
¿Qué pasó con los aviones Gripen? La compra que se convirtió en investigación contra Petro, adquisición que MinDefensa respalda
La Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió una investigación contra el presidente Petro por presuntos sobrecostos en la compra de 17 aviones de combate suecos. El ministro de Defensa salió a defender el proceso. Esto es lo que se sabe.
Por: Juan David Cano
Este 10 de junio, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal previa contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la compra de 17 aviones de combate a la empresa sueca Saab.
La noticia llegó el mismo día en que la presidenta de esa comisión, Gloria Elena Arizabaleta, también firmó, y luego rectificó, un polémico auto que buscaba suspender provisionalmente al mandatario.
El caso de los aviones, sin embargo, es una historia que viene de antes y tiene varios problemas abiertos.

El contrato: qué se compró y cuánto costó
El 14 de noviembre de 2025, el Gobierno anunció y firmó con Saab el contrato para adquirir 17 aviones de combate Saab JAS 39 Gripen, conocidos simplemente como Gripen, de fabricación sueca.
El valor total del negocio fue de 16,5 billones de pesos, que se pagarán en vigencias futuras hasta 2032, y las aeronaves comenzarían a llegar al país a partir de 2028. Se trata de la compra militar más costosa que ha realizado Colombia en lo que va del siglo.
El Gobierno ha explicado que ese valor no cubre solo los aviones, sino un paquete completo que incluye armamento, sensores, entrenamiento de pilotos, mantenimiento, repuestos y sistemas logísticos.

El presidente Petro incluso precisó que el contrato en sí se firmó por 13,7 billones de pesos, y que los 16,5 billones corresponden a las proyecciones que incluyen variaciones del euro frente al peso y el esquema de pago en cuotas futuras.
Aunque la negociación con Saab no comenzó con Petro. El proceso se extendió a lo largo de los últimos tres gobiernos, y las negociaciones se mantuvieron entre representantes oficiales de ambos países.
Las dudas van desde sobrecostos y la presunta injerencia de la primera dama
Sin embargo, después de la compra, la polémica comenzó por dos frentes. El primero es el precio. Una denuncia presentada por el ciudadano Pablo Bustos afirma que el valor pagado por Colombia por cada avión Gripen habría sido un 55 por ciento superior al que pagó Tailandia a Saab por las mismas aeronaves. Mientras ese país asiático habría pagado 137 millones de dólares por unidad, Colombia habría pagado 213 millones de dólares.
El Gobierno rechazó esa comparación argumentando que el contrato colombiano incluye capacidades adicionales que el tailandés no contempla, pero el contrato tiene carácter reservado por razones de seguridad nacional, lo que ha impedido verificar los detalles de manera independiente.
El segundo frente tiene que ver con Verónica Alcocer, primera dama del país. En noviembre de 2025, el diario sueco Expressen informó que Alcocer estaba residiendo en Estocolmo, frecuentando restaurantes de alta cocina y participando en encuentros privados de la élite sueca, sin que fuera claro el origen de sus recursos.

La coincidencia de su estadía con la firma del contrato alimentó especulaciones sobre un posible vínculo entre ambos hechos.
Sin embargo, la empresa Saab negó cualquier intervención de Alcocer o de intermediarios privados en las negociaciones, y aseguró que el proceso se desarrolló exclusivamente entre representantes oficiales de ambos países.
Petro también negó cualquier injerencia de Alcocer y ordenó publicar los detalles del contrato. Hasta la fecha no hay evidencia judicial confirmada que vincule a la primera dama con el negocio.
¿Qué investiga la Comisión de Acusaciones?
La investigación abierta el 10 de junio es de carácter penal y se origina en la denuncia de Bustos.
El expediente busca establecer la posible comisión de seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, utilización indebida de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Como parte de las diligencias, la representante Arizabaleta ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue a Verónica Alcocer por su presunta relación con el negocio, citó a declaración jurada al ministro de Defensa Pedro Sánchez y solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría copia de los procesos disciplinario y de responsabilidad fiscal que esas entidades ya adelantan sobre el mismo asunto.
El respaldo del Ministerio de Defensa
En medio de todo este embrollo, el ministro Pedro Sánchez salió a respaldar el proceso de compra desde Barranquilla. Sobre los cuestionamientos de los organismos de control, afirmó:
"El mismo contralor ha dicho que no encuentra ninguna irregularidad y lo mismo la Procuraduría, que ya ha hecho las averiguaciones", dijo.
Sobre la decisión de escoger los Gripen, el ministro explicó que no fue determinada por Petro:
"La decisión no la tomó el señor presidente de la República, sino que la tomó un grupo multidisciplinar de más de 100 expertos que trabajaron durante más de una década de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los cuales habían insistido en los gobiernos anteriores de tomar esa decisión".

Sánchez también habló de la compra como una inversión estratégica de largo plazo para el país.
"No es decisión para un gobierno: es para un país por los próximos 40 años. Es una de las inversiones más altas que hemos tenido, pero también con total transparencia. Estamos abiertos para que confirmen que esta fue la mejor decisión acorde a las condiciones colombianas", dijo el funcionario.
Por ahora, la investigación de la Comisión de Acusaciones está en su etapa más inicial, que es la indagación previa, y que busca determinar si hay méritos suficientes para avanzar hacia un proceso penal formal.
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