo ellas mismas se habían puesto en riesgo. Tuvieron que huir de allí y dejar casi todas sus pertenencias. Se llevaron su ropa, un gato y un conejo que habían adoptado allí. Después comenzó un proceso legal. Pudieron continuar su Sso en otra plaza.
“Ha sido doloroso, pero al mismo tiempo ha sido un abreojos gigante a lo que esconde el ministerio. Tiene en sus manos el SSO y ni siquiera velan por los derechos laborales (...) si las cosas salen mal, si matan, si secuestran, no es como lo pintan en redes. El SSO no es más que una explotación laboral disfrazada de vocación”, dice Casas.
Denuncias y procesos legales
El abogado Édgar Torres, de Beccaria Lawyers, ha trabajado en la defensa legal de varios casos como estos. Uno de ellos sucedió en Zapatoca, Santander. Una médica del SSO recibió una puñalada, solo poco después de que le llegaran correos amenazantes a su compañera, también médica del rural. No hubo protección ni atención de la gerencia de la institución y el Gobierno nacional guardó silencio, una vez más.
Otro de los casos que ha atendido Torres, y que también se hizo conocido por redes sociales, es el ocurrido en Barranca de Upía. Allí, durante la temporada de elecciones, un paciente herido ingresó a la institución. Cuando los dos médicos rurales lo estaban atendiendo, otras personas entraron para intentar “rematar” al herido. Aunque el video se viralizó en redes sociales, no ha habido atención de parte del Gobierno.
Para Torres, el riesgo y la desatención de los médicos rurales es tal, que “el servicio militar tiene más garantía”. Lo dice, porque las personas con dificultades físicas o psicológicas son eximidas de situaciones de peligro en el Ejército, mientras que con los médicos en el SSO no es así.
No hay tiempo para estar enferma
Catalina Cerón, médica egresada con honores de la Universidad Icesi, estudió su carrera y, en paralelo, crió a una hija. Por eso, su esperanza siempre fue hacer su año de SSO en una plaza segura desde la cual pudiera moverse con alguna facilidad para verla.
Quedó asignada en el hospital de Quimbaya, Quindío. Le dijeron que, al menos, allá pagaban a tiempo, como no pasa en muchos otros centros de salud. "Ya sabes que te van a explotar, pero al menos que te paguen", cuenta Cerón.
El hospital es de primer nivel y por eso, solo cuenta con lo más básico. Sin embargo, no está en una zona roja y Catalina Cerón pensó que podría hacer su año rural allí sin contratiempos. Los problemas comenzaron rápido: la disponibilidad exigida era casi permanente, por lo que las horas extras se acumulaban. No obstante, en esa plaza no pagan por el tiempo trabajado por fuera del horario normal, sino que, en teoría, dan compensatorios.
"Al final del mes te dicen que hiciste 190 horas y uno está tan ocupado que uno no revisa, pero luego se pone a ver y nota que hizo 300 horas, 250 horas, y nadie te reconoce eso, porque ellos dicen que no pagan horas extras, sino solo con días compensatorios, pero esos también se los roban", denuncia.
Las horas de trabajo eran largas e intensas. Hay más de 23 médicos en la entidad, pero descansar es casi imposible. Incluso, Cerón cuenta que las horas de almuerzo no se respetaban generalmente.
De todas formas, decidió hacer horas extras -reemplazando a otros– para tener más ingresos. Vivía cansada, pero tenía que cumplir con su horario y hacer lo posible por recibir un poco más de salario.
En octubre del año pasado, esta médica comenzó a sentir dolor en todo su cuerpo. Le dolía la cadera, las rodillas, los codos y más. La diagnosticaron con artritis, aunque algunos le decían que era psicológico.
Al poco tiempo, le dio una gastroenteritis muy fuerte, tuvo diarrea y vómito durante más de una semana. Esto no bastó, dice, para que le dieran una incapacidad en el hospital donde trabaja. Le permitieron descansar algunas horas, desde las cinco de la tarde de un día hasta la medianoche. Eso fue todo.
Cerón estaba tan grave que trasladó a Armenia a un paciente con un derrame cerebral y vomitó más de una vez mientras lo atendía. "Ni siquiera le vi los signos vitales, se me hubiera podido morir ahí", recuerda.
Después, obtuvo una incapacidad en el hospital de Armenia y regresó a Quimbaya esa noche. Estaba tan débil que al día siguiente se desmayó y se abrió la cabeza. Después de esto, se fue para Popayán, en donde vive su familia, y la hospitalizaron del 24 al 31 de diciembre. Aunque tenía las defensas muy bajas, regresó a trabajar en Quimbaya en enero, pero a los pocos días volvió a enfermarse.
Decidió irse para la Fundación Valle de Lili, en donde la hospitalizaron por dos semanas. Salió y en este momento está con su familia en Popayán. El 15 de febrero se acaba la incapacidad que le dieron en la clínica, pero pidió a la Gobernación del Quindío que la exonerara de la plaza: "No puedo seguir trabajando con las condiciones en las que nosotros trabajamos (...) lo que me dijeron es que si no puedo ser médica del SSO no puedo ser médica en ninguna otra circunstancia por mi condición médica".
No tiene claro por qué se enfermó tanto ni por qué sigue con propensión a desmayarse en cualquier momento. Sin embargo, explica que la autoinmunidad se suele desarrollar por algún factor precipitante y afirma que el estrés y las horas interminables de trabajo podrían ser la causa de lo que le pasa.
"Yo le diría al ministro que esto es horrible. Nosotros no tenemos derecho a un fin de semana libre ni a dormir tranquilos. No tenemos derecho a un salario digno. Hay veces que me han quitado de mi salario por glosas del hospital, es decir por formular exámenes o cosas que 'no están justificadas', como dicen en el hospital. Me han descontado 300.000 , 400.000 pesos de mi salario", agrega.
Un problema más: no hay plazas suficientes
Una de las soluciones que proponen los médicos con los que habló CAMBIO es que quienes quieran ir a las zonas más complejas de conflicto y escasez de insumos, puedan decirlo y ser seleccionados para trabajar ahí. Incluso, que médicos de otros países que quieran tener la experiencia, puedan hacerlo, aunque esto implicaría una homologación de títulos más acelerada.
Las críticas del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a los médicos rurales generaron molestia. Para ellos, el funcionario parece desconocer la realidad de lo que afrontan los médicos que, si renuncian a una plaza, quedan sancionados por más de seis meses y deben volver a postularse al SSO. Mientras el funcionario le resta importancia a sus cuestionamientos y clamores, otros cientos de jóvenes médicos se enfrentan a situaciones iguales o peores a las mencionadas acá y al silencio y falta de apoyo del Gobierno.
A su vez, las denuncias de los médicos son relevantes, pero también ponen sobre la mesa una discusión ya conocida sobre el abandono estatal y multidimensional que afrontan miles de personas en toda Colombia. El ministro Jaramillo demuestra que comprende estas carencias sociales, pero al mismo tiempo se niega a atender los llamados justos de los médicos que viven situaciones muy complicadas en sus años de SSO.
En contraste, el proyecto de la reforma a la Salud que, entre otras cosas, pretende aumentar las plazas del SSO, trae un parágrafo enfocado en la "dignificación" del SSO. El texto, que pasó su segundo debate en la Cámara de Representantes el año pasado, habla de apoyo en materia de salud mental, "acompañamiento psicoemocional" y "garantías de protección de la vida e integridad" a estos profesionales. Por lo tanto, hay indicios de que la reforma promovida por el Gobierno busca ser más garantista, pese al cuestionamiento proveniente de su mayor promotor.
