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Precandidato Iván Cepeda y Carolina Corcho
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“No es aceptable proponer un pacto de silencio”: el choque entre Carolina Corcho e Iván Cepeda por el caso Uribe

Crédito: Fotoilustración Yamith Mariño

Cinco congresistas petristas respaldaron una proposición para que el proceso contra el expresidente por las masacres de El Aro y La Granja pase de la Fiscalía a la Comisión de Acusación de la Cámara. La decisión provocó un cruce de cuestionamientos entre sectores del Pacto Histórico que terminó enfrentando al excandidato y a la exministra.

Por: Jonathan Beltrán

La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de solicitar el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunto vínculo con grupos paramilitares abrió una disputa en el Pacto Histórico. La votación, respaldada por cinco congresistas petristas, provocó diferencias públicas entre los senadores Iván Cepeda y Carolina Corcho.

El pasado 19 de agosto, la Comisión de Acusación tuvo una sesión clave para el proceso contra el expresidente por las masacres de El Aro y La Granja. El pulso parecía estar entre petristas y uribistas, pero, una vez más, ambos sectores terminaron votando juntos para dar luz verde a la proposición que buscaba que el caso pase de los despachos de la Fiscalía a esa célula legislativa.

El Pacto Histórico es la colectividad con más sillas en la comisión encargada de investigar y preparar acusaciones por delitos cometidos por altos funcionarios durante su gestión. Por lo que los votos de Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, David Alejandro Toro y Jorge Bastidas terminaron inclinando la balanza a favor de la proposición.

El abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas en el proceso contra el exmandatario, cuestionó la decisión y sostuvo que los representantes petristas “terminaron aliados con el Centro Democrático”. Además, advirtió que el traslado de la investigación podría frenar el proceso y restarle diligencia al esclarecimiento de los hechos ocurridos a finales del siglo pasado.

Más allá de la coincidencia entre bancadas que suelen estar en orillas opuestas, el debate de fondo está en la competencia de la Comisión de Acusación para investigar estos hechos. La investigación contra Uribe Vélez se concentra en hechos ocurridos entre 1996 y 1998, años antes de que asumiera la Presidencia de la República en 2002.

“No es aceptable proponer un pacto de silencio”: Carolina Corcho a Iván Cepeda

Las diferencias entre el excandidato y la exministra quedaron expuestas después de la votación en la Comisión de Acusación. Corcho cuestionó que congresistas del Pacto Histórico respaldaran la proposición para que el proceso contra Uribe pasara a esa célula del Congreso, en la que la mayor parte de los procesos contra altos funcionarios o exfuncionarios se hunden.

“No es aceptable proponer un pacto de silencio frente a un hecho de tanta gravedad: las masacres de las que hablamos costaron vidas, hubo torturas, desplazamiento, y sufrimiento de miles de personas. Hay líneas éticas que no pueden correrse, de lo contrario, este proyecto político dejará de tener sentido”, sostuvo la exministra , a través de su cuenta en X.

El senador respondió que las críticas estaban dirigidas hacia la persona equivocada. En rechazo a las declaraciones de su compañera de bancada, indicó que ha dedicado décadas a la defensa de las víctimas de crímenes de Estado y que fue uno de los fundadores del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. “No es a mí a quien hay que culpar, querida Carolina”, escribió.  

La exministra fue más allá y cuestionó que la Comisión de Acusación asumiera un papel que, según ella, no debería tener en este caso. “No tiene ningún asidero abrir un boquete para que la Corte Constitucional decida lo que es obvio”, advirtió Corcho, quien calificó a esa instancia como la “comisión de absoluciones”.

Cepeda, por su parte, reivindicó su papel en el proceso contra el expresidente y recordó que lleva 14 años impulsando la investigación. En ese sentido, aseguró que junto a su equipo jurídico han reiterado que la Fiscalía debe conservar la competencia sobre el caso”. No te sumes a los ataques que ya hacen desde la extrema derecha”, le pidió a la primera jefa de la cartera de Salud durante el Gobierno Petro.

La división en el petrismo por la actuación de sus congresistas en el caso Uribe

Congresistas del Pacto Histórico consultados por CAMBIO reconocen que sus compañeros no tenían las mayorías en la Comisión de Acusación para frenar la proposición que contaba con apoyos de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U. “Por coherencia y ética debían oponerse, pese a que hubiéramos perdido”, explica un senador petrista.

La senadora Isabel Zuleta también se sumó a los cuestionamientos y advirtió que la decisión de sus compañeros envía a las víctimas un mensaje de mayor demora en un caso que llevan décadas esperando que avance. “Hoy seguimos en reiterativos períodos de confinamiento, la muerte no ha cesado, la violación de derechos tampoco”, insistió.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez en una reunión reciente con la bancada del Centro Democrático. Foto: Colprensa – Catalina Olaya.
En el Centro Democrático insisten en que la Comisión de Acusaciones tendría competencia en el caso del expresidete | Crédito: Colprensa

Por su parte, los representantes de izquierda que integran la Comisión de Acusación rechazaron que exista un acuerdo político detrás de su decisión y aseguraron que esta no busca generar mayores dilaciones en el proceso ni favorecer la impunidad. Además, sostuvieron que su actuación responde a una discusión sobre la competencia para investigar el caso.

Los cinco congresistas que respaldaron la proposición reiteraron que apoyan la labor de la Fiscalía en el caso y señalaron que esperan que la Corte Constitucional dirima la discusión de fondo sobre cuál es la autoridad competente para adelantar la investigación. En esa revisión se evaluará la postura fijada en la proposición: que la conducta relacionada con el delito de concierto para delinquir agravado se habría registrado presuntamente en 2003.

“Resulta incomprensible la decisión que tomaron en esa discusión. Envía un muy mal mensaje, contrario a lo que buscamos representar desde el Congreso”, explicó a este medio un representante del Pacto Histórico, quien reconoció que existe un malestar de fondo en las filas por la postura de los cinco legisladores.

Las diferencias y roces marcan el inicio de la agenda del Pacto Histórico en la oposición

La disputa por el caso Uribe no es el único episodio que ha expuesto las diferencias dentro del Pacto Histórico. En la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la colectividad también tuvo dificultades para llegar con una posición unificada, pese a que había planteado esa votación como una prueba de fuego de cara a las elecciones regionales de 2027.

Las diferencias se hicieron visibles desde la definición de los candidatos. Mientras Gustavo Petro impulsó los nombres de Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, sectores de la bancada del Congreso respaldaban a Alirio Uribe o a Gabriel Bustamante. La discusión se prolongó durante horas y terminó dejando por fuera a varios de los nombres que tenían respaldo de sectores distintos del petrismo.

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El excandidato presidencial bajó el tono a los reclamos al interior de su partido e inistió en que respalda la competencia de la Fiscalía en el proceso contra Uribe | Crédito: Colprensa

Ahora, el choque entre Corcho y Cepeda podría profundizar las diferencias entre los sectores que representan dentro del Pacto Histórico. Por ahora, la bancada ha mantenido disciplina partidista en el Congreso y desde las filas petristas reconocen que este tipo de debates se repetirá en la definición de su agenda como partido de oposición al Gobierno de De la Espriella.

El partido tendrá ahora el reto de retomar la discusión sobre los nueve artículos de la reforma pensional que la Corte Constitucional devolvió al Congreso y definir su estrategia ante las contrarreformas impulsadas por la administración de De la Espriella. No obstante, las disputas internas podrían marcar el rumbo de la colectividad en la definición de candidatos propios para las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2027.

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