El choque por el oro del Estado: Edwin Palma responde a la denuncia del Gobierno

El exministro de Minas, Edwin Palma, se pronunció sobre el expediente del negocio estatal del oro que el Gobierno de Abelardo de la Espriella llevó a la Fiscalía. En una respuesta enviada a CAMBIO, el exfuncionario rechazó las conclusiones de la auditoría forense que sirvió de base para la denuncia y sostuvo que las irregularidades allí documentadas no ocurrieron durante su administración, sino que fueron heredadas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administró Meprecol durante ocho años. Su principal argumento es que, una vez el Ministerio recibió la empresa, ordenó una auditoría externa precisamente para identificar esas inconsistencias y comenzar a corregirlas.

“Las irregularidades e investigaciones en curso corresponden a hechos acaecidos antes de que el Ministerio recibiera la titularidad de Meprecol”, dijo Palma en la respuesta a CAMBIO.
 

El pronunciamiento del exministro se relaciona con la auditoría forense, la denuncia presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía y decenas de documentos oficiales –publicados por CAMBIO– que concluyeron que el Estado perdió la trazabilidad del oro que compraba y exportaba a través de Meprecol, mantuvo operaciones con una cooperativa posteriormente intervenida por presunto lavado de activos y entregó la empresa al Ministerio de Minas con una contingencia tributaria superior a 155.000 millones de pesos sin registrar en sus estados financieros. Frente a esos hallazgos, Palma plantea una tesis distinta: asegura que el Ministerio recibió una empresa con graves problemas financieros, tributarios y de cumplimiento y que la mayoría de las inconsistencias que hoy investiga la justicia corresponden a decisiones adoptadas antes de que el Ministerio asumiera el control de la compañía. 
 

“Las debilidades correspondían a deficiencias del sistema heredado de la administración anterior”: Edwin Palma

Consultado por CAMBIO, el exministro de Minas Edwin Palma rechazó los señalamientos y comenzó cuestionando el documento que dio origen a la denuncia. Según dijo, se trata de un supuesto informe "evidentemente pagado por terceros con un interés particular" y "elaborado sin visitas de campo, sin acceso a la información oficial de la empresa y sin garantizar el derecho a la contradicción". Más allá de esa crítica, su defensa se sostiene sobre una tesis central: el Ministerio de Minas no creó las irregularidades del negocio estatal del oro, sino que recibió una empresa con problemas acumulados durante ocho años de administración de la SAE.

Para demostrarlo, Palma reconstruye la cronología del traspaso de Meprecol. Explica que el Ministerio solo recibió la titularidad de la empresa a finales de noviembre de 2025, tras un proceso de empalme que incluyó mesas de trabajo con la SAE y la DIAN, la habilitación de un cuarto de datos para revisar la información jurídica, financiera y tributaria y, posteriormente, el cambio del representante legal. Según su versión, fue precisamente esa nueva administración la que contrató la auditoría externa que hoy sirve de base para la denuncia penal del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
 

"Las debilidades advertidas correspondían a deficiencias del sistema heredado de la administración anterior. Frente a este panorama, la actuación de la nueva gestión se orientó a su identificación, reconocimiento institucional y corrección oportuna durante los primeros meses de ejercicio", afirmó el exministro.

 

Palma reivindica, de hecho, que fue su administración la que destapó las inconsistencias. Asegura que la SAE nunca realizó una auditoría integral sobre Meprecol y que, por esa razón, una de las primeras instrucciones que impartió fue contratar una firma independiente para diagnosticar el estado real de la compañía. También sostiene que impulsó mesas de trabajo con la DIAN para buscar una salida a la millonaria deuda tributaria de la empresa e, incluso, que gestionó ante el Ministerio de Hacienda una eventual capitalización que finalmente no prosperó por las restricciones fiscales del Gobierno.

Sin embargo, varios de los principales hallazgos de la auditoría forense permanecen sin una respuesta de fondo. Uno de ellos es la decisión de no registrar en los estados financieros una contingencia tributaria por 155.181 millones de pesos derivada de un proceso con la DIAN. Sobre ese punto, Palma no discute la existencia de la deuda. Su argumento es distinto: sostiene que el Ministerio, en su condición de accionista, "no coadministra ni interviene en los registros contables" de la empresa y que la responsabilidad sobre los estados financieros recaía en la gerencia y en la revisoría fiscal, que emitió un dictamen sin salvedades. En otras palabras, no controvierte el hallazgo de la auditoría; sostiene que esa decisión contable no dependía del Ministerio.

Ese punto es uno de los ejes de la denuncia presentada ante la Fiscalía. La auditoría forense concluyó que, pese a conocer la magnitud del litigio con la DIAN, la administración decidió omitir deliberadamente esa obligación dentro de los pasivos del balance de 2025. Los propios administradores, según el peritaje, dejaron consignado en las notas explicativas que registrar esa contingencia "causaría de forma automática e inmediata la causal de liquidación obligatoria de la sociedad". Traducido a un lenguaje menos técnico: si la deuda aparecía en los balances, la empresa quedaba legalmente en causal de liquidación. La auditoría sostiene que esa decisión permitió presentar una compañía financieramente sana cuando, en realidad, ya enfrentaba una quiebra técnica al momento del empalme con el Ministerio de Minas.

La denuncia retoma esa conclusión y le da un alcance mayor. Según el abogado Germán Calderón España, ocultar esa obligación tributaria habría impedido que el nuevo accionista estatal conociera la verdadera situación patrimonial de Meprecol, lo que, de confirmarse, podría constituir una manipulación deliberada de la información financiera para ocultar la insolvencia de la empresa durante el proceso de transferencia.
Otro de los puntos de choque entre ambas versiones es el sistema de prevención de lavado de activos, conocido como SAGRILAFT. Palma reconoce que, cuando el Ministerio recibió la empresa, ese mecanismo llevaba varios años sin actualizarse y presentaba "falencias sustanciales" en los controles de riesgo. Sin embargo, insiste en que se trataba de una situación heredada y asegura que su administración respondió contratando una firma especializada para rediseñar los controles, actualizar los manuales y fortalecer la identificación de proveedores, compradores y beneficiarios finales del negocio del oro.

La auditoría forense llega a una conclusión distinta. Aunque reconoce que el Ministerio impulsó ajustes posteriores, sostiene que las deficiencias del sistema permitieron que durante años el Estado perdiera la trazabilidad del oro que compraba y exportaba. Es decir, que no existían controles suficientes para demostrar plenamente de dónde provenía el metal ni quiénes eran los destinatarios finales de parte de los recursos públicos utilizados para adquirirlo.

Sobre el hallazgo central de la auditoría —la trazabilidad perdida—, Palma sostiene que su administración cerró precisamente ese hueco. Asegura que los nuevos controles ya no se limitan a la cooperativa que factura, sino que llegan "hasta la identificación directa del minero de origen, su registro, declaración de producción, municipio de procedencia y volumen comercializado", y que se aplica además una "trazabilidad en sentido inverso" para auditar el recorrido de los recursos financieros que llegan del exterior. En su versión, el circuito del oro quedó rastreado de punta a punta —del minero a la refinería de destino— tras la llegada del Ministerio.

Palma cerró su respuesta con un dardo al gobierno que hoy lo señala. Afirmó que todas las actuaciones de su gestión quedaron documentadas y a disposición de la administración entrante, "la cual —precisó— no adelantó proceso de empalme sobre este ni ningún otro asunto". Con esa frase, el exministro le devolvió el golpe al Gobierno de Abelardo de la Espriella: mientras la denuncia lo ubica entre los responsables de haber recibido una empresa con las cuentas maquilladas, él responde que quienes hoy llevan el caso a la Fiscalía ni siquiera se sentaron a recibir la información que él dejó.

Para Edwin Palma, el Ministerio de Minas recibió una empresa con problemas financieros, tributarios y de cumplimiento acumulados durante ocho años de administración de la SAE y su principal mérito fue documentarlos mediante una auditoría externa. Para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en cambio, ese mismo peritaje demuestra que varias de las decisiones más sensibles —como la aprobación de estados financieros que omitieron una millonaria contingencia tributaria o las fallas que permitieron perder la trazabilidad del oro— siguieron presentes durante el proceso de empalme y cuando la empresa ya estaba bajo la órbita del Ministerio. La diferencia entre ambas tesis no es menor: de ella depende establecer si el Ministerio fue simplemente el receptor de un problema heredado o si tuvo la obligación jurídica de corregirlo y no lo hizo.

Será la Fiscalía la que deberá establecer cuándo ocurrieron exactamente las operaciones hoy cuestionadas, quién tenía la competencia para tomar las decisiones más sensibles y si existió alguna conducta con relevancia penal. El expediente apenas comienza, pero una cosa parece clara: el negocio estatal del oro dejó de ser una discusión sobre política minera para convertirse en una investigación sobre la forma en que el propio Estado administró una empresa que, paradójicamente, había sido incautada al crimen organizado para impedir que ese tipo de prácticas se repitieran.