El millonario contrato de energía que la Procuraduría pidió frenar un día antes de firmarse por presuntos sobrecostos e irregularidades

Un contrato de energía por miles de millones de pesos estaba listo para firmarse este miércoles 26 de agosto. Tenía una sola empresa interesada, no aparecía publicado donde debía y, según quienes lo denunciaron, habría tenido un sobrecosto de hasta dos billones de pesos. A pocas horas de que se cerrara, la Procuraduría metió freno de mano.

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El negocio está en manos de la UPME, la Unidad de Planeación Minero Energética, una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que se encarga de planear y sacar a concurso las grandes obras del sector eléctrico.

El contrato UPME STR 01-2026 busca escoger a la empresa que va a diseñar, construir, operar y mantener la Subestación Nueva Lorica 110 kV, una instalación pensada para mejorar el servicio de energía en la zona de Lorica y sus alrededores.

Un contrato que, dicen, casi nadie podía mirar

La Procuraduría revisó el caso y encontró que el proceso no aparece en el SECOP II, la página web donde el Estado tiene la obligación de publicar sus contratos para que cualquier ciudadano, veedor u órgano de control pueda revisarlos. Según el organismo, en todo 2026 la UPME solo había subido a esa plataforma contratos de servicios profesionales: 622 en total, pero ni rastro de este billonario negocio.

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Por eso la Procuraduría pidió publicarlo, devolver el proceso a su punto de partida y darle tiempo a la ciudadanía y a las veedurías para opinar antes de que se firme.

La cuenta que llama la atención: un solo oferente que "pegó" el número

Quien destapó el caso fue el veedor Pablo Bustos, de la Red de Veedurías de Colombia, que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía y pidió control urgente a la Procuraduría y a la Contraloría. Según dijo, en la licitación quedó habilitado un solo participante, el Consorcio Sigma Energía.

Sigma ofertó 622.963 millones de pesos, mientras que el presupuesto oficial de la entidad era de 654.000 millones. Es decir, la oferta quedó apenas un 4,25 por ciento por debajo del tope, cuando, según los denunciantes, lo normal en estos procesos es que las ofertas esten debajo alrededor de un 25 por ciento.

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Para Bustos, ese proponente habría sabido de antemano el número máximo que la entidad estaba dispuesta a pagar, un dato que se supone reservado. "Extrañamente conocía los términos máximos del valor (…) habría tenido acceso a información privilegiada como ninguno otro en la historia contractual de esta institución", afirmó Bustos.

Los señalados son dos exfuncionarios del gobierno Petro

La denuncia penal señala a Edwin Palma, exministro de Minas y Energía, e Indira Cristina Portocarrero Ospina, exdirectora general de la UPME. Según los denunciantes, ellos habrían dejado el proceso armado a la medida para que se lo ganara ese único proponente. Portocarrero, agregan, arrancó el proceso en enero, apenas llegó al cargo, y lo dejó casi listo para adjudicar.

Por ello, los denunciantes piden investigarlos por los delitos como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y falsedad en documento público, entre otros. Por ahora son señalamientos. Ni Palma, ni Portocarrero, ni el Consorcio Sigma han sido condenados, y a todos les cobija la presunción de inocencia.

Contraloría y Procuraduría toman decisiones sobre el caso

La Contraloría ya venía auditando a la UPME por las vigencias 2024-2025, y el 24 de agosto envió su tercera solicitud de información sobre esta misma convocatoria, firmada por la Contraloría Delegada de Minas y Energía.

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Además, le dio a la entidad tres días hábiles para entregar todo el expediente, con la advertencia de que no responder puede acarrear sanciones.

Dos días después, este 26 de agosto, la Procuraduría pidió evaluar la suspensión del proceso, con un plazo de un día hábil para entregar los documentos antes de firmar cualquier cosa.

Bustos celebró la decisión y prometió seguir encima del caso. "La Procuraduría acaba de adoptar una decisión histórica: suspender este proceso hasta tanto se respeten las garantías, inclusive de mínima publicidad", dijo el veedor.

Para Bustos, la UPME funcionó como una entidad que "tenía escondido ese proceso al escrutinio de los órganos de control".

Por ahora, el contrato quedó en veremos. Lo que viene, según la veeduría, son las eventuales investigaciones disciplinarias, fiscales y penales que puedan salir de aquí.