La empresa Ventura Group, de Álvaro Rodríguez, podrá seguir operando el muelle 13 en Buenaventura después del 5 de enero de 2025, cuando se vencía el contrato que el Gobierno del presidente Petro les quitó.
Crédito: ANI
La pelea que Gustavo Petro perdió por contrato en el puerto de Buenaventura: ¿qué sigue ahora?
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Un tribunal ordenó tumbar la decisión con la que la Agencia Nacional de Infraestructura le quitó la concesión del muelle 13 al empresario Álvaro Rodríguez. CAMBIO explica los alcances del fallo que resuelve una parte del pleito que empezó hace casi un año y que le podría salir muy caro al país en caso de que no haya conciliación.
Por: Paola Herrera
Hace casi un año, CAMBIO reveló en primicia la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de echar para atrás una prórroga para el contrato de concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura, que hace más de 20 años está en manos de la empresa Ventura Group.
Este escándalo, uno de los más graves que se presentó este 2024 en el sector de la infraestructura, le costó una investigación disciplinaria, que sigue abierta, al entonces ministro de Transporte, William Camargo, a la expresidenta de la ANI, Carolina Barbanti, y a otros funcionarios de esa entidad que participaron en el proceso y que salieron por esa razón.
Después de varios ires y venires, de 11 meses intentando conciliar, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le dio la razón a la empresa contratista y decretó medidas cautelares con las que se suspenden, de forma provisional, los efectos de la resolución que expidió el Gobierno de Gustavo Petro para arrebatarle la concesión a Álvaro Rodríguez, dueño de Ventura Group y quien es considerado como uno de los cacaos del sector privado en Colombia.
Según el tribunal, hubo una clara violación a los procedimientos administrativos, pues el Consejo Directivo de la ANI, que tomó la decisión, nunca pudo probar que se trató de un dictamen netamente técnico, basado en estudios serios. Por el contrario, la propia entidad reconoció en diferentes instancias que no tenía cómo comprobar sus argumentos.
Aunque las medidas cautelares del tribunal no son la última palabra en este caso, sí es una victoria para Ventura Group, que por ahora seguirá operando el muelle a pesar del fuerte pulso que mantuvo con el propio presidente Petro.
El mandatario, en varias ocasiones, dijo que quería que esa unidad portuaria quedara en manos de las asociaciones pesqueras de la zona y por eso el Ministerio de Transporte y la ANI no han querido conciliar.
La historia de una decisión mal tomada
El lío con el muelle 13 en Buenaventura empezó en diciembre de 2023, cuando se reunió una primera vez el Consejo Directivo de la ANI para decidir, después de varios años de análisis, si renovaban el contrato de esa terminal portuaria que se entregó en 1997 y que se vencía en septiembre de 2025. El grupo portuario, de propiedad de Ventura Group, es la empresa que hace 30 años se ganó esa concesión. Antes de que terminara, sus dueños adelantaron los trámites que les exigió el Gobierno para poder obtener una prórroga.
Fue por eso que, a finales del año pasado, en esa reunión del consejo directivo, la mayoría de sus miembros votaron a favor de darle por 20 años más el contrato a la firma del empresario Álvaro Rodríguez.
No obstante, tal como lo reveló CAMBIO, sólo cinco días después de haber tomado esa decisión, la ANI la echó para atrás en una nueva sesión de su órgano directivo que se hizo de forma virtual y en la que no votaron todos al tiempo, como se acostumbra, sino que lo hicieron de forma diferida a lo largo de todo el día.
El argumento para justificar la nueva decisión fue que la empresa Ventura Group no había podido comprobar que estuvieran cumpliendo con el principio de precaución ambiental en el cargue y descargue de carbón.
La compañía recibió con sorpresa la noticia, pues cuando les habían aprobado la modificación del contrato no hubo advertencia de la ANI sobre este tema. Aun así, la entidad dejó en firme su determinación y les dio un año, hasta el 5 de enero de 2025, para irse de Buenaventura.
Ahí comenzó un tire y afloje entre el Gobierno y la empresa encargada del muelle. Mientras que Ventura Group buscó que la ANI volviera a su decisión inicial, el Gobierno estaba firme en acabar con esa concesión.
Entre tanto, el presidente Petro empezó a anunciar públicamente que el muelle lo operarían desde 2025 las comunidades pesqueras. Por su parte, las autoridades de control como la Procuraduría y la Contraloría le metieron el diente al tema atendiendo el llamado de la compañía, que calificó como ilegal la medida de la ANI.
La intervención de los entes de control
En medio de la puja para definir el futuro del muelle 13 en Buenaventura, la Procuraduría realizó visitas a la Agencia Nacional de Infraestructura y solicitó documentos para revisar en qué se basó la decisión con la que se echó para atrás la prórroga del contrato con Ventura Group.
En abril de este año, ese ente de control abrió investigación contra el exministro de Transporte, William Camargo, y la expresidenta de la ANI, Carolina Barbanti, por “haber incurrido en falsa motivación al argumentar en la retractación posibles afectaciones ambientales en Buenaventura sin aportar evidencias". Según la Procuraduría, también hubo una violación al debido proceso.
La Contraloría también hizo lo suyo, teniendo en cuenta el impacto fiscal que le podía representar al país la medida que tomó el Gobierno. Esa entidad tampoco ha podido conocer por parte de la ANI el sustento de la medida que se tomó.
La demanda de Ventura Group
En septiembre de este año y con la incertidumbre aún viva sobre lo que pasaría con ese contrato, ya que el Gobierno no definía si quería conciliar o no, la empresa contratista decidió interponer una demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca buscando que se protegieran sus derechos.
CAMBIO conoció que, antes de llegar a esa instancia, la compañía envió más de seis derechos de petición al Ministerio de Ambiente, que también hace parte del Consejo Directivo de la ANI, para obtener información sobre los estudios técnicos que validaron la supuesta afectación ambiental.
La cartera de Ambiente no pudo contestar esa petición y advirtió que no contaban con tal evidencia. Por eso, Ventura llevó el proceso al tribunal buscando revocar la medida y obtener una reparación económica. Los abogados de la compañía establecieron la pretensión de la empresa en 200 millones de dólares, es decir, unos 850.000 millones de pesos.
La decisión del Tribunal
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revisó las pruebas de la ANI y de Ventura y concluyó que la decisión tomada por la entidad gubernamental no fue técnica ni jurídica y, por ende, se violó el procedimiento administrativo.
Para el Tribunal, la ANI podía revocar su primera decisión de prorrogar el contrato si se demostraba un hecho posterior sustentado con argumentos técnicos. Sin embargo, a la fecha no hay ningún estudio que confirme la tal afectación ambiental en el muelle.
Por eso también se habla de una falsa motivación y de una violación al debido proceso. Eso generó que se ordenara la medida cautelar, por parte del Tribunal, con la que se suspende la decisión de la ANI y se da vía libre a que el muelle 13 en Buenaventura siga en manos de Álvaro Rodríguez.
¿Qué viene ahora?
CAMBIO habló con Luis Felipe Henao, abogado de Ventura Group, para conocer los alcances de la medida cautelar decretada por el Tribunal en el proceso del muelle 13 en Buenaventura. El jurista calificó el caso como "aberrante" por cuenta de todos los errores que se cometieron en la ANI y que fueron confirmados en el dictamen del Tribunal.
Aun así, dice que el empresario Álvaro Rodríguez mantiene su intención de negociar con el Gobierno para no tener que llevar al órgano judicial a fallar a favor de una pretensión económica que le saldría muy costosa al país.
Entre tanto, la ANI tiene cinco días para reponer o apelar la decisión del contencioso. No obstante, mientras se sabe si el Gobierno seguirá peleando por ese contrato, después de enero próximo la concesión deberá seguir en manos de la empresa que la tenía, porque la medida para quitársela ya quedó sin piso. Eso quiere decir que el presidente Petro, por ahora, perdió esa pelea.
Para tener un fallo definitivo del Tribunal del Valle pueden pasar muchos meses, incluso años. En caso de que la ANI apele las medidas, el balón estaría en la cancha del Consejo de Estado, que también podría tardar mucho en dar el veredicto final.
CAMBIO le pidió a la ANI un pronunciamiento al respecto y la entidad informó que emitiría un comunicado de prensa en el que explicará cuál será el paso por seguir. No obstante, al cierre de esta edición, el documento no fue publicado.
