Los riesgos y las implicaciones de que el Gobierno derogara la norma que frenaba la fumigación aérea con glifosato
El Consejo Nacional de Estupefacientes eliminó la resolución que desde 2015 mantenía congelada la fumigación aérea con glifosato. Aunque no cambia las cosas de la noche a la mañana, la decisión abre una puerta que estuvo cerrada más de una década. ¿Qué está en juego con la decisión del Gobierno?
Por: Juan David Cano
El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la resolución que desde 2015 mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de coca en Colombia. La medida quedó consignada en la Resolución 0006 de 2026, fechada el 18 de agosto, y elimina el acto administrativo que durante más de una década funcionó como freno a la fumigación desde avionetas.
El glifosato es un herbicida que se rociaba desde el aire sobre las plantaciones ilícitas. Esa modalidad quedó congelada hace once años y, desde entonces, la coca se erradicó sobre todo de forma manual o con sustitución voluntaria. Aun así, levantar la suspensión no significa que las avionetas vuelvan a volar, ya que el mismo texto que quitó el veto dejó escritas condiciones que todavía no se cumplen.
La norma del gobierno De la Espriella sobre la aspersión aérea
Por ahora, la derogatoria no reactiva por sí sola la aspersión. "(La derogatoria) no implica la reanudación automática del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, ni autoriza la ejecución de actividad alguna de aspersión desde aeronave tripulada", dice el artículo segundo.
Para que la aspersión regrese, la norma exige cumplir varios requisitos: que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que otorga los permisos ambientales, expida un plan de manejo vigente; que el Instituto Nacional de Salud dé concepto favorable; y que se agote la consulta previa con las comunidades étnicas, es decir, el derecho de las poblaciones a ser consultadas antes de decisiones que las afecten.
Un atajo para algunas zonas
Sin embargo, la resolución también abre una vía más rápida en ciertos territorios y faculta a la Policía Nacional para que se certifique, polígono por polígono, cuáles no afectarían a comunidades étnicas. En esos casos, los permisos podrían tramitarse sin agotar la consulta previa para ese terreno, aunque el requisito siga vigente para el resto.
Además, ordena actualizar la revisión científica del herbicida y pide sumar la evaluación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que no lo considera probablemente cancerígeno, frente a la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que en 2015 sirvió para suspenderlo por ser considerado probablemente cancerígeno. Aun así, aclara que esos insumos no reemplazan el concepto del Instituto Nacional de Salud.
Desde antes de llegar a la presidencia, Abelardo de la Espriella prometió mano dura en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Retomar la fumigación aérea es precisamente una de las medidas que el ejecutivo espera tomar para lograr sus objetivos.
Según el informe de monitoreo más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia cerró 2024 con una cifra récord de 261.000 hectáreas de coca. Es el cuarto año consecutivo en el que se registró un aumento.
Las advertencias sobre las fumigaciones aéreas
Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos para los campesinos. Para dimensionarlos, CAMBIO consultó a Paula Aguirre Ospina, directora de la organización de derechos humanos Elementa en Colombia. Su primer reparo apunta a la efectividad.
"Contrario a lo que se afirma y se considera desde los sectores que apoyan la fumigación aérea, la evidencia respalda lo contrario. La evidencia confirma que la efectividad no es ni real ni sostenible en el tiempo, pues no reduce el área sembrada a nivel nacional de forma sostenida", afirma.
El fenómeno mejor documentado, dice, es el efecto globo, en el que se dice que la coca no desaparece, se traslada: "Los cultivos se desplazan a otras zonas o se resiembran meses después. Estudios de Naciones Unidas (UNODC) y del propio Ministerio de Justicia en años de aspersión intensiva mostraron que Colombia llegó a tener récords de área sembrada de coca precisamente en los años de mayor fumigación".
Es decir, la aspersión aérea no logró solucionar el problema y, aunque ahora se hable de una consulta previa para evitar afectar a las comunidades, Aguirre asegura que el cumplimiento de este mecanismo ha sido históricamente débil y que en el pasado se hizo de forma casi simbólica.
"La sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional fue explícita al exigir consulta previa con comunidades étnicas y participación efectiva de comunidades campesinas antes de cualquier reanudación, precisamente porque en el pasado esos procesos se hicieron de forma casi que simbólica o incluso simulada (reuniones informativas tratadas como si fueran consulta)", resume.
Su preocupación también se extiende al atajo que busca establecer el nuevo gobierno para fumigar las zonas sin presencia étnica certificada y advierte que los registros oficiales no siempre están actualizados y que los campesinos pueden quedar con menos garantías.
"La población campesina queda con menos garantías, esto abre la puerta a que la ausencia de consulta étnica se use como atajo para avanzar más rápido, sin las mismas garantías de participación para todos los afectados", dijo.
Y añade a su explicación los riesgos generales de la fumigación con glifosato: "Desde Elementa, consideramos que los riesgos se concentran en que la consulta se reduzca a informar en vez de negociar salvaguardas reales, afectación a la seguridad alimentaria y economías lícitas colindantes con los cultivos de coca (la avioneta no distingue cultivos). También impactos en fuentes de agua y salud, documentados en estudios epidemiológicos, erosión de confianza y aumento de conflictividad social en territorios donde el Estado ya tiene legitimidad frágil".
Un terreno todavía por definir
Consultada sobre qué exigiría antes de volver a asperjar, Aguirre enumera monitoreo epidemiológico independiente antes y después de cada operación, un mecanismo de quejas con plazos reales, veeduría de la Procuraduría y la Defensoría, criterios de exclusión cerca de fuentes de agua y alimentos, y reparación ágil, con la carga de la prueba a favor de las comunidades.
"Como mínimo, y siguiendo los lineamientos que la propia Corte ha fijado (...) un mecanismo de evaluación de daños posterior a la aspersión y de reparación ágil ante afectaciones a cultivos lícitos o daños en la salud, con la carga de la prueba invertida a favor de las comunidades debido al historial de fumigaciones anteriores; y un reporte público periódico sobre las zonas asperjadas, sus resultados y las quejas recibidas, que vaya más allá de informar únicamente el número de hectáreas erradicadas", afirma.
Por ahora, hechos y diagnósticos corren por carriles distintos. La resolución fija un procedimiento y sostiene que la derogatoria no reactiva nada de forma automática. Pero aún hay riesgos latentes y cuestionamientos por el futuro de la salud y el sustento de los campesinos que resulten impactados; un problema que el nuevo gobierno tendrá que sortear.
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