Consulta popular: ¿absolutismo disfrazado de democracia? Por Yesid Reyes

El presidente Petro anunció que convocará por decreto una consulta popular aduciendo que, en su opinión, la votación con la que se negó esa iniciativa en el Senado es inconstitucional debido a que los errores supuestamente cometidos durante el trámite serían insubsanables.

Por lo que se aprecia de sus recientes declaraciones, parece claro que es consciente de que al hacerlo desacata una decisión del Congreso que aún no ha sido jurídicamente invalidada y, por lo tanto, tiene efectos jurídicos. De sus afirmaciones se infiere también que sabe que lo que propone significa tomarse atribuciones que le corresponden a la rama judicial como es la de dictaminar si el debate en el Congreso se ajustó al ordenamiento legal y, en caso negativo, resolver si los vicios en que se hubiera incurrido son susceptibles de enmienda. Para justificar el hecho de arrogarse facultades que no le corresponden a él sino al legislativo y a la judicatura, con lo cual viola abiertamente el principio de separación de los poderes públicos, dijo que su propósito es construir un Estado en el que esos tres poderes sean independientes entre sí, pero estén subordinados al poder exclusivo que radica en el pueblo.