
Corte revisará el caso de Catalina Giraldo, joven que pide el suicidio médicamente asistido
La mujer de 30 años libra una batalla legal para acceder a la asistencia médica al suicidio por motivos de salud mental. Aunque la Corte Constitucional despenalizó esta posibilidad en 2022, la organización DescLAB advierte que el mecanismo aún no cuenta con reglas administrativas claras que permitan su implementación efectiva dentro del sistema de salud.
La Corte Constitucional seleccionó para estudio la tutela con la que la que Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años, pide acceder al suicidio médicamente asistido, el cual fue despenalizado en Colombia por ese mismo tribunal constitucional en 2022 en ciertas condiciones: cuando el paciente tenga una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, cuando padezca de intensos dolores físicos o psíquicos por cuenta de ello que sean incompatibles con su idea de vida digna, cuando manifieste expresamente su intención y la asistencia la preste un médico.
Catalina Giraldo vive con un cuadro psiquiátrico grave, crónico, incurable y refractario. Fue diagnosticada con un trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. Durante casi diez años, señaló su abogado, la mujer "ha recibido múltiples intervenciones médicas, incluyendo más de 40 esquemas farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva (TECAR) y seis infusiones de ketamina, requiriendo alrededor de nueve hospitalizaciones psiquiátricas desde el año 2020 sin lograr una mejoría sostenida".
Ante un deterioro significativo y un sufrimiento que considera incompatible con su idea de dignidad, Catalina solicitó formalmente en octubre de 2025 el acceso a la asistencia médica al suicidio. La organización DescLAB, que la acompaña en el proceso legal, señaló que Giraldo eligió esta modalidad porque refleja mejor su autonomía y su forma de entender una muerte segura, acompañada y protegida.
"No quiere causar su muerte de forma traumática y dolorosa para ella y su familia. Su solicitud, sin embargo, se encontró con un bloqueo institucional. La EPS Sanitas negó el acceso al procedimiento argumentando que no existe una reglamentación del Ministerio de Salud. El Ministerio ha sostenido que no ha recibido una orden expresa para regular la AMS. El Congreso no ha aprobado una ley sobre la materia", indicó la organización.

Lucas Correa, director de Investigaciones de DescLAB, indicó que la selección del caso en la Corte es un paso fundamental, pero no suficiente.
"Catalina necesita una respuesta de fondo urgente. Cuando una persona sigue atrapada en un bloqueo institucional, un fallo tardío puede terminar llevándola a una muerte traumática, en lugar de la muerte segura, acompañada y protegida que desea”, señaló Correa al indicar que Giraldo cumple los requisitos para el procedimiento y que la mujer ha expresado una decisión libre, informada y sostenida en el tiempo.
Este caso puede llevar a la Corte Constitucional a profundizar sobre la asistencia médica al suicidio, sus alcances y las barreras que enfrentan las persoans que lo soliciten. El caso quedó en manos de la magistrada Paola Meneses Mosquera.
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