Así se lavaron los dineros del exsenador Mario Castaño

La esposa y los dos hijos de Mario Castaño incrementaron su patrimonio durante el mismo periodo en que el excongresista –fallecido recientemente de un infarto mientras pagaba condena en la cárcel de La Picota– recibía coimas por los contratos que gestionó entre 2018 y 2022. Al menos así lo cree la Fiscalía, que ahora anda tras la búsqueda de esos bienes –más de 30, cuyo valor supera los 13.000 millones de pesos– obtenidos de manera ilícita.

De acuerdo con los investigadores, la organización de Castaño se lucró, valiéndose de la venta de la contratación pública, en por lo menos 21.889 millones de pesos. No obstante, quien obtenía el mayor beneficio, según la Fiscalía, era Castaño, pues su objetivo final siempre fue incrementar su patrimonio familiar. 

La investigación apunta a que los principales testaferros de Castaño son su esposa, Gloria Lucía Betancur, y los hijos de ellos, Manuel Felipe y Juan David Castaño; y a que, incluso, estos eran conocedores del lavado de activos.

La demanda de extinción de dominio –conocida por CAMBIO– describe que el lavado fue un negocio familiar mediante el cual sus miembros se enriquecieron a costa del dinero de la contratación del Estado. La prueba más evidente es que los bienes fueron adquiridos, en su mayoría, entre 2018 y 2022, época en la que Castaño –se supone– recibió las coimas millonarias y cuando su esposa y sus dos hijos dependían de él económicamente.

Los activos, ubicados en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia), según la Fiscalía, fueron avaluados inicialmente en más de 5.000 millones de pesos, pero al finalizar las investigaciones, ese valor subió a 13.717 millones de pesos.

La fábrica de plata de Castaño

El modo de operar del excongresista era asignando contratos –sobre los cuales recibía una comisión– en entidades territoriales. En algunas ocasiones, el pago de la coima era deducido del desembolso del anticipo de la obra. En otros, la cobraban antes de la adjudicación del contrato.

Los dineros recaudados ilícitamente eran utilizadas por Castaño, según la Fiscalía, para comprar propiedades y para sus propios proyectos de construcción. Por ahora la Fiscalía sabe de dos viviendas en Manizales (denominadas Bengala e Inurbe); un edificio para uso residencial y comercial, en Puerto Asís, Putumayo, aún sin identificar; un hotel en Orito, Putumayo, aún sin identificar, y unas cimentaciones viales. 

En la demanda de extinción de dominio fueron incluidos bienes inmuebles, carros y tres sociedades del núcleo familiar que, supuestamente, sirvieron para suscribir contratos ficticios o para lavar dinero.

El patrimonio sin justificar de la familia de Mario Castaño

Sobre Gloria Lucía Betancur, la Fiscalía habla de que tiene la titularidad sobre 21 inmuebles, diez de ellos adquiridos entre 2018 y 2022. Durante ese lapso, Betancur también adquirió dos vehículos: una camioneta Renault Duster, avaluada en 97 millones de pesos; y un Audi A3 Sport Back, de 98 millones de pesos. La Fiscalía está convencida de que ella sabía que prestaba su nombre para lavar los dineros de su esposo.

De acuerdo con la demanda de extinción del dominio, Betancur compró los bienes en efectivo y de contado, es decir, sin apalancamientos financieros, cuando dependía económicamente de Castaño. “Esta mujer no figura como empleada en los sistemas de información públicos y figura como beneficiaria en el sistema de salud”.

Para los investigadores, eso confirma la hipótesis de que la esposa de Castaño no contaba con la capacidad económica para adquirir ningún bien, y que simplemente se limitó a prestar su nombre para recibir los bienes e incrementar su capital. 

El documento aclara que, aun en el caso de que, por ser esposos, Betancur argumentara que recibía dineros de integrantes de la organización criminal por orden de su esposo, y que pensaba que eran lícitos por la actividad que tenía como congresista, la causal de extinción de dominio sería legal, pues la Fiscalía no podría saber en qué se invirtió exactamente el dinero ilícito y en qué se invirtió el dinero lícito. 

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Una de las pruebas de la Fiscalía son las declaraciones de Santiago Castaño, familiar del senador Castaño y representante legal de una de las empresas de la familia, Top Ingeniera. Santiago decidió colaborar con la justicia y, en consecuencia, entregó uno de los contratos que había firmado con In Group, otra empresa familiar representada legalmente por Manuel Felipe Castaño, hijo del exsenador. Ese contrato se celebró, según Santiago Castaño, solo para lavar dineros e invertirlos en obras de mejora de bienes de la familia. Los dineros provenían de recursos públicos que se entregaron como una coima a Top Ingeniería. 

Ese contrato, por ejemplo, se destinó para el desarrollo de las obras en Manizales, bajo la coordinación de Manuel Felipe, hijo mayor del senador. 

“Con las cuentas bancarias de esta empresa (Top) se pagaron toda clase de coimas a particulares, empresas, mandatarios locales, núcleos familiares de los integrantes de la organización criminal y hasta por interpuestas personas al congresista Mario Castaño”, dice el documento.

Justamente, en la demanda de extinción de dominio entran esas dos sociedades y otros bienes que aparecen a nombre del Manuel Felipe Castaño. 

Manuel Felipe aparece como propietario del 20 por ciento de un bien que está a nombre de su hermano Juan David, y tiene un vehículo Mercedes Benz que vale unos 245 millones de pesos, sin pignoración. Las dos sociedades, el bien y el vehículo entraron en la demanda.
 
Sobre Juan David, el hijo menor, la Fiscalía dice que, en el momento de la radicación de la demanda de extinción de dominio (noviembre de 2022), tenía a su nombre –a sus 24 años y cuando no tenía registrada historia laboral– dos inmuebles, adquiridos en los años 2020 y 2021; un establecimiento de comercio denominado La Tirana y una camioneta Nissan Kicks modelo 2022 avaluada en 105 millones de pesos. Todos estos bienes también entraron en la demanda de extinción.  

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Otra de las sociedades que fue objeto de solicitud de extinción de dominio es Transportes Cava S.A.S., que, al parecer, es propiedad de los Castaño y que ha sido manejada por personas de su total confianza, como Claudia María Castañeda, su contadora durante las campañas políticas. Posteriormente, Castañeda le entregó el manejo de la empresa a la señora Alba Lucia Ruiz, quien fungió como representante de campaña del exsenador. Esa empresa tiene la titularidad sobre varios bienes.

“El señor Mario Alberto Castaño Pérez utilizó la empresa Transportes Cava S.A.S. para ocultar dineros y bienes adquiridos en titularidad de la misma, para que estos no fueran evidentes ante las autoridades, pues, aunque en la constitución de la empresa y los cargos de representación no figuran ni él ni su núcleo familiar, ya se especificó que sus personas de confianza sí”, explicó el ente acusador.

Iván Lombana, abogado de Castaño en el proceso de extinción de dominio, le dijo a CAMBIO que lo que va a intentar demostrar es que la Fiscalía ha incautado en exceso. “Es como si él nunca hubiera recibido dinero de manera lícita y lo hubiera invertido”. Lombana añade que, incluso, a Castaño le incautaron bienes adquiridos en 2011, es decir, mucho  antes de la línea de tiempo en la que, según la Fiscalía, empezó a delinquir.

Lo cierto es que ha pasado más de un año desde que fue puesta la demanda y los jueces ni siquiera la han admitido. El texto sigue durmiendo en las gavetas judiciales.