La ministra de Transporte le pidió a la Aerocivil hacer públicas sus licitaciones
Con nuevos señalamientos sobre renuncias, licitaciones difusas y una resolución para firmar contratos exprés, María Fernanda Rojas, la ministra de Transporte, pide claridad en los procesos de contratación y solicita acompañamiento de Contraloría.
María Fernanda Rojas, actual ministra de Transporte, le solicitó a la Contraloría General de la Nación hacer un acompañamiento a las contrataciones en las que avanza la Aeronáutica Civil. También le exigió a la entidad aeroportuaria que haga públicos todos los procesos de vigilancia, tecnología y contratación, al igual que “invite a todas las empresas, personas naturales y jurídicas a participar abiertamente en las licitaciones en condiciones abiertas”.
Los contratos hechos a la medida
El llamado la ministra Rojas responde a una acusación que la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad) realizó de un proceso en el que, presuntamente, se favorecería a un grupo específico de proponentes. El presunto direccionamiento de la Aeronáutica Civil es en un contrato para la prestación de servicios de vigilancia en aeropuertos del país, cuyo valor supera los 78.000 millones de pesos.
Raquel Garavito, la presidente de la federación, le afirmó a Caracol Radio que uno de los requisitos de la licitación era que se tuviera sede en Mitú. “Lo quitaron de la puntuación y lo volvieron un requisito habilitante. Entonces solo hay una empresa en el país que cumple las condiciones para poder prestar el servicio”, afirmó.
Los problemas que arrastra la Aerocivil
La unidad administrativa viene sorteando otros líos similares desde abril de 2026, cuando se presentaron incidentes operacionales en el aeropuerto El Dorado. En esa ocasión, el contralor delegado para el sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, le solicitó a la entidad la información de contratos adjudicados en 2025 y lo que iba de 2026, al igual que los procesos contractuales que se fueran a iniciar hasta el 31 de mayo.
Para julio, en pleno empalme de gobierno, Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General y de la Oficina Jurídica, dejó el cargo denunciando acoso laboral y presiones para firmar los estudios previos de un contrato que, como se conoció después, saltó de 400 millones de pesos a más de 12.000 millones. Horas después circuló un chat interno entre funcionarios que piden la salida del director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, y acusan a la dirección de convertir la entidad en un "botín". Nelson Alirio Muñoz, secretario general, también renunció, aunque, según dio a conocer la entidad, era porque había empezado a trabajar en otra entidad del Estado.
La Aerocivil, en un comunicado, no respondió a los casos puntuales, y se limitó a calificar las denuncias de "interpretaciones erróneas" y "narrativas desinformativas". También defendió su política de "democratización contractual" frente a dos décadas de contratos concentrados en el mismo grupo de contratistas.
El diario El Tiempo afirmó que el director encargado firmó una resolución que habilita sábados, domingos y festivos para tramitar y firmar contratos estatales. La resolución 02006 declaró hábiles el 27 de junio, el 4, 11, 18 y 25 de julio, y el 1 de agosto, nueve días antes de que un equipo especial de la Contraloría llegara a inspeccionar la entidad.
La Aerocivil respondió que la medida buscaba cumplir cronogramas y atender riesgos de seguridad aérea nacional, por requerimiento de la Procuraduría.
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