La historia de horror por la que una psicóloga asesinada recibe por fin reparación a su nombre

-Yo le pregunté que a dónde la tenía y él me dijo que en el techito o sea en el zarzo que está ubicado sobre el baño de la casa y que la había metido en unas bolsas y que la había descuartizado.

La espantosa confesión la hizo Róbert Alexánder López a su esposa en diciembre de 2008, hace 15 años. La mujer a la que se refiere es Márjorie Kísner Mira, la psicóloga del Programa de Atención a la Población de Pospenados y Reinsertados, de la que López había sido paciente desde que estaba en la cárcel de Bellavista, condenado por delitos sexuales y porte ilegal de armas.

Márjorie, hija de Jorge y María Helena, se dedicaba a escuchar. Para esa época, ya llevaba varios años en el programa de pospenados, que el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) suscribió con el municipio de Medellín en 2008, para que los psicólogos –que tenían sus reservas frente al programa– realizaran visitas domiciliarias a la casa de los exreclusos.

Ese 2 de diciembre de 2008, Márjorie salió de su casa sobre las 8:30 de la mañana. La cita era a las 9:30, en el barrio Villahermosa. Robert López estaba sólo y ella no tenía medida de protección alguna. A las 10:30 de la mañana, Márjorie llamó a su hermana y le dijo que no alcanzaba a almorzar con ella porque tenía mucho trabajo. Tampoco llegó a una reunión que tenía a las dos de la tarde. Su desaparición fue reportada al día siguiente.

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El día 4 de diciembre de 2008, López hizo la escabrosa confesión a su esposa, indicando, además, que le había pegado a Márjorie porque ella sabía mucho de él y de sus problemas. Le pegó, la mató, la descuartizó y metió su cuerpo mutilado, guardado en bolsas, en el baño de la casa. La esposa se fue esa misma noche a donde una familiar y al día siguiente fue a las autoridades a contar lo sucedido y a pedir protección para ella.

Márjorie, que en ese momento había sido movida de la casa y llevada a un botadero, fue encontrada por un hombre que vio unas bolsas raras y avisó a un policía del barrio. López confesó todo y, por ello, la pena le quedó en 22 años de prisión. No obstante, la familia de Márjorie emprendió una disputa jurídica por la reparación, ante las fallas que llevaron a que tales hechos horribles sucedieran.

La justicia, que siempre llega tarde, esta vez demoró 15 años. El Consejo de Estado condenó al municipio de Medellín y al ITM por su responsabilidad en los hechos, exactamente por no haber realizado un “análisis adecuado de los riesgos a los cuales dicha persona se encontraba sometida por el hecho de haberle impuesto la obligación consistente en realizar visitas domiciliarias a pospenados, sin que previamente se hubiera dispuesto un protocolo tendiente a garantizar su seguridad e integridad personal”.

En pocas palabras, por haber dejado a Márjorie sola y sin insumos adecuados para hacer las visitas y sobre las cuales, según las declaraciones de compañeros de Márjorie a la justicia, ella había manifestado el riesgo, más allá de que su trabajo era gratificante. Las visitas debían hacerse, además, asumiendo los gastos de desplazamiento, sin chalecos o elementos que los distinguieran, a veces en barrios peligrosos.

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A Márjorie no solo la dejaron sola –dice el fallo–, sino que el ITM y el municipio de Medellín pretendieron despojarse de responsabilidad, diciendo que lo que le pasó era consecuencia de una acción desplegada por ella (lo que en derecho se llama culpa exclusiva de la víctima) y asegurando, sin fundamento alguno, que a lo mejor había una relación sentimental entre el pospenado Robert López y su víctima.

El Consejo de Estado dijo que tales insinuaciones son inadimisibles y revictimizantes: “Dichas entidades no tuvieron reparo en que tales aseveraciones, carentes de base probatoria, implican un ataque directo a la persona misma de la occisa, afectan su memoria, su dignidad y cuestionan sus calidades profesionales, pues, carece de toda sindéresis sugerir y por completo de respaldo probatorio afirmar o siquiera insinuar que la psicóloga se valiera de las visitas domiciliarias que debía realizar en cumplimiento de una obligación contractual para efectos de mantener una relación sentimental con su paciente”.

El abogado Javier Villegas Posada, quien acompañó a la familia, fue enfático en indicar que “el municipio de Medellín y el Instituto Tecnológico Metropolitano fallaron en forma grave en sus obligaciones de salvaguarda y prevención de los riesgos a los que expusieron a Márjorie”. La decisión judicial representa no solo una reivindicación de una mujer que durante años trabajó con la población a la que pocos le quieren dar una segunda oportunidad, sino también una indemnización y una reparación para su familia.

El fallo ordenó a Medellín y al ITM a hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad, de petición de disculpas públicas y de exaltación de la memoria de Márjorie Kísner Mira con ocasión de su trágico homicidio, enalteciendo “su dignidad humana como integrante de la sociedad, su dedicación y consagración a labores sociales relacionadas con la atención a la población carcelaria y pospenada”.

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Entre lo que falló, dijo el Consejo de Estado, estuvo principalmente la planeación. Si bien la Secretaría de Gobierno de Medellín dispuso que el programa de atención carcelaria y excarcelada se acogiera al programa de Paz y Reconciliación, lo cual implicaba utilizar algunas metodologías de este último, tales como las visitas domiciliarias, no analizó en detalle lo que esas visitas implicaban, o que entre los reclusos había personas que volvían a cometer delitos.

No se escucharon tampoco los reparos de los psicólogos, que se hicieron a la coordinadora del programa, ni el hecho de que la mayoría eran mujeres, y tampoco se les dio capacitación sobre normas de seguridad: es decir, se expuso a su personal a un riesgo que no tenían por qué enfrentar, fallando en sus deberes de previsión y de salvaguarda. Además, dice el fallo, no hay prueba de que Márjorie realmente supiera que Robert Alexánder López había sido condenado por delitos sexuales.