Tanto el Gobierno como las EPS han incumplido: las conclusiones de la Corte Constitucional sobre la crisis al acceso de medicamentos en Colombia

En 2008, la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional se celebró como un hito en la defensa del derecho a la salud en Colombia. La Corte declaró que el acceso a los medicamentos era parte del núcleo esencial de ese derecho fundamental. Las órdenes de entonces apuntaban a eliminar trabas burocráticas, garantizar que los pacientes recibieran los fármacos que necesitaban sin importar si estaban incluidos en el plan de beneficios, y asegurar que la tutela dejara de ser el último recurso para salvar vidas.

En el auto 1282 de 2025, que acaba de emitir la Sala Especial de Seguimiento a la T-760, la Corte concluyó que el país enfrenta un “nivel de cumplimiento bajo” respecto de la orden que buscaba garantizar el acceso efectivo a los medicamentos.

Un diagnóstico que expone viejos males: el fracaso de minimizar las tutelas y garantizar los recursos

Cuando la Corte profirió la T-760, el país estaba atrapado en un sistema donde muchas personas solo podían acceder a medicamentos a través de tutelas. La sentencia prometió que eso debía cambiar: que el derecho a la salud no se mendigaría en los tribunales, sino que sería garantizado de forma directa y efectiva por el sistema. Por eso, declaró la salud como derecho fundamental autónomo.

El fallo también planteó un ideal financiero: que el Estado asegurara un flujo continuo de recursos para que las EPS no frenaran la entrega de los fármacos y que las barreras económicas dejaran de ser un obstáculo. Los pagos por recobros al entonces Fosiga —hoy ADRES— debían hacerse rápidamente para que los gestores farmacéuticos pudieran mantener el suministro. Además, la Corte exigió que las autoridades actualizaran con regularidad los planes de beneficios, para que los pacientes supieran qué medicamentos estaban cubiertos y no quedaran atrapados en trámites interminables. La meta era cerrar la brecha entre la norma y la vida cotidiana de los enfermos.

Lo que ocurre hoy con las tutelas y los recursos

El diagnóstico que presenta el auto 1282 contrasta con esos ideales. La Corte puso la lupa en la situación de la dispensa de medicamentos y encontró que no es un problema de desabastecimiento general, como a veces se cree. El país cuenta con la mayoría de los fármacos en existencia, según los reportes del Invima y el Ministerio de Salud.

La verdadera barrera, según los magistrados, está en el flujo de recursos y en la gestión: hay medicinas que no llegan a los pacientes no porque no existan, sino porque las EPS y los gestores farmacéuticos carecen de liquidez para pagarlas. Esa cartera vencida, que asciende a 4,18 billones de pesos, actúa como un candado que bloquea el acceso a tratamientos que deberían estar garantizados.

La avalancha de tutelas tampoco mejoró. Según la Corte, entre 2022 y 2023, los procesos judiciales por no entrega oportuna de medicamentos subieron un 32,46 por ciento, y entre 2023 y 2024 el incremento fue del 106,81 por ciento. Solo en el primer semestre de 2025 ya se había presentado el 59,67 por ciento de las tutelas de todo 2024.

Los otros problemas que identificó la Corte: atrasos en gestión de trámites y desprotección a pacientes vulnerables

Pero estos no son los únicos problemas que identificó la Corte. En su sentencia de 2008, se insistió en que el dinero no podía ser una excusa para interrumpir tratamientos o demorar entregas. De hecho, ordenó al Gobierno implementar mecanismos para que los recobros por medicamentos no incluidos en el plan de beneficios se pagaran de forma ágil. El propósito era que los pacientes recibieran sus fármacos a tiempo y que las EPS y los gestores farmacéuticos no se ahogaran en deudas. El Auto 1282 demuestra que esa meta no se alcanzó. La gigantesca deuda entre los actores del sistema se ha convertido en un cuello de botella que paraliza el acceso a los medicamentos, afectando sobre todo a quienes padecen enfermedades crónicas y complejas.

La T-760 también planteó que el criterio médico debía primar sobre cualquier formalismo. La idea era que los trámites no se interpusieran entre el paciente y el medicamento que necesita para vivir. En la actualidad, sin embargo, los atrasos en el Invima para actualizar registros sanitarios y autorizar nuevas moléculas son una de las barreras más graves. La lentitud burocrática no solo retrasa el acceso a terapias, sino que obliga a los pacientes a permanecer en tratamientos antiguos o ineficaces.

El informe de la Corte muestra que las consecuencias son especialmente graves para quienes enfrentan patologías complejas. Los problemas de dispensación afectan a quienes padecen cáncer, epilepsias, VIH, diabetes, enfermedades raras o huérfanas, alteraciones hormonales, infecciones que requieren antibióticos, entre otros.

El contraste es innegable. Mientras la T-760 planteaba un sistema capaz de garantizar continuidad, integralidad y equidad, el panorama de 2025 muestra un sistema bloqueado por deudas, trámites y la persistente judicialización del derecho a la salud. La Corte no señala a un único responsable. Habla de un incumplimiento sistémico que involucra al Gobierno, a las EPS, a los gestores farmacéuticos y a los reguladores.

Para los pacientes, esto significa que el acceso a los medicamentos aún depende de la capacidad de resistir trámites y de acudir a los jueces. Para el país, es una advertencia de que las sentencias, por sí solas, no transforman la realidad si no hay compromiso político y administrativo para hacerlas cumplir.