El proyecto que busca sanciones para las organizaciones religiosas que encubran a pederastas
Gracias a investigaciones periodísticas se conoce que en Colombia hay al menos 700 sacerdotes denunciados por abuso sexual. Esto demuestra el límite que tienen las autoridades para investigar la mayoría de los abusos en todos los contextos religiosos. En el Congreso se tramita un proyecto de ley para que estos casos salgan a la luz. ¿En qué consiste?
Por: Claudia Quintero
Daniel Martínez* siempre quiso ser sacerdote y durante los primeros años de su vida fue a misas y grupos de oración y acompañó al párroco de una de las iglesias de su municipio a varias misiones. En su familia, estar cerca de la religión era bien visto. En su caso, mucho más porque ella creía que ese niño, que apenas tenía ocho años, estaba cumpliendo su sueño.
Tras ese acercamiento, Martínez terminó viviendo una de las peores épocas de su vida. El párroco, que también era su padrino de bautizo y era cercano a su familia, fue su agresor sexual durante siete años. En todo ese tiempo, ningún adulto vio señales de alerta y Martínez, que al principio no entendía nada, luego se sintió culpable, tuvo miedo y decía que se llevaría ese episodio a la tumba.
Pero la depresión llegó y, diez años después, Martínez tuvo que hablar sobre el aquel episodio. Primero se lo contó en confesión a un sacerdote, porque dice que, pese a ese mal momento, “su relación con Dios no depende de los seres humanos en la Tierra”. Sin embargo, esa persona no hizo nada y tuvieron que pasar cinco años más una crisis psiquiátrica para que este joven pudiese recibir ayuda psicológica y jurídica.
Hoy, su caso sigue sin resolverse, está cerca de la prescripción, su agresor sigue siendo sacerdote y él no ha recibido ninguna reparación.
Martínez es uno de los tantos casos de niños que son víctimas de abuso sexual en contextos religiosos y clericales, pero que por la opacidad en las investigaciones al interior de estos escenarios, terminan siendo revictimizados y en pocos casos logran una reparación real.
El poco conocimiento de las denuncias dentro de las iglesias y las fallas en las investigaciones: los principales problemas
Las organizaciones que defienden a las víctimas de abuso sexual en todos los credos llevan años alertando que la mayoría de denuncias siempre llegan a las instituciones religiosas y se estudian internamente. Marcos Torres, fundador de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Clerical, menciona que las instituciones religiosas suelen tener “todo un sistema de encubrimiento”, porque las denuncias las estudian bajo el derecho canónico y no las remiten a la Fiscalía. Dice, además, que solo uno de cada 100 casos es remitido a la justicia ordinaria. En cambio, menciona que en la iglesia católica “a la mayoría de los curas pederastas los envían a casas de retiro”.
“Las denuncias han sido bloqueadas y por eso es hora de que se investiguen fuera de las iglesias”, insiste la representante Tamara Argote, del Pacto Histórico.
Además, hay poco acceso a la información sobre las denuncias al interior de las iglesias y comunidades religiosas. En Colombia, por ejemplo, las autoridades no tienen un registro general de los casos de abuso dentro de los contextos religiosos y clericales. De hecho, las cifras que se conocen llegan por las investigaciones periodísticas de Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes revelaron los nombres de al menos 700 sacerdotes denunciados por abusos sexuales. Pero esa cifra corresponde solo al 13 por ciento de la información que ellos han solicitado a la iglesia católica.
De acuerdo con Barrientos, si esa tendencia se mantiene, es probable que en el país haya al menos 5.000 sacerdotes denunciados. Pero este pincelado de cifras permite ver que el número de personas denunciadas y de víctimas es mucho mayor que el reportado hasta ahora.
Es, en síntesis, un problema estructural, porque como dicen Torres y Barrientos, las denuncias dentro de esos contextos se quedan allí, las víctimas no tienen una reparación real, no se les ofrece un acompañamiento psicológico y jurídico, y las denuncias no siempre llegan ante la justicia ordinaria. Esto implica que muchos de los victimarios no tienen una sanción por el delito que cometieron, las víctimas no logran una reparación y, por el contrario, se permite que el agresor continúe cometiendo el mismo delito contra otros jóvenes.
Para hacerle frente a la falta de avances en la investigación de estos casos, en el Congreso se radicó un proyecto que busca crear una comisión que se encargue de estudiar, investigar y presentar informes sobre los casos de abuso sexual en contextos religiosos y clericales. Una apuesta que ya se puso en marcha en otros países y arrojó resultados alarmantes.
Juan Pablo Barrientos le contó a CAMBIO que, por ejemplo, la comisión que se creó en Francia encontró que entre 1950 y 2020 hubo 216.000 abusos cometidos por sacerdotes. Esa cifra llegó a 330.000 si se cuenta a todos los laicos, que son religiosos pero no sacerdotes.
Investigaciones y multas para encubridores: los cambios con la comisión
Entonces, la comisión que se crearía con el proyecto estaría adscrita a la Defensoría del Pueblo, inicialmente por cinco años. Su misión principal será investigar los delitos de abuso sexual que se cometan en todas las confesiones religiosas.
Uno de los elementos claves es que la comisión podrá solicitar información de los archivos eclesiásticos, incluso aquellos que tienen reserva y que las entidades religiosas suelen negarse a entregar.
El proyecto aclara que la comisión no suplirá funciones de la Fiscalía, sino que complementará la documentación de las denuncias y las remitirá al organismo judicial. Todo con la idea de ofrecer una reparación integral a las víctimas, con medidas económicas, psicosociales y con garantías de no repetición. Este último es uno de los más importantes, según las organizaciones.
Entre las medidas también se establece que las instituciones que encubran recibirán una multa de hasta 1.000 salarios mínimos y quienes se nieguen a colaborar con la comisión también podrán ser multados. Pero también se determina que mientras las investigaciones estén en curso, los investigados no podrán ejercer funciones que impliquen un contacto con niños, niñas y adolescentes. Entre esas:
- Docencia
- Catequesis
- Dirección espiritual
- Administración de obras sociales
Para organizaciones y colectivos, el proyecto es más que necesario en el contexto colombiano, pero tendrá que superar el lobby de la iglesia y los partidos que defienden a organizaciones religiosas en el Congreso.
“En el papel todo suena bien”: los retos de una gran investigación sobre abusos
“Son muchos los retos”, le dice a CAMBIO Marcos Torres, quien ha impulsado el proyecto. El primero deberá ser enfrentado en el Congreso, donde habrá que lograr mayorías para superar las posturas de los congresistas conservadores que respaldan las voces de las organizaciones religiosas.
El articulado apenas llegó al Congreso y ya hay parlamentarios que lo cuestionan. Por ejemplo, el senador Mauricio Giraldo, del partido Conservador, cree que es necesario que todos los casos de abuso sexual en los contextos religiosos se estudien, pero dice que este proyecto “abre la puerta para que se vulnere la libertad religiosa”.
Sin embargo, los congresistas que defienden el proyecto aseguran que, de ninguna manera, se está vulnerando la libertad de los credos ni instrumentalizando a las iglesias. La representante Tamara Argote, una de las coautoras del articulado, le dijo a CAMBIO que, incluso, es una oportunidad “para que las denuncies no solo se queden en escándalos en las redes y en los medios —que eso afecta a las mismas iglesias— sino que pasen a ser resueltas desde las instituciones judiciales y que el país conozca la verdad”.
Tanto Argote como Marcos Torres creen que el fin del proyecto está por encima de cualquier lobby y que, además, la época preelectoral en la que estamos debe impulsar a todos los congresistas a votar en favor de la niñez.
Pero más allá de ese gran paso, otro de los retos está en lograr poner en marcha el proyecto y que, como dijo Barrientos, “no se quede solo en el papel, porque ahí todo suena bien”, sino que realmente se convierta en una realidad.
*Se cambió el nombre por petición de la persona.
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