Salieron de su casa y no volvieron más: la justicia llegó para las familias de seis víctimas de 'falsos positivos'

Juan Carlos López Gaviria, Carlos Arturo Velásquez Ortiz y Fernel Andrés Londoño Tabares no se conocían entre sí. Se dedicaban a labores varias. El primero era guardia de seguridad y el segundo a labores de campo. El tercero tenía un bebé de 17 meses.

 Los tres fueron ejecutados extrajudicialmente el 18 de enero de 2008 por soldados el Gaula del Ejército Nacional en Armenia en la Vereda La Paloma, corregimiento Quebrada Negra en Calarcá, Quindío, que hicieron pasar falsamente como delincuentes a estas personas.

Sus familiares se enteraron a finales de 2023 que el Consejo de Estado finalmente falló, en segunda instancia, las demandas que por separado habían presentado en contra de la Nación por tal crimen atroz.

La sentencia conocida por CAMBIO condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a atender de manera psicológica a los familiares de las víctimas y a cubrir todo el tratamiento que haya sido ordenado por los médicos tratantes.

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Además, el Batallón de Alta Montaña N°5 “General Urbano Castellano Castillo” deberá organizar un acto de perdón público liderado por el comandante de esa unidad. Y se ordenó a la Fiscalía para que, de manera célere, identifique a los responsables de este crimen.

El Consejo de Estado también ordenó un acto de perdón público en el que se reestablezca la memoria de Oriel David Ballesteros, un joven que el 2 de julio de 2007 salió de su casa en Montería, Córdoba, luego de contarle a su mamá que un conocido le habría ofrecido trabajo en El Roble, Sucre, operando una guadañadora. Nunca volvió.

En otra sentencia conocida por CAMBIO, el alto tribunal decretó la responsabilidad de la Nación, representada en el Ministerio y el Ejército Nacional, por el ‘falso positivo’ de este joven, cuyo cadáver fue hallado luego que, en marzo de 2008, es decir, casi un año después, empezaran rumores de que habían sepultado un cadáver de una supuesta baja en combate.

Oriel tenía 21 años y era desmovilizado de las Autodefensas. Se dedicaba a oficios varios y con ello mantenía a su madre y su ejecución es una de las múltiples que realizó la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre cuando la comandaba el coronel Luis Fernando Borja Aristizabal. Esa unidad o hizo pasar como supuesto guerrillero con quienes las tropas se habrían enfrentado en “defensa propia”.

La sentencia del Consejo de Estado acreditó que eso era falso y tuvo en cuenta que, luego, el coronel (r) Borja que ahora está a disposición de la JEP, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por el ‘falso positivo’ de Oriel.

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A finales de 2023 el Consejo de Estado también condenó a la Nación, en otro fallo conocido por CAMBIO, por la ejecución extrajudicial de Luis Antonio Villegas Angarita, perpetrada el 27 de enero de 2008, en el corregimiento Gramalito, Municipio de El Carmen, Norte de Santander.

Villegas vivía en el barrio El Playón del municipio del Carmen junto a sus hermanos. Ese día, salió entre las 5 y las 6 de la tarde, en bicicleta hacia un mercado cuando fue interceptado por integrantes de la Brigada Móvil 15 del Ejército, una de las que más ‘falsos positivos’ hizo en el país.

Desde que salió de casa, dicen los testigos, pasaron unos 15 minutos y se escucharon disparos. La familia llamó y llamó, pero no pudo comunicarse con él. Fueron a la Policía, no pasó nada. Al otro día les informaron que su cadáver estaba en la estación de Policía del Carmen y que supuestamente Luis Antonio habría sido abatido en un operativo del Ejército. Fue presentado como baja legítima a pesar de que no era parte de un grupo ilegal y que este no disparó en contra de los militares.

La sentencia asegura que el Ejército simplemente asesinó a Luis Antonio y que no sólo no hay evidencias de los operativos, sino que no hay ni papeleo de este ni del levantamiento del cadáver. En cambio, las investigaciones de la Procuraduría advirtieron que fue un falso positivo, de una “ejecución sin ningún tipo de justificación”.

En otra sentencia más dictada a finales de 2023 y que apenas fue conocida por la familia de la víctima, el Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por la ejecución extrajudicial de Jesús Antonio Flórez Vinasco, perpetrada el 1° de septiembre de 2007 en la vereda La Pedriza de Apartadó, Antioquia.

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Flórez Vinasco estaba en una vereda trabajando en unos sembrados de maíz junto con su tío. A las 3 de la tarde se despidieron y cada uno se fue a su casa. Flórez no llegó. Al día siguiente empezaron a buscarlo y lo encontraron en la morgue de Apartadó. Allí les dijeron que integrantes de la Brigada 17 del Ejército que tiene sede en Carepa lo había reportado como baja en un supuesto combate ocurrido en una vereda distinta de la que él trabajaba.

Jesús Antonio se dedicada a labores agrícolas en la finca de su padre ubicada en la vereda de Playas Altas en la que había cultivos de plátano, yuca, cacao y maíz, entre otros. Y con ello sostenía a su hoja: su compañera permanente que tenía dos meses de embarazo cuando fue asesinado.

La sentencia del Consejo de Estado determinó que en efecto fue un ‘falso positivo’, que no hubo enfrentamiento armado, que no es cierto que Flórez tuviera antecedentes penales y que este pertenecía a una comunidad indígena.

El abogado Javier Villegas Posada que representó a los familiares de las seis víctimas destacó las sentencias dictadas y señaló que los crímenes perpetrados en diferentes años y regiones evidencian la masividad de las graves violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron las tropas del Ejército Nacional.