Falsos positivos

CAMBIO revela la historia de cómo una abogada de oficiales de alto rango en el Ejército Nacional habría buscado silenciar a un militar implicado en ejecuciones extrajudiciales, por haber decidido contar la verdad a la Fiscalía General. La JEP compulsó copias contra la abogada Irma Yasmith Suárez, quien niega rotundamente el hecho.

Una tutela buscaba que la Corte Constitucional declarara imprescriptible la posibilidad de demandar a la Nación en casos de graves crímenes, como los 'falsos positivos', pues hoy el plazo es de dos años y todo el proceso es un suplicio. Esa victoria no llegó. La Corte volvió a pedir a los jueces que hagan un análisis exhaustivo que considere, caso a caso, desde cuando arranca realmente a contarse ese plazo. Detalles.

Camilo Ricardo Azuero Suárez estaba tratando de rehabilitarse de una adicción a las drogas y terminó reportado falsamente como 'baja en combate' en 2007 en Segovia, Antioquia. La historia de vida, de su desaparición y el reclamo de justicia quedó consignado en una decisión conocida por CAMBIO.

El mandatario criticó que en el acto de reconocimiento de responsabilidad no estuvieran presentes representantes de diferentes instituciones del Estado. Además, afirmó que en las últimas tres décadas se han registrado avances limitados en las investigaciones.

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP dictó una dura sentencia en la que invalidó actuaciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que envió a 22 militares, involucrados en los mal llamados falsos positivos en el Catatumbo, Casanare y la costa Caribe, y que no fueron considerados como máximos responsables, a un proyecto de siembra en un páramo de Cundinamarca como parte de sus obligaciones. El nuevo fallo genera un revolcón que cambia las reglas que adoptó la sala cuestionada.

El Consejo de Estado condenó a la Nación por el crimen del joven Dubán Alexis Osorio Espinosa, de 21 años, quien fue a denunciar que le habían robado su cédula y apareció muerto al día siguiente en otro departamento. Detalles.

El excomandante del Batallón La Popa, de Valledupar, rindió testimonio bajo juramento en el caso en su contra por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. La JEP investiga su rol en un plan criminal en el que se presentaron como bajas en combate a 72 víctimas de asesinatos.

Desde 2023 avanza una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que presentó el abogado Javier Villegas Posada, con relación a 42 casos de lesa humanidad en los que ya la justicia le ordenó al Estado pagar indemnizaciones, incluyendo algunos como las ejecuciones de los jóvenes de Soacha. Pero el retraso en los pagos es de al menos cinco años, según el propio Ministerio.

Los miembros retirados del Ejército serían responsables de más de 600 falsos positivos en la costa Caribe.