Odebrecht: la Fiscalía dice que Daniel Hernández amenazó a Otto Bula para que no declarara contra Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Angulo

Daniel Hernández, fiscal delegado ante los Tribunales del Distrito, es –para la Fiscalía– responsable de los delitos de prevaricato por omisión agravado y amenazas a testigo, derivados de sus actuaciones como fiscal en el caso Odebrecht. En primer lugar, porque, al parecer, en 2017, solicitó a un juez expedir unas órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki, pero nunca se encargó de pasarles esa información a los funcionarios encargados de registrarlas en los sistemas correspondientes; tampoco solicitó que se expidieran las respectivas circulares azules. Adicionalmente, dijo el fiscal del caso, en julio de este año, amenazó al acusado y hoy testigo del escándalo de corrupción Otto Nicolás Bula, al decirle que Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Angulo estaban preocupados por sus acercamientos con el FBI. Hernández se declaró inocente.

En la primera parte de la audiencia de imputación de cargos, que se lleva a cabo este viernes 2 de diciembre, el fiscal del caso argumentó por qué el fiscal Daniel Hernández, fungiendo como fiscal ante el Tribunal Superior de Distrito, había cometido el delito de prevaricato al no tramitar debidamente las órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht, a pesar de que él mismo las había solicitado, el 20 de julio de 2017, ante el juzgado 75 de garantías de Bogotá, por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“El código penal establece obligación de registrar órdenes de captura a los sistemas de información para que estas se hagan efectivas. Es decir, es un trámite compartido, el juzgado ordena la captura y remite a la Fiscalía para que el ente investigador disponga qué organismos de policía judicial se encargaran de la aprehensión física y para que la registre en los sistemas de información. Usted, una vez el juzgado accedió a las órdenes, era el encargado de tramitarlas, de enviarlas a los organismos de policía judicial como a las personas encargadas del registro a los sistemas de información. Esas órdenes no le llegaron a ninguno de los funcionarios encargados del registro debido a su deliberada y maliciosa omisión”, explicó el fiscal del caso.