“Si no hay cariñito antes, no hay nada”: CAMBIO revela las interceptaciones que tienen en jaque a un excongresista
El modelo de corrupción con los cupos indicativos tiene un nuevo investigado: el exrepresentante liberal Henry Correal. CAMBIO revela el expediente en su contra sobre gestiones indebidas, peticiones de coimas y las evidencias que vinculan parte de las dádivas con la campaña al Concejo de Bogotá del activista Josías Fiesco.
¿Qué tiene que ver la construcción de un polideportivo en Galeras (Sucre) con un representante a la Cámara por el Vaupés? La respuesta a la que parece haberse acostumbrado el país no es otra que la existencia de un entramado de corrupción de cupos indicativos, gestiones indebidas ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), presiones y coimas. Porque, en el mundo de la corrupción, no hay coima pequeña.
El protagonista de esta historia es Henry Fernando Correal Herrera. Un contador público que, si bien nació en Bogotá estudió en el Meta, se especializó en la capital y luego se fue a trabajar como asesor financiero en el Vaupés. Fue diputado del departamento por tres periodos, candidato a la Gobernación y representante electo por Vaupés en 2018 por el Partido Liberal con casi 2.500 votos.
Cuando Correal llegó al Congreso, a 840 kilómetros de distancia, el alcalde de Galeras, Remberto Javier Amell, ya tenía en marcha la obra LP-005 de 2017 para la construcción del polideportivo, que financiaron por un convenio suscrito en 2016 entre el municipio y el DPS. Los problemas para el contratista Álvaro Escobar Thomas arrancaron al poco tiempo de iniciar la obra, cuando advirtió que la plata no le iba a alcanzar.
De hecho, quedó paralizada hasta 2019 porque ni Galeras ni el DPS lograron los recursos. Ahí empieza la trampa. El alcalde Javier Amell, para este momento, ya era un experto conocedor de la trama de los cupos indicativos. Esas partidas presupuestales destinadas a las regiones, cuya asignación a obras específicas suele estar influida por los congresistas, son un mecanismo legal que terminó convertido en un foco casi inevitable de corrupción.
Amell, capturado, en 2022 hizo múltiples gestiones de este tipo ante José Carlos Mizger y Sandra Villadiego, quienes ya fueron acusados por la Corte Suprema. CAMBIO tiene en su poder el expediente por el que ahora la Sala de Instrucción del alto tribunal le abrió investigación formal y llamó a indagatoria al exrepresentante Correal Herrera por los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
La corruptela
El alcalde Amell Hernández, según testimonios recopilados por el despacho del magistrado Misael Rodríguez, conoció a Salomón Mena Moya, un economista y lobista ante el Congreso, a quien le pidió ayuda para viabilizar proyectos. Mena, a su vez, conoció a Simón Mejía, trabajador de la UTL del representante Correa, con quien almorzaba con frecuencia y terminó de compadre.
Ahí surgió el contacto. Salomón Mena Moya fue quien presentó al representante Correal con el alcalde Amell en un café que queda justo en la esquina del Palacio de Justicia en Bogotá. ¿Qué se necesitaba? Un otrosí al convenio entre el municipio de Galeras y el DPS por 1.500 millones de pesos para poder terminar la obra.
¿Qué hizo el representante Correal? Según las pruebas de la Corte Suprema, participar en el entramado, prometer gestiones ante el DPS para lograr el otrosí, todo a cambio de una coima de 150 millones de pesos y un primer pago de 30 millones de pesos, de parte del contratista Álvaro Escobar Thorrens, que debía llegar a través de Simón Mejía.
La primera interceptación de esta corruptela remonta al 7 de junio de 2019. Allí, el lobista Mena, que al parecer estaba con el alcalde Amell, habla con el congresista Correal quien le cuenta que está en Villavicencio.
—Henry Correal Herrera: Traiga plata, que estamos pelados (ríe).
—Salomón Mena Moya: ¿Ah?
—Henry Correal Herrera: Traiga plata, que estamos pelados. No, mentiras. Hágale y aquí hablamos.
—Salomón Mena Moya: Aquí estoy con el amigo de Galeras.
—Henry Correal Herrera: ¡Hágale!, de una y salúdemelo. Dígale que no le he llamado porque todavía no he podido concretar la vaina, pero que ahí vamos, ¿listo? Entonces lo espero acá.
El 11 de junio, hablan Mena y el alcalde Amell:
—Remberto Javier Amell Hernández: Bien, Mena, ¿cómo va la vaina?
—Salomón Mena Moya: Bien. Estoy aquí con el señor mío, con el amigo que usted sabe. Me dice que él tiene reunión con la señora el martes. Yo le dije, y le estoy afirmando, que usted es de la corriente de Uribe y liberal.
—Remberto Javier Amell Hernández: Claro.
—Salomón Mena Moya: Bueno. Aquí lo está escuchando él.
—Remberto Javier Amell Hernández: No, eso es puro Centro Democrático, nosotros somos de allá.
—Salomón Mena Moya: Él lo está escuchando, yo lo tengo en altavoz.
—Remberto Javier Amell Hernández: No, mire, doctor (...), usted sabe que ya ha pasado bastante tiempo y lo que faltan son cinco o seis meses. Entonces necesitamos agilizar el tema para ver si las cosas se nos dan, tanto pa' usted como pa' nosotros.
—Salomón Mena Moya: Bueno, él tiene la reunión, pues, me dice, con esta señora el martes. Entonces me citó el martes por la tarde. Me dijo que me sentara con él y entonces... y hablara con usted. Listo, los 1.500.
—Remberto Javier Amell Hernández: Entonces nosotros acá estamos preparados para eso. La demora es de ustedes y ya.
—Salomón Mena Moya: No, tranquilo, no te preocupés, que ya me citó para el martes, ¿oyó? Entonces yo, ahora que salga de acá, te llamo y hablamos.
Según la investigación, ese mismo día, el alcalde Amell Hernández le solicitó al DPS adicionar el contrato por 1.500 millones. El 16 de julio, la gestión ilegal de Correal ya se habría concretado y así se lo dice el propio representante al lobista Mena en una llamada a la 1:19 de la tarde: “Lista la vuelta”, dice. Mena entró al Congreso ese día a las 3:15 autorizado por el representante y habló con el alcalde para confirmarle el asunto.
El lobista Mena le confirmó a la Corte que las gestiones del representante Correal sí involucraron plata: “Ellos, siempre y cuando que el honorable representante le colaborara al municipio con los proyectos que estaban en el DPS, que le sacara uno para, así mismo, pues, tenerse la confianza de seguir sacando (…) donde ellos llegaron a un arreglo económico”.
Con estas interceptaciones, la Sala de Instrucción consideró que había suficientes pruebas para advertir, al menos por el momento, la existencia de un posible acuerdo transaccional que inicialmente incluía no 30, sino 50 millones de anticipo. Luego, otras conversaciones indicarían que el contratista aceptó entregar dinero, pero 30 millones, y que el representante se habría molestado por no recibir lo que él esperaba.
Según las pesquisas, el representante Correa y el contratista Escobar Thorrens se reunieron el 26 de septiembre de 2019 en el Congreso de la República. Mena declaró en la Corte lo que pasó en esa cita: “Álvaro me comentó: ‘vea, yo quedé con el representante que le dábamos los 50 millones de la siguiente forma: 30 ahora, y los otros 20 cuando salieran los proyectos’". El testigo añadió que, como los proyectos no salieron, el contratista pidió la plata y "Henry se la devolvió".
Recibir el dinero y devolverlo no elimina el posible delito, pues acá se investiga si Correal aceptó la promesa e hizo las gestiones ante el DPS, aún cuando estas, al final, no fueron exitosas porque la adición presupuestal no fue aprobada. El testimonio del lobista Mena, hunde, en esta etapa, al representante, quien deberá dar sus explicaciones ante la Corte Suprema.
Mena, dijo: “Se estaba buscando que la señora directora firmara el contrato, perdón, el convenio del proyecto que ya estaba viabilizado. Y, por eso, le estaban preguntando a la persona de qué filiación política era, para así mismo firmarle. Porque si era uribista, firmaban, que era el gobierno de turno; o si no, si era liberal. Entonces, eso fue lo que pasó: preguntaron, en ese momento, la filiación política (…) El señor Henry estaba buscando que le firmaran el proyecto de 1.500, para que la señora se lo firmara de acuerdo a su filiación política, no es más, el proyecto que tenía un valor de 1.500, el proyecto que estaba radicado en el DPS”.
El informe de supervisión del convenio del 16 de junio de 2023 dice que la obra estuvo quieta desde el 20 de diciembre de 2018, cuando el DPS decidió no seguir por razones de vigencia fiscal, con una primera solicitud de adicionar 600 millones. El trámite se reactivó el 11 de junio de 2019 cuando Galeras pidió los 1.500. Luego, todo se fue el traste.
Las interceptaciones apuntan al desconcierto por no lograr la aprobación de los recursos. El 6 de septiembre de 2019, Mena le reclamó a Simón Mejía, asistente de la UTL de Correal: “Ese jefe suyo es muy chimbo. Me manda a llamar, a hablar para que pida una vaina y no ha podido hablar con esta señora. Qué maricada, entonces, ¿cómo hijueputas pido plata yo?”.
En septiembre, al parecer, Correal volvió a intentar ante el DPS. El 17 de ese mes una funcionaria de esa entidad habría enviado un correo interno proponiendo una justificación para el uso de vigencias futuras. El día 24, Mena le envío el teléfono de la funcionaria al alcalde Amell Hernández. El 26 de septiembre fue la reunión entre el contratista y Correal.
El condicionamiento
Especial atención merece una serie de interceptaciones del 19 de junio de 2019 porque la Corte Suprema enfatiza que allí se puede apreciar que el congresista condicionó seguir sus gestiones a que le entregaran una parte de la coima. La llamada fue así, según los documentos de la Corte Suprema:
—Salomón Mena Moya: ¡Hola, jefe! ¿Usted está dónde, jefe? ¿Cómo hago para hablar con usted, mi llave?
—Henry Correal: Usted no llega, huevón...
—Salomón Mena Moya: No, papá. Papá, es que yo estoy detrás de un bojeo y entonces he estado ahí. Yo quedo, ya quedo desocupado por ahí una media hora o una hora porque estoy haciendo las cosas.
—Henry Correal: Oiga, eso se da, pero si no hay cariñito antes, no hay nada. Para que le diga al señor.
—Salomón Mena Moya: Es que tenemos que hablar con él de una vez, que él se viene y no hay ningún problema.
—Henry Correal: O sea, la vuelta es que se tenga el cariñito y, en esa semana, los llaman para confirmarles que eso ya va y sale.
—Salomón Mena Moya: Bueno, ¡eh! Y es que, como... ¡perdóneme!, yo le dije, como usted me dijo, que eso ya estaba listo, que no había ningún problema y que eso ya estaba. Yo fui y le dije a él: "Eso ya se lo aprobaron, véngase y tal". ¿Y qué me dijo él? "Véngase usted pa' acá con la foto y yo de una vez me voy con los documentos".
—Henry Correal: No, es que vuelvo y le digo... que hasta que no haya el cariñito, no hay la primer foto, marica, no, ahí sí no...
(...)
—Salomón Mena Moya: ¡Ay, jueputa! ¡Es que yo estoy loco! ¡Sí! Mañana hay nuevo gobierno, mañana se monta su amigo Carlos ahí, entonces no, no, no, yo estoy loco. Sí, señor, sí, señor, usted tiene que estar por obligación instalando el nuevo Congreso. Déjeme entonces y yo le digo al señor que se venga, que tiene que estar aquí el martes.
—Henry Correal: Mejor dicho, yo quedé que llevaba por ahí seis manos pa' que esta semana ya me muestren la foto que usted dice, pa' que entregue, y llevamos el resto y sale.
La plata habría entrado a la campaña del concejal Josías Fiesco
Hay otro episodio que se deriva de esta investigación: el posible pago direccionado a la campaña electoral del entonces candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático Josías Fiesco. ¿De qué se trata? Los movimientos económicos apuntan a que el dinero que salió de las cuentas del contratista Álvaro Escobar fue abonado, al final, a la cuenta personal del gerente de la campaña, así:
Escobar pagó los 30 millones en dos cheques el 30 de julio de 2019. Uno del Banco de Bogotá por 10 millones y otro del BBVA por el restante. Ambos fueron girados a nombre de Enrique Carlos López, quien sería un hombre de confianza del acalde Amell Hernández. Ese mismo día, López depositó el dinero a una cuenta Bancolombia de Salomón Mena Acosta, hijo del lobista Salomón Mena Moya en Villavicencio.
Las pruebas apuntan a que el hijo de Mena, transfirió 29.874.000 pesos a una cuenta de ahorros Bancolombia en Bogotá de Iván Alfonso López Serpa, quien retiró 29.750.000 (por los descuentos de 4xmil y comisión de retiro). López era el gerente de campaña de Fiesco Agudelo.
López declaró a la Corte que el candidato le presentó a Salomón Mena y dijo que el dinero fue para una valla y admitió que ese dinero no ingresó oficialmente a las cuentas de campaña. López dijo: “Hubo dos vallas: una que fue una plata que, o sea, el pago como casi que directamente o le pagaron directamente y que fue algo que quedó por fuera de las cuentas, por lo que tuvimos que hacer como todo este tema de escritura… Recuerdo que esto era para una valla, no sé, creo que hubo una en Unicentro, ahí en la esquina del Four Seasons, del hotel que está diagonal al centro comercial Unicentro, que era la más cara. Y, había otra, en la 30. Entonces creo que era para esa valla”.
La Corte cuenta con datos de ingreso de Fiesco al Congreso, con autorización de Correal, el 3, 10, 16 y 22 de julio de 2019. También hay evidencias de 133 registros de llamadas entre ambos, todo en el periodo en que estas gestiones se estaban haciendo. El exrepresentante Correal deberá explicar todas estas evidencias ante la Corte Suprema de Justicia.
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